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La construcción de las líneas 3 y 4 del Metrobús, a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios del DF, presentó diversas anomalías administrativas, según arrojaron los resultados de la auditoría de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (CMHALDF) a la Cuenta Pública del 2011.

En el caso de la línea que atraviesa el Centro Histórico, de Buenavista a San Lázaro, y conecta con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el órgano auditor determinó que las autoridades no tuvieron una adecuada planeación y programación de la obra pública.

Muestra de ello fue la oposición vecinal y de empresarios en las calles Belisario Domínguez-Venezuela-Miguel Alemán, lo cual obligó a la hoy extinta Dirección General del Proyecto Metrobús (DGPM) —adscrita a la Secretaría de Obras— a suspender de forma parcial y temporal las obras del 14 de octubre de 2011 al 9 e enero de 2012, en un tramo de 1.7 kilómetros, lo que, según la auditoría, significó un subejercicio de 78 millones 024 mil pesos en 2011.

Lo anterior porque el artículo 16 de la Ley de Obras Públicas obliga a la secretaría del ramo a escuchar y analizar la opinión ciudadana sobre los proyectos a implementar;además, el artículo 9 del mismo ordenamiento la faculta a elaborar estudios de impacto social.

Además, el órgano auditor determinó que la Dirección de Obras no presentó documentación para comprobar la adecuada planeación de los trabajos.

La auditoría de la CMHALDF revisó 86.7% de los 322 millones 848 mil pesos que costó la obra y supervisión de la Línea 4.

En el caso de la Línea 3 del Metrobús, que va de Tenayuca a Etiopía, la CMHALDF determinó que la Secretaría de Obras incumplió el artículo 134 de la Constitución mexicana porque el contrato de largo plazo por 10 años —el primer año fue la construcción y repavimentación de Calzada Vallejo y los otros nueve son de mantenimiento— no se suscribió en las mejores condiciones para el gobierno.

Tras un cálculo hecho por la CMHALDF, el valor presente es de mil 289 millones de pesos, cifra menor a la establecida en el contrato, cuyo valor presente calculado fue de mil 712 millones de pesos.

Por ello, una de las recomendaciones de la CMHALDF es que se dé vista al Órgano de Control Interno para que se evalúe la conveniencia de continuar con este contrato, el cual implicará un pago —a lo largo de 10 años— por 2 mil 890 millones 040 pesos a la empresa Cementos Mexicanos (Cemex).

Otra de las recomendaciones emitidas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a la Secretaría de Obras capitalina es revisar los análisis técnico-financieros en los contratos a largo plazo, conocidos como Pago por Prestación de Servicios (PPS).

Este tipo de contratos obliga al gobierno a entregar anualmente pagos fijos a la empresa a la que se le asigna dicho contrato (en este caso, Cemex), durante un tiempo determinado (que es de 10 años para esta obra).

También recomienda que que se garanticen los mecanismos de participación ciudadana y que se revisen los proyectos ejecutivos.

A partir de la notificación de las observaciones, la Secretaría de Obras dispone de un plazo de 75 días hábiles para solventarlas.