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La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) realizará un diagnóstico para determinar la viabilidad de legislar en materia de marchas y movilizaciones en la Ciudad de México.

“Estamos comparando lo que se ha hecho en otros países en materia de movilidad, para que se pueda armonizar y no se entorpezca el derecho de alguien de llegar a su destino de forma total. Necesitamos la tolerancia, para decir ‘cedo una parte para conservar este derecho y ambos pueden coexistir’”, aseguró Perla Gómez Gallardo, nueva titular del organismo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, un día después de tomar protesta en la ALDF, afirmó que su gestión apostará por la mediación antes que por la recomendación.

Se pronunció a favor de realizar tareas de prevención y capacitación en aras de evitar que las autoridades lesiones derechos.

También consideró que la legislación en torno a la mariguana que apruebe la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) debe realizarse con perspectiva de derechos humanos.

Agregó que comenzarán análisis para determinar si la normatividad de la CDHDF debe ser modificada, con la intención de mejorar la forma en que opera.

Adelantó que el sello distintivo de su gestión (de cuatro años) será el acercamiento con la sociedad civil y el impulso a la visibilidad de derechos de personas marginadas como los indigentes y migrantes.

Perla Gómez Gallardo fue electa por unanimidad de la Asamblea, el pasado 5 de noviembre.

Su llegada al cargo se da luego de que el anterior ómbudsman, Luis González Placencia, optara por no reelegirse, luego de que los diputados locales no lograran el consenso necesario para ello.

Opinión sobre movilizaciones

Perla Gómez explicó que ya se realiza el análisis y mapeo para lograr un diagnóstico con el mayor número de información y experiencia internacional en el tema de movilizaciones.

El verdadero reto, dijo, “es analizar lo que ha funcionado en otros países; estamos haciendo un mapeo y una reflexión de si se debe regular (la realización de movilizaciones) y tener claridad, incluso en los términos que se vayan a utilizar y los alcances que tendrán”, explicó.

A su vez, aseguró que hay protocolos y mecanismos que deben ser revisados, a fin de que todos los que participan en una manifestación tengan claridad en torno a sus derechos y obligaciones.

“Hay que conservar a salvo el derecho a la manifestación (...) pero acompañarlo de mecanismos y medidas preventivas para evitar que se dé la violación de los derechos”, indicó.

Aclaró que el contenido de una manifestación “no está sujeto a una valoración previa, porque sería censura”.

Gómez Gallardo se pronunció a favor de capacitar a las autoridades para evitar violaciones a los derechos humanos.

La intención, dijo, es que con su trabajo no genere víctimas.

“(Es necesario) capacitar en todo momento a la autoridad para que no se cometan las violaciones y propiciar que, ante una situación donde puede haber violencia, la autoridad actúe como debe hacerlo, es decir, presentar (al presunto culpable) y garantizar que haya una defensa adecuada. No se trata de violentar, porque si bien, el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado, ésta debe ejercerse de manera responsable”, explicó.

Mediar, antes que recomendar

Perla Gómez aseguró que su intención es evitar, en la medida de lo posible, la emisión de recomendaciones, por ello privilegiará el papel de la CDHDF como mediadora.

“La recomendación que necesite existir se va a hacer, pero lo importante es que la persona no tenga una violación de derechos o que si se hizo, no se repita”, enfatizó.

Para reforzar las recomendaciones que emita la CDHDF, garantizó “mayor rigor técnico y jurídico”, ya que esto evitará ambigüedades en lo emitido y, por ende, reforzará la posibilidad de que sean atendidas.

Perla Gómez también confirmó que se realizará una evaluación para definir si son necesarias reformas a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos: “Hay que revisarla y eso permitirá generar los dictámenes y las propuestas”.

Rigor y puntualidad

Entre los pendientes inmediatos que deberán ser atendidos por la CDHDF, están el seguimiento a la recomendación emitida por la desaparición de 19 personas (12 de ellas del bar Heaven de la Zona Rosa) y la respuesta a diversas quejas por posibles violaciones a los derechos humanos durante la marcha del 2 de octubre, en la que fueron lesionados civiles, policías y representantes de medios de comunicación, entre otros.

Gómez Gallardo reiteró que en todas las recomendaciones habrá seguimiento puntual.

“Lo importante es que si se cometieron violaciones no se repitan, hay que identificar qué pasó para que no vuelvan a ocurrir en un contexto similar”, consideró.

Aseguró que la Comisión asumirá una política de actuación sistemática y se generarán estrategias para dotar a la gente de información para evitar radicalismo o descalificaciones.

Mariguana y derechos humanos

Entre los temas más controvertidos a discutirse en la capital de país, se encuentra la posibilidad que se ha planteado desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) de regular el consumo de la mariguana.

Gómez Gallardo expuso que la visión de derechos humanos debe considerarse para legislar. Se pronunció a favor de una discusión “plural, abierta y sin descalificación de escenarios”.

Sobre si la decisión de González Placencia (su antecesor) de no reelegirse obedeció a una guerra sucia, como él lo denunció, dijo: “Soy respetuosa de cada estilo o gestión que se tuvo”.