El Gobierno del Distrito Federal (GDF) busca endurecer las penas y procedimientos, mediante modificaciones a la ley, a aquellas inmobiliarios que pretendan vender casas o departamentos sin que su documentación este en regla como es el uso del suelo.

De acuerdo con el Consejero Jurídico del DF, José Ramón Amieva, lo que se propone es reformar el Código Penal del DF y la ley del Registro Público de la Propiedad del DF para evitar este tipo de prácticas.

"Cualquier persona que intente vender o venda un inmueble que no tiene regularización de uso de suelo, tenga una pena de prisión de 2 a 6 años", reveló.

Eso es parte de una iniciativa de ley que se ha estado trabajando con un grupo interdisciplinario como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Otra de las propuestas es que haya una figura de "custodia administrativa" que permita a dependencias capitalinas como es el Instituto de Verificación Administrativa del DF (Invea-DF) o la propia PGJ que atraigan ese folio mediante un particular esta haciendo trámites y no permita que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad a través de un notario público.

Un paso más, detalló Amieva, es que se buscará que un notario público pida opinión a los entes administrativos, como Seduvi o Medio Ambiente, para conocer que efectivamente ese inmueble cuenta con su documentación en regla, sobre todo, el uso de suelo permitido.

Se prevé que esta semana, tras una reunión con diputados locales el próximo martes, la iniciativa de ley sea firmada por el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, y pueda ser remitida para su análisis y aprobación a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

En entrevista, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, adelantó que su administración trabajara "con toda firmeza" con aquellos que defrauden a los ciudadanos con respecto a la compra-venta de un inmueble.

"He instruido al procurador para que tome las medidas necesarias y conjuntamente con una campaña de difusión la gente sepa que puede acudir al Gobierno, sobre todo cuando va a poner en juego su patrimonio", expuso.

Precisó que su administración buscará una regulación mucho más fuerte en la materia.

rcr