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Todo comenzó el 21 de junio pasado, cuando dos funcionarios de la delegación Tlalpan fueron detenidos intentando extorsionar a los dueños de La Parranda, un antro ubicado en la esquina de División del Norte y Acoxpa, en Prado Coapa.

Los servidores públicos exigían a los empresarios 45 mil pesos para evitar el cierre de la cantina-rodeo.

Armando García Benhumea, secretario particular del director general Jurídico y de Gobierno de la demarcación, Gustavo Roque López, y Jorge Martínez Valdez, inspector de la delegación, fueron capturados en flagrancia por elementos de la policía capitalina y posteriormente trasladados al Reclusorio Preventivo Sur.

Los funcionarios fueron detenidos en el restaurante Pancita Huipulco y, por la noche de ese mismo viernes, la delegación montó un operativo con el objetivo de revisar que los antros cumplieran con los requerimientos legales. Los dueños de los establecimientos dicen que durante esa noche se les advirtió que los clausurarían si se negaban a pagar la “cuota extralegal” que exige la delegación.

El asunto provocó que 10 dueños de antros presentaran denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por presunto intento de extorsión por parte de autoridades de la delegación. Además, los empresarios han exigido la renuncia de la delegada perredista en Tlalpan, Maricela Contreras Julián, así como la del director general Jurídico y de Gobierno.

Entre 60 mil y un millón

Consultados por este diario, los dueños de los antros de avenida Acoxpa dijeron ser extorsionados por autoridades delegacionales, quienes les han exigido dinero —de enero a la fecha— a cambio de no retirarles la licencia y cerrarles el lugar.

Los servidores públicos de Tlalpan les piden una “inscripción” y después “colegiaturas” que van de 60 mil hasta un millón de pesos. Los empresarios han pagado hasta 500 pesos mensuales por metro cuadrado (en la zona hay antros con capacidad para dos mil personas).

De la extorsión no se ha salvado nadie: unos 30 establecimientos se encuentran en la avenida Acoxpa y todos dicen haber pagado alrededor de tres millones de pesos a un presunto funcionario de la delegación, quien, aseguran, se presenta como el representante de la demarcación.

Fue en enero de este año cuando el ahora detenido, Armando García Benhumea, citó por primera vez a un grupo de dueños de antros en un Sanborns de la zona para decirles que tenían que recuperar los gastos de campaña de la delegada y que a partir de ahora cobrarían 500 pesos mensuales por metro cuadrado.

“Llegó en un Tsuru rotulado con sellos de la delegación, tenía un gafete que lo acreditaba como secretario particular del director general Jurídico y de Gobierno de la demarcación, Gustavo Roque López, y una oficina en la planta baja de la delegación hasta donde llevábamos el dinero de la extorsión”, dice uno de los empresarios que pidió el anonimato, aunque reconoce haber denunciado el hecho ante la Procuraduría capitalina.

“Siempre dimos dinero a la delegación para que nos dejaran operar, 150 mil por apertura, 80 mil por el visto bueno de Protección Civil, pero con esta administración sucedieron dos cosas: nos aumentaron la cuota a cantidades extremas y además no respetaron los acuerdos porque además de extorsionarnos, nos clausuraban los establecimientos para luego volvernos a pedir dinero”, dice.

La delegada se defiende

Para Maricela Contreras, los “antreros” se hacen las víctimas: “Sus denuncias son una reacción muy violenta, porque la procuraduría hizo un operativo. Hay un golpeteo permanente hacia nosotros y se ponen como víctimas (los dueños de antros), cuando las víctimas son los vecinos que aguantan las molestias de tener un antro en sus colonias”, afirmó.

Agrega que los antreros han presentado videos como prueba de la extorsión, pero “para mi esos videos no dicen nada. Esperaremos el proceso judicial”.

Asegura que el director General Jurídico y de Gobierno de la demarcación sigue en su puesto: “Para nosotros la estabilidad de la delegación es importante, los antros sólo son una parte y el licenciado Roque sigue en mi equipo”.

“Los datos que yo tengo no nos llevan a este punto; desconozco como se hizo el planteamiento. Yo digo que el proceso jurídico está avanzando y no se puede culpar a nadie a priori, nosotros hemos hecho un trabajo muy importante que tiene que ver con solicitar un alcoholímetro, hacer operativos para cuidar la seguridad de las zonas habitacionales”, asegura.

Para los empresarios es una vergüenza que Gustavo Roque siga en su cargo. “Buscamos que destituyan a este funcionario y a la delegada porque no somos los únicos extorsionados por la delegación, aquí en Tlalpan pagan derecho de piso igual una fonda que una panadería o un giro negro, como ellos llaman a nuestros negocios”, dice el empresario.

Los empresarios afirman haber denunciado porque la delegación comenzó a cobrarles cantidades desproporcionadas: “El señor Armando García no actuaría solo, sino trajera la orden de un alto mando, llegó el momento en que pasaba en las noches a los antros no sólo por 15 mil o 30 mil pesos, además entraba a beber alcohol, obvio sin pagar, y a pedirnos cada vez más dinero”, puntualiza el empresario.

Otro empresario dice a EL UNIVERSAL que es imposible que la delegada no se entere de cómo operan sus funcionarios: “Ahora que están puestas 10 denuncias ha habido la intención por parte de los demandados de acercarse para que retiremos la denuncia. A cambio ofrecen retirarnos los sellos de los antros clausurados o bien dejarnos trabajar, pero nosotros lo que buscamos es la destitución de los funcionarios”, concluye.

Javier Matamoros, abogado de un grupo de 20 empresarios de Acoxpa, afirma que Armando García Benhumea fue consignado en el Reclusorio Sur. Reconoce que los empresarios se están animando a actuar en contra de las autoridades delegacionales, porque éstas los extorsionaban al mismo tiempo que pedían al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) revisar los establecimientos.

“Nos clausuran para pedirnos doble cuota y después decir que ellos no tienen nada que ver con la clausura que fue el Invea”, dice uno de los empresarios.

Y comenzó en enero

El 30 de enero de este año Maricela Contreras, delegada de Tlalpan, pidió al Invea realizar la verificación a 37 giros mercantiles de alto impacto, localizados en avenida Acoxpa, zona de Villa Coapa, por presunta violación al uso de suelo.

Meyer Klip Gervitz, presidente del instituto, dice que el 8 de febrero se le informó a las autoridades delegacionales que ya se habían realizado las verificaciones y que se determinó la clausura de 15 de ellos por violar normas de uso de suelo.

“De los 37 antros que se solicitó se verificaran se suspendieron 15 que realmente violaban la ley. De los otros 22 no se acreditó que violaran la ley y normas de uso de suelo, que es la única razón por la que podemos suspender un establecimiento mercantil”, explica Klip Gervitz.

Aclara que los permisos de establecimiento mercantil fueron otorgados por las autoridades delegacionales y que ellas mismas podrían retirarles el permiso.

Para la delegada en Tlalpan, el Invea no ha cumplido con su trabajo: “Mi gobierno ha dado todos los elementos al Invea para el cierre de estos antros, pero ante la negativa, busqué la intervención de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, a efecto que dentro de su ámbito de competencia, evalúe las pruebas exhibidas por el Invea para dar validez al uso de suelo con el que operan los establecimientos de alto impacto; requiriera al Invea la clausura inmediata de los que operan en forma irregular y finque las responsabilidades en caso de omisión por parte del personal deI Invea”, dice.

Al Invea, dice Meyer Klip, se le acercan a pedirle que resuelva todo, pero reitera que el instituto sólo puede clausurar un establecimiento si viola el uso de suelo.

“Las delegaciones tienen la facultad (de clausurar) establecimientos mercantiles, obras y construcciones”, recuerda.

La exigencia por parte de las autoridades de la delegación Tlalpan se llevó a cabo aún cuando ellos también tienen la capacidad de retirar las licencias de funcionamiento y realizar verificaciones bajo la Ley de Establecimientos Mercantiles y de Protección Civil.

El funcionario capitalino ratificó que si hubieran querido clausurar el resto de los establecimientos podrían haberlo hecho bajo estos procedimientos administrativos sin depender directamente de los operativos del Invea.

Para Maricela Contreras, los empresarios “se ponen en calidad de víctimas simplemente porque les estamos pidiendo que se ordenen, que tengan su uso de suelo, que tengan sus permisos, que tenga protección civil, que no cierren a deshoras, y el Invea queda a salvo de todos los conflictos sociales que originan los antros, porque los vecinos con quienes se quejan es con nosotros no con ellos”, dice la delegada en Tlalpan.

“Nosotros creemos que los empresarios están magnificando el asunto y esperaremos el proceso judicial”, insiste la titular de la demarcación.