El presidente de la Asociación Mexicana de Abogados, Humberto Ruvalcaba Zuleta, llamó al Congreso de la Unión a que por el bien de la nación no actúe "con premura" respecto de la actualización de la Ley de Amparo, sobre la cual rechazó un nuevo documento pues resaltó que es más conveniente una profunda revisión al actual y su consecuente reforma para adecuarla a los tiempos recientes.

En el marco de la Consulta Nacional sobre el Sistema de Amparo y Protección Constitucional, que se realiza en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el abogado dijo coincidir con quienes piensan que una nueva Ley de Amparo "no es lo adecuado, ni en estricto sentido posible, porque al respecto nada hay inédito en México y los antecedentes son razón de orgullo para los mexicanos".

Ante integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Ruvalcaba dijo que si bien los legisladores podrían concretar una ley casi perfecta, ésta será como un reloj con sus manecillas circulando en sentido contrario, sin marcar la hora exacta, si no se actualiza y adecua la realidad de los hechos y la de las instituciones con el espíritu de la norma.

"Considero que no sólo la Ley de Amparo, sino todo el orden jurídico requiere de una serena y madura revisión para actualizarlo al tiempo nacional y al inevitable porvenir."

En tal sentido, resaltó que para la actualización de la ley referida es necesario cumplir antes con condiciones indispensables como realizar modificaciones a la estructura del sistema nacional de justicia, cambios en la organización social relacionada al tema en cuestión, así como reafirmaciones al ordenamiento político.

Por su parte, el procurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Oroná, pidió al Legislativo establecer un mecanismo más equilibrado, justo e imparcial en la atención del procedimiento de amparo para que la administración pública federal cuente con los mismos derechos, plazos y condiciones de proceso que el particular, es decir, el quejoso.

Expuso que en proyecto de la Ley de Amparo, que es analizado por legisladores, están las aportaciones del Poder Judicial, los intereses de abogados y quejosos, pero falta el de la Federación para revisar el concepto de imparcialidad.

Reyes Oroná señaló que en el proceso de amparo se han dado una serie de características que lesionan la capacidad de respuesta y reacción del Estado, ya que existen plazos amplios para que los particulares puedan promover su acción de inconstitucionalidad, sin embargo, los conferidos a la Federación son muchos más limitados.

En el acto, el presidente de la Comisión de Justicia, José Elías Romero Apis, urgió a encontrar las vías adecuadas para el perfeccionamiento del sistema de protección constitucional con el fin de evitar que propicie trastornos en la vida jurídica del país.