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Crece tensión por exploración minera en Caballo Blanco

Édgar Ávila / Corresponsal| El Universal
Miércoles 21 de marzo de 2012
Crece tensin por exploracin minera en Caballo Blanco

QUEJAS. Activistas aseguran que la minera Gold Group Mining estaría asentada cerca del área de ermergencias radiológicas de Laguna Verde. (Foto: HORACIO ZAMORA )

Ambientalistas y autoridades de Veracruz acusan a empresa canadiense de dañar ecosistema

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VERACRUZ

La indefinición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) polarizó las posturas en torno a la explotación de la mina de oro conocida como Caballo Blanco en Veracruz, cuyo principal accionista es Carlos Slim.

En días recientes, ambientalistas, autoridades estatales y municipales han presionado al gobierno del presidente Felipe Calderón para que rechacen el proyecto, en tanto grupos presuntamente “pagados” por la compañía canadiense Gold Group Mining se han manifestado en actos públicos del gobierno del estado para exigir que las autoridades locales avalen a la minera.

El epicentro del conflicto se encuentra en el municipio de Alto Lucero, a 131 kilómetros de la capital, donde se localiza un yacimiento de oro en el cerro Caballo Blanco, ubicado a escasos 3 kilómetros de la nucleoeléctrica Laguna Verde.

En ese lugar, el gobierno federal autorizó realizar trabajos de “exploración” a la minera, pero está pendiente de emitir un dictamen para ver si dejará extraer de manera legal y permanente oro a cielo abierto.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas, sociedad civil y el propio gobierno estatal, encabezado por Javier Duarte de Ochoa, manifestaron su rechazo a la operación de la mina al considerar que representa un riesgo para el ecosistema y para la operación de la nucleoeléctrica.

El proyecto dorado

La minera Gold Group Mining pretende instalar una mina a cielo abierto que utilizará cianuro como principal insumo para extraer oro, lo cual ha producido rechazo de grupos ambientalistas y organizaciones civiles, a las que en últimos días se les ha sumado el gobierno de Veracruz.

La empresa inversionista cuenta con dos proyectos más en México: Cerro Colorado (Sonora) y San José de Gracia (Sinaloa) y su empresa filial en México es Candymin, S.A. de C.V. y la operativa Minera Cardel S.A. de C.V.

De acuerdo con una carpeta informativa de la compañía, el proyecto busca la construcción de una unidad minera a cielo abierto para extracción de oro, a través de un proceso de patios de lixiviación, acumulación en piletas y absorción por carbón activado.

Se invertirían alrededor de 385 millones de dólares durante la etapa de producción que durará entre seis y 10 años.

Aunque directivos de esta compañía aseguran que cuentan con los permisos federales para exploración, integrantes del movimiento de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida) presentaron dos denuncias ciudadanas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en contra.

La denuncia establece que la empresa omitió informar sobre la apertura de nuevos caminos en la zona de exploración; además, ocultaron a las autoridades la instalación de estanques de agua desde donde se bombea el vital líquido para el funcionamiento de barrenos que utilizan para abrir cavernas a menos de 3 kilómetros de Laguna Verde.

El documento señala que la empresa canadiense realiza actividades de exploración mediante barrenos de diamante, lo cual normalmente genera residuos líquidos y el uso de sustancias ajenas al ecosistema local, lo que pone en riesgo a la fauna, entre otras irregularidades.

El presidente municipal de Alto Lucero, Lucio Castillo Bravo, clausuró los trabajos de exploración de la mina debido a la falta de licencias de construcción y permisos de cambio de uso de suelo de la empresa.

El presidente de la compañía minera, Keith Piggott, quien confirmó la participación accionaria de Slim, aseguró que “cumplimos con todas las leyes”.

Rechazo oficial

El Gobierno de Veracruz presentó de manera formal al gobierno federal los estudios técnicos mediante los cuales determinó rechazar la operación de la mina de oro.

El secretario del Medio Ambiente del estatal, Víctor Alvarado Martínez, presentó la documentación oficial y los 70 análisis y estudios a la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“El dictamen técnico determina que no se garantiza la sustentabilidad del proyecto, y se incumplen normas y leyes”, afirmó.

El documento presentado contiene la opinión técnica de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad de Alcalá, España, entre otros.

Los problemas de Goldgroup Mining, además del rechazo del gobierno estatal, han llegado hasta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues el delegado regional de esta dependencia en la zona norte de Veracruz, Víctor Octavio Pérez del Valle Ibarra, denunció que los empleados de esta compañía no tienen esta prestación.

Por si fuera poco, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el gobierno del estado, incluyeron en la región del proyecto la zona arqueológica denominada Quiahuiztlán dentro de los diez sitios que componen su “Listado de registros nuevos o actualizados de zonas arqueológicas en Veracruz”.

Y otra de las principales oposiciones es que la mina estaría asentada dentro del polígono del Plan de Emergencias Radiológicas Externo (PERE) de Laguna Verde.

Dicho programa ha delimitado dos zonas de planeación para emergencias, destinadas a la protección de la población y los bienes en las cercanías de la central: la primera una área con radio de 16 kilómetros y la segunda con radio de 80 kilómetros con posibilidades de ampliarse hasta donde la situación lo requiera.

La empresa se defendió argumentando que “ambas delimitaciones son para poner en marcha planes de acciones en casos de emergencia, pero no tienen que ver con operaciones industriales en este perímetro”.



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