CHIHUAHUA, Chih.— Tres jóvenes fueron levantados por el Ejército, sin que hasta el cierre de esta edición se conozca su paradero, denunciaron familiares; sin embargo, la Secretaría de la Defensa (Sedena) negó de manera oficial que militares estén involucrados en los hechos.

María Alvarado Espinosa y Manuel Reyes Lira dijeron que el 29 de diciembre soldados se llevaron por la fuerza a José Ángel Alvarado Herrera y Nitza Paola Alvarado Espinoza, ambos de 31 años, así como a Rocío Irene Alvarado Espinoza de 18, a quienes acusaron de estar ligados a una banda criminal.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Buenaventura, a 250 kilómetros al noroeste de la capital.

Dijeron que ese día, a las 20:00 horas, 10 militares llegaron a bordo de dos vehículos, una Hummer y una camioneta Chevrolet de doble rodada, frente al domicilio particular de la suegra de José Ángel, quien se encontraba junto con su prima Nitza en el exterior, ambos fueron arrestados sin presentar una orden judicial.

“Vestían uniformes del Ejército, portaban cascos y rifles de alto poder”, detalló la organización Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que está ofreciendo asesoría a la familia.

Horas más tarde, los militares procedieron en contra de Rocío Irene, hermana de la joven detenida.

“Destrozaron el mobiliario y sacaron de la recámara a Rocío Irene. La madre de ésta enfrentó a los soldados exigiendo que le explicaran lo que sucedía; con groserías le ordenaron que se callara y le informaron que su hija estaba detenida y la encerraron en el baño junto con dos menores”, detalla el centro en una carta enviada al presidente de la República, Felipe Calderón y a diversos organismos nacionales.

Traslado a instalaciones militares

La familia afirma que en la Procuraduría de Justicia, el agente del Ministerio Público les dijo que los jóvenes habían sido detenidos en una redada y que se encontraban en las instalaciones del 35 Batallón de Infantería.

Sin embargo, el vocero del Operativo Conjunto Chihuahua, Enrique Torres Valadez, declaró que oficialmente no se tenía registrada la aprehensión de los hermanos Alvarado.

El portavoz dijo que aunque el 35 Batallón de Infantería no es parte del Operativo Conjunto, la Sedena confirmó que los jóvenes no estaban bajo resguardo militar.

El diputado local Víctor Quintana Silveyra aseguró que el grupo que se llevó por la fuerza a los consanguíneos iba en vehículos sin logotipos, pero vestidos con uniformes camuflajeados color beige, que son utilizados por las fuerzas armadas y se sabe que los grupos paramilitares que operan en la región, cuando se hacen pasar por el Ejército usan vestimenta negra.

Quintana reveló que el jueves por la tarde un comando se presentó en la vivienda de otro de los hermanos Alvarado con el fin de arrestarlo sin orden escrita, pero se encontraba escondido por su seguridad.

El secuestro de los Alvarado se denunció ante Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez.

“Los soldados creen que todos los que vivimos en los poblados somos narcos y es el pago que se tiene que hacer por el solo hecho de ser ciudadanos pobres”, dijo Manuel Reyes Lira, tío de los jóvenes desaparecidos.

La familia Alvarado argumenta que no tiene ningún tipo de nexo con el crimen organizado, incluso José Ángel, quien trabaja como empleado en la maquiladora Pentec de Ciudad Juárez, y Nitza Paola, sólo estaban de vacaciones en el poblado.