aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




México incumple a su gente con discapacidad

Liliana Alcántara| El Universal
Miércoles 08 de septiembre de 2010
Mxico incumple a su gente con discapacidad

ESFUERZO. Seis de cada 10 personas con discapacidad y en edad para trabajar tienen empleo. En la imagen, el taller de maquila de la Confederación Mexicana de Organizaciones a Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual. (Foto: ARIEL OJEDA EL UNIVERSAL )

Nuestro país propuso ante la ONU una Convención sobre los derechos de estas personas, pero a dos años de haber entrado en vigor, ámbitos como salud y educación están rezagados

[email protected]

Olga Mantúfar es mujer, indígena y vive con una discapacidad. Nació en Acaxochitlán, un pueblo huasteco en Hidalgo donde -como sucede en la mayoría de las comunidades indígenas del país- la gente con discapacidad no tiene derecho a tener acta de nacimiento, se les llama “chuecos”, crecen encerrados o atados a una cama y tienen pocas o nulas oportunidades de tener una vida independiente.

Su rebeldía, como ella dice, la ayudó a desafiar lo que parecía ser un lacerante destino. Como pocas mujeres, ella, acompañada de sus padres, pudo salir de su comunidad para estudiar y concluir la carrera de ingeniería mecánica industrial en la capital del país. “Pero como la ingeniería es una rama masculina, no pude ejercer mi profesión, no encontré trabajo en ningún lado”, cuenta.

Hace 17 años, Olga creó una organización civil, la Fundación Paso a Paso, para ayudar a las mujeres indígenas con discapacidad y su activismo es ahora reconocido a nivel internacional y en foros como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde trabaja de la mano con mujeres de África y Asia que comparten esas tres condiciones.

Olga, en su también condición de experta, asegura que las personas con discapacidad en nuestro país aún están ausentes en las políticas públicas y que en México, pese a ser el país que impulsó en el seno de la ONU la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no hay condiciones de accesibilidad e independencia y mucho menos para ejercer su derecho a la salud, a la educación y a un empleo digno.

Todavía más difícil es la posibilidad de ejercer un cargo público y tener acceso a la tecnología que les permita la movilidad en cualquier espacio.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue propuesta por el Estado mexicano y aprobada por otros 145 países miembros de la ONU el 13 de diciembre de 2006. Entró en vigor el 3 de mayo del 2008. ¿Cómo ha dado cumplimiento nuestro país a este instrumento? ¿Las personas con discapacidad en México viven en mejores condiciones a partir de que está vigente dicha convención?

Fantasmas

La Organización de las Naciones Unidas estima que en el mundo hay 650 millones de personas con discapacidad, lo que equivale a 10% de la población mundial. ¿Cuántos son mexicanos? Ese es justo el primer problema, dicen los representantes de organismos civiles, pues las cifras que hay sobre este sector de la población son sólo estimaciones.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que en cada país, el 10% de su población vive con alguna discapacidad, en México, el INEGI sólo encontró en un censo de hace 10 años -el único disponible- a un millón 795 mil personas en esa condición, quienes representan 1.8% de la población total.

“Hay un rezago significativo en todos los temas y uno de los principales es la invisibilidad. No sabemos cuántos son, dónde están y cómo viven, sólo hay indicios. Nosotros como organizaciones civiles que trabajamos con las personas con discapacidad estimamos que en nuestro país hay 40 millones de personas que conviven a diario con el reto de la discapacidad si contamos también a sus familiares”, comenta Abigail Hernández, directora general de la Confederación Mexicana de Organizaciones a Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE).

Olga Mantúfar cuenta que en las zonas rurales es todavía más difícil obtener esos datos, pues los prejuicios ocasionan que las familias oculten a las personas con discapacidad en sus casas.

“Aun así, en un recorrido que hicimos en la comunidad de Los Reyes, en el municipio de Acaxochitlán (Hidalgo), en sólo una semana encontramos a siete personas con discapacidad”, dice.

Al respecto, el artículo 8 de dicha convención establece que los Estados están obligados a “sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas”.

Barreras insalubres

El referido censo de INEGI señala que de cada 100 personas con discapacidad, 95 son usuarios de los servicios de salud públicos o privados, y 44 de ellos son adultos mayores.

Federico Fleischmann, presidente de la asociación civil Libre Acceso, considera que el sistema de seguridad social es inadecuado para atender a este sector de la población, sobre todo, cuando son desempleados. “Ni siquiera el Seguro Popular se ha preocupado por buscar a las personas con discapacidad y afiliarlas tomando en cuenta las barreras y la inaccesibilidad que tenemos para acercarnos a los centros de salud”, dice.

CONFE también propuso una reforma legislativa para que las personas con discapacidad pudieran heredar la seguridad social de sus padres aun estando desempleados, pero no ha habido respuesta por parte del Congreso.

El artículo 25 de la Convención señala que los Estados deben proporcionar los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad gratuitos y a precios accesibles, lo más cerca posible de sus comunidades y con la misma calidad de atención que el resto de las personas reciben.

Educación limitada

El INEGI indica que mientras 91% de la población de entre seis y 14 años asiste a la escuela, entre las personas con discapacidad el número baja de manera considerable a 63%. De los jóvenes con discapacidad que tienen entre 15 y 29 años, sólo 15.5% asiste a la escuela y el 32.9% de la población con discapacidad no sabe leer ni escribir.

Además, de cada 100 personas con discapacidad que tienen más de 15 años de edad, 36 no cursan ningún grado escolar, 46 tienen la educación básica incompleta, sólo siete tienen la educación básica completa, cinco tienen cursado algún grado de educación media superior y nada más cuatro lograron llegar a la educación superior.

Juan López, coordinador de la Coalición México por las Personas con Discapacidad, coincide en que cursar grados mayores a la educación básica es otro reto para las personas con discapacidad, sobre todo, porque la educación incluyente se ha centrado en hacer rampas en algunas escuelas, pero no en integrar a ese sector de la población con el resto de los alumnos y en capacitar a los profesores para atenderlos, pero también para acercarles los contenidos de los planes educativos de acuerdo a la necesidad de cada estudiante.

“Algunos maestros creen, por ejemplo, que una persona con discapacidad cerebral tienen también alguna especie de discapacidad intelectual y eso no es así”, destaca López.

El artículo 24 de la citada Convención señala que los Estados deberán “facilitar las medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión”.

Los primeros despedidos

Las cifras oficiales dicen que seis de cada 10 personas con discapacidad y en edad para trabajar tienen empleo.

El 48.5% de ellos son contratados en las áreas de servicios y comercio. El resto de ellos son empleados domésticos, obreros o jornaleros.

Abigail Hernández, directora de CONFE, calcula que 75% de las personas con discapacidad que forman parte de la Población Económicamente Activa se encuentran desempleadas “porque son los últimos en ser contratados y los primeros en ser despedidos”.

Asegura que ni siquiera están contemplados en la Ley Federal del Trabajo y pese a que se ha solicitado su inclusión, tampoco ha habido repuesta por parte de los legisladores.

El artículo 27 de la Convención dice que los países deberán prohibir la discriminación por motivos de discapacidad en cualquier empleo.

Sin independencia

La Coalición México -conformada por CONFE, Libre Acceso, Paso a Paso y la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC)- ha manifestado su preocupación porque el Senado ratificó dicha Convención con una declaración interpretativa que acota su personalidad jurídica y permite a los jueces declarar la incompetencia de las personas con discapacidad para gobernarse.

Abigail Hernández insiste en que es momento de que los legisladores eliminen ese precepto porque impide a las personas con discapacidad su derecho a decidir por ellos mismos.

Señala que para lograr que los derechos de las personas con discapacidad puedan ser ejercidos de manera plena, se debe armonizar la legislación federal con la Convención, trasladar esas normas a los estados y municipios, colocar el tema en una posición prioritaria dentro de las agendas públicas e incluir las opiniones de las personas con discapacidad en las políticas y programas de los gobiernos.

El artículo 19 de la Convención dice que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones.

Tan valiosos como cualquiera   

Mantúfar pudo superar las condiciones adversas. “Mi rebeldía, el querer ir contra las opiniones de los demás, que decían que mi vida debía ser encerrada en mi casa, me llevaron hasta donde estoy, pero creo que debemos empezar por convencer a la propia gente con discapacidad de lo valiosas que son y de la fortaleza que tienen para salir adelante”.



comentarios
0