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“Tuercen” la ley para destruir manglares

Thelma Gómez Durán| El Universal
Lunes 24 de agosto de 2009
Son arrancados para crear centros turísticos, acusan. Autoridades e IP presionan para quitar protección a ecosistemas

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Crecer entre manglares marcó su futuro. Joanna Acosta nació muy cerca del estero del Infiernillo, en Mazatlán, Sinaloa. Cuando creció comenzó a escuchar una queja recurrente entre la gente de su comunidad: “la pesca es cada vez peor”. “No hay buena pesca, porque el manglar se está muriendo”, escuchó decir a un biólogo de la región.

Ahora, esas palabras resuenan más allá de Mazatlán. Su eco se escucha también en Quintana Roo, Yucatán, Colima, Veracruz, Nayarit y otros estados que poseen manglar, un peculiar ecosistema que crece en buena parte de las costas del país, así como en las lagunas y ríos cercanos al mar.

México no debería estar perdiendo áreas de manglar. Desde hace dos años existe una ley que las protege y que, incluso, ha sido utilizada por el gobierno federal y por el Partido Verde Ecologista de México como una bandera que se ondea con fervor cuando se quiere demostrar que se protege a los ecosistemas.

 

Con todo y esa protección legal, los manglares pierden terreno. La paradoja es que, en muchos casos, quienes impulsan su destrucción son los encargados de velar por su cuidado.

En varias regiones del país se realizan, o están en puerta, proyectos que afectan al mangle y muchos de ellos tienen el aval del gobierno federal o de los estatales y municipales. Además, hay iniciativas de ley que buscan debilitar la legislación que protege a estos ecosistemas, cuya importancia no es menor.

 

Los manglares no sólo son hábitat de diversas especies animales y vegetales, también funcionan como barrera que protege a la costa contra huracanes y tormentas. Además, en ellos se reproducen cerca de 70% de las especies pesqueras de importancia comercial.

 

Prioridades, según el momento

El 1 de febrero de 2007, el presidente Felipe Calderón emitió un decreto para añadir un nuevo artículo (el 60 TER) a la Ley General de Vida Silvestre. Esta nueva norma dice: “queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte el flujo hidrológico del manglar”. Así que cualquier obra que se desee realizar debe respetar este ecosistema.

El objetivo fue detener la acelerada destrucción a la que era sometido este ecosistema por el desarrollo urbano, la infraestructura turística, la expansión de la agricultura y la ganadería.

Pese a la existencia de la ley, gobiernos estatales, municipales, desarrolladores privados, así como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsan proyectos en zonas de manglar.

 

Uno de ellos es la hidroeléctrica Las Cruces, en el río Baluarte, en Marismas Nacionales. Otro es el Centro Integralmente Planeado de la Costa del Pacífico (CIP) que, según los planes de Fonatur, se ubicará en Escuinapa, Sinaloa, cerca de la Laguna de Huizache-Caimanero.

 

Ecosistema despreciado

Desde que se publicó el decreto, gobernadores, presidentes municipales, inversionistas privados, legisladores e, incluso funcionarios federales, levantaron su voz en contra de la ley. El argumento más utilizado ha sido que “detiene el desarrollo económico del país”.

Científicos demuestran lo contrario. Los mexicanos Ezequiel Excurra (Universidad de California) y Octavio Aburto (Instituto de Oceanografía Scripps de California) presentaron un estudio sobre el golfo de California, en donde una hectárea de manglar genera anualmente 37 mil 500 dólares para las economías locales, sólo por la explotación de los recursos pesqueros.

Y es que los manglares son considerados como “los cuneros del océano”, porque entre sus raíces nacen y crecen especies de importancia comercial como róbalos, jaibas, camarón, chanos, lisas, bagres y mojarras. Algunas de ellas, en su etapa juvenil, salen al océano.

 

Jorge López Portillo, especialista en manglares del Instituto de Ecología de Xalapa, explica que hay entre 30 y 40 especies de peces y ostiones que dependen de estas zonas.

 

 

 

A nivel mundial los manglares son cada vez más apreciados, sobre todo tras el tsunami en Indonesia (2004) y del huracán Katrina (2005). Estudios posteriores a los desastres muestran que las zonas más afectadas fueron aquellas en donde ya no había mangle.

 

Incluso, se calcula que una hectárea de manglar ofrece protección de costas contra tormentas, ciclones, huracanes y tsunamis que equivale a 3 mil dólares.

 

El costo de terminar con el manglar y después recibir un golpe de un huracán se ha calculado en hasta 33 mil dólares por hectárea.

 

Al permitir que exista un desarrollo urbano o turístico en una zona de manglar, dice el investigador Jorge López-Portillo, estamos arriesgando la vida de las personas, su patrimonio y el patrimonio nacional, “porque cuando existe una contingencia por un desastre, quienes pagan los daños no son los que destruyeron el manglar”.

 

Daño con autorización

Defender los manglares no ha sido una tarea fácil para la agrupación Bios Iguana, con sede en Colima. Ahí, el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre no ha sido suficiente para proteger el manglar. Hace seis meses se talaron 30 hectáreas de mangle en la Laguna de San Pedrito, para construir la ampliación del Puerto de Manzanillo.

De nada sirvieron las denuncias ante la Profepa, ni las demandas contra funcionarios. “La única respuesta que obtuvimos es que todo estaba bien. Que la autorización para las obras se dio antes del 60 TER”, explica Esperanza Salazar, coordinadora de Bios Iguana.

 

Esta organización ahora quiere evitar que se construya una planta regasificadora de gas licuado en la laguna de Cuyutlán, propuesta por la CFE. En este caso, aun con el artículo 60 TER, el proyecto se aprobó. Para lograrlo, gobierno estatal y municipal cambiaron el ordenamiento ecológico territorial y se argumentó que la planta gasificadora ayudaría a recuperar las dañadas condiciones de la laguna de Cuyutlán, porque se aumentaría, en 400 metros, el canal Tepalcates para que entre más agua de mar a la laguna y así restaurar la zona.

 

 

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto, ya que el 60 TER permite que se realicen obras y proyectos de mantenimiento o restauración del manglar.

 

“Ahora resulta que un proyecto industrial es la salvación de un ecosistema”, ironiza Esperanza Salazar. Bios Iguana, junto con otras organizaciones, denunció este proyecto ante la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte.

 

Esperanza Salazar está indignada: “En el extranjero, el gobierno mexicano presume que tiene las mejores leyes ambientales, que está protegiendo la naturaleza. Sin embargo, en casa lo que hace es todo lo contrario”.

 

Destrucción nacional

Joanna Acosta dejó su natal Mazatlán para estudiar biología. Ahora, trabaja como Analista de Percepción Remota, en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), y forma parte de los investigadores del Programa de Monitoreo de los Manglares de México. Parte de su labor ha sido realizar sobrevuelos por las zonas con manglar.

En marzo de 2008 los investigadores de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y de otras instituciones realizaron el primer vuelo sobre la península de Yucatán. Cinco meses después regresaron para corroborar datos. “En ese periodo, la cantidad de hoteles e infraestructura turística que se construyó sobre los manglares fue impresionante”.

En 2005, la península de Yucatán sufrió el paso del huracán Wilma; muchas zonas de mangle se dañaron, incluso, parecía que estaban muertas, “pero no es así, está en proceso de recuperación”, explica Acosta. Sin embargo, la gente del lugar y los hoteleros aprovecharon la apariencia del manglar para “fraccionar y construir”.

 

En Majahual, Quintana Roo, después del paso del huracán Dean, en 2007, los pobladores y desarrolladores hoteleros rellenaron y destruyeron áreas de manglar. La historia se repite en Puerto Morelos, también en Quintana Roo, uno de los puntos considerados como “zonas de alto riesgo” para el manglar, por estar rodeado de zona urbana y tener un crecimiento turístico.

Los investigadores también han identificado daños en Laguna de Términos (Campeche), en Puerto Progreso (Yucatán), en Marismas Nacionales (Sinaloa-Nayarit), en la Encrucijada (Chiapas), en Bahía Santa María-La Reforma (Sinaloa), entre otros.

Los manglares, de acuerdo con los especialistas, están siendo afectados, sobre todo por canales mal planificados, construcción de carreteras, infraestructura urbana, portuaria y turística, así como por granjas camaronícolas, agricultura y ganadería.

 

Impunidad ambiental

En el deterioro del manglar los ayuntamientos han jugado un papel protagónico. Alejandro Oliveira, de Greenpeace-México, pone como ejemplo el caso del municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, que a principios de agosto modificó el uso de suelo en una zona de manglar, para construir una plaza.

A nivel federal, también hay serias omisiones. Gustavo Alanís, presidente de CEMDA, resalta que hay proyectos que se autorizan, y a los cuales se les pone una serie de condicionantes, pero “no se cumplen, porque ninguna autoridad les da seguimiento. Ahí se dan una serie de irregularidades”.

 

 

O, simplemente, los desarrolladores destruyen y después pagan la multa. Por ejemplo, hace una semana, en la Reserva del Palmar, en Yucatán, maquinaria pesada destruyó el manglar.

“No tenía permisos para hacerlo”, asegura Jorge Herrera, investigador del Cinvestav-Mérida.

“Gran parte de lo que está sucediendo con el manglar no tiene que ver con la eficiencia de la ley, sin con la corrupción”, denuncia Beatriz Bugeda, miembro del Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental, agrupación en la que participan diversas organizaciones ecologistas.

 

El problema, apunta Gustavo Alanís, es que mucha gente está acostumbrada a violar la ley y no pasa nada. “En México somos campeones para legislar, pero el problema real del país es la no aplicación efectiva de las leyes”, dice.

 

Además, existe “una fuerte presión” para cambiar la ley, asegura Alanís, quien menciona que los más interesados en hacerlo son los desarrolladores turísticos, gobernadores, pero también “las secretarías de Turismo, Fonatur, Comunicaciones y Transportes”.

 

Una muestra de ello es que desde la aprobación del artículo 60 TER se han presentado en la Cámara de Diputados al menos cinco proyectos de ley para reformarlo. Hasta ahora, organizaciones ambientalistas e investigadores han logrado detenerlas.

Sin embargo, en la actualidad hay dos propuestas de reformas presentadas por legisladores del PRI. Además, diputados electos en los pasados comicios (Carlos Joaquín González, del PRI, y Gustavo Ortega, del PAN) ya advirtieron que entre sus “temas prioritarios” está el análisis del 60 TER “para evitar que, en afán de proteger el mangle, se afecte el desarrollo turístico”.

 

El especialista en manglares del sureste, Jorge Herrera, investigador del Cinvestav-Mérida, pone el dedo en la llaga: “si los legisladores proponen iniciativas de esta naturaleza no es por ignorancia sobre la importancia de los manglares, sino porque existe mala fe, porque hay intereses económicos que benefician a ciertos sectores”.

Herrera y otros investigadores del país se han organizado no sólo para aumentar el conocimiento científico sobre el manglar, sino también para desarrollar métodos que permitan su restauración. Este trabajo lo han realizado ya en Celestún, Campeche, y otras áreas.

 

Sin embargo, su labor es lenta y se enfrenta a la falta de recursos económicos. En contraste, el deterioro del manglar avanza con rapidez. Y sin el manglar, la pesca es “cada vez peor”, así como la vulnerabilidad de nuestro país ante el cambio climático.

 

 

 

 



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