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Las organizaciones civiles Fundar, Centro de Análisis e Investigación y la Red de Rendición de Cuentas (RRC) advirtieron que anular la inacatabilidad de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) representan una regresión al derecho de acceso a la información y que va en contra de la propia Constitución.

El fin de semana pasado, EL UNIVERSAL, dio a conocer que en comisiones de la Cámara de Diputados se encuentra atorada la minuta para modificar la Ley Federal de Transparencia que ya fue votada en el Senado, pero el PRI pretende cambiar.

Entre esas modificaciones se encuentran que las decisiones del IFAI sean revisadas de manera judicial, dejar fuera de la ley como sujetos obligados a los partidos políticos o quitarle al órgano garante la posibilidad de presentar controversias constitucionales.

Renata Terrazas, investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, aseguró que al quitarle al IFAI las facultades para ser la última instancia en la materia es dejar a los ciudadanos en la indefensión, porque cualquier autoridad que quiera inconformarse ante sus resoluciones lo podrá hacer.

“Esto es contrario a la garantía del derecho al acceso a la información pública, porque sí se permite que la inconformidad de la autoridad se vaya a otro ente o un tribunal administrativo lo que se abona es a la secrecía, no a la mayor apertura”.

Lourdes Morales, directora de la RRC, expresó su preocupación por que esa intención traería como riesgo la judicialización de la transparencia. “No podemos permitir que se impongan recursos contra las decisiones del IFAI ante la Suprema Corte de Justicia, esto es la judicialización de la transparencia, y lo que único que lleva es a bloquear la garantía que constitucionalmente ya está reconocida de los ciudadanos al acceso a la información”.

Consultado sobre el tema, el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar advirtió que sí se elimina la inacatabilidad de las decisiones de los órganos garantes se estará “matando buena parte del sentido de la ley y se iría en contra del artículo 6 de la Constitución, pues este es un derecho humano fundamental que tiene que resolverse de manera expedita”.

Sí se hacen revisables las resoluciones del IFAI, explicó el comisionado, se convertirá en un asunto de litigios donde pueden pasar varios meses o incluso varios años para que se resuelva un caso. “¿Qué caso tendría, si un ciudadano hace una solicitud de información y la entregan dentro de cuatro años?”, cuestionó el comisionado Trinidad.

Afirmó que más allá de solicitar documentos, la Ley de Transparencia es un mecanismo por medio del cual el ciudadano busca participar en la política, por lo que es fundamental permitirle seguir con ese derecho.

En el caso de los partidos políticos, Lourdes Morales señaló que no existe ninguna reserva para que esos institutos queden fuera de la ley, pues son entes de interés público que viven y manejan financiamiento público que se debe transparentar.

Renata Terrazas afirmó que en la actualidad el andamiaje institucional para que los partidos políticos sean sujetos a la transparencia es insuficiente, porque se tiene que recurrir al Instituto Federal Electoral (IFE) para solicitar la información y no hay modo de fincar ninguna responsabilidad al instituto político si no entrega la información.

Piden a PRI retirar reservas

Más de 25 organizaciones civiles dedicadas a la transparencia y la libertad de expresión enviaron una carta los integrantes de la LXII Legislatura, en especial a la fracción parlamentaria del PRI, para que retire sus “reservas” y apruebe el dictamen en términos que amplíen la protección del derecho de acceso a la información.

“De esta forma serán congruentes con los compromisos manifestados y ratificarán su compromiso con la construcción de un país en el que los derechos y las demandas ciudadanas se coloquen en el centro de los procesos de toma de decisión de la vida pública”, dijeron.

Agrupadas en el Colectivo por la Transparencia, las organizaciones —apoyadas por integrantes de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa— recordaron que en el pasado periodo legislativo el PRI presentó reservas a la minuta aprobada por el Senado, que de aprobarse representarían un revés a la transparencia.

En su carta señalan que las reservas del PRI debilitarían a los órganos especializados en materia de transparencia e imposibilitarían un efectivo escrutinio público hacia los partidos políticos. Criticaron además que el PRI ha propuesto eliminar la facultades de los órganos de transparencia —prevista en la minuta del Senado— de iniciar acciones contra leyes que vulneren el derecho de acceso a la información.