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La Procuraduría General de la República (PGR) determinó no presentar conclusiones acusatorias en contra de los generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez Ramírez; tomó la misma decisión —equiparable al desestimiento de cargos—, a favor del teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández y el mayor Iván Reyna Muñoz, quienes fueron acusados de delincuencia organizada por colaborar presuntamente con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Ante la falta de pruebas en contra de los militares, ya que las acusaciones se sustentaron sólo en las declaraciones de testigos protegidos, el escrito fue remitido por el Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en el que desde agosto pasado son juzgados los militares.

Se espera que en las próximas horas el juez de la causa Raúl Valerio Ramírez solicite al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, que ratifique el escrito que le envió el agente del Ministerio Público de la Federación. En caso de que el procurador confirme la decisión ministerial, los cuatro militares podrían obtener su libertad de forma inmediata.

El destino legal de los dos generales y sus coacusados podrá ser así el mismo que tuvo el ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, quien el 17 de abril pasado obtuvo su absoluta e inmediata libertad ante la falta de pruebas en su contra, luego de que Murillo Karam firmó un oficio de conclusiones no acusatorias, con el que la PGR se desistió de los cargos.

Después de analizar el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010 por el que los cuatro militares que aún permanecen en prisión fueron acusados de presuntos nexos con el narcotráfico, la PGR rechazó mantener los cargos por los que en mayo de 2012 fueron detenidos los generales Dawe González, Escorcia Vargas, Pérez Ramírez; así como el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna.

El 6 de agosto de ese mismo año el juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, les dictó la formal prisión, ya que testigos colaboradores como Roberto López Nájera (quien perteneciera a la estructura del cártel al servicio de Édgar Valdés Villareal, La Barbie), bajo su nombre clave de Jeniffer, aseguró que diversos militares de alto rango eran presuntos protectores de los líderes del Cártel de los Beltrán Leyva, a cambio de millonarias sumas de dinero.

Este expediente lo integró la administración anterior, y con la libertad de Ángeles Dauahare, se puso en evidencia que los testigos utilizados para imputarle los cargos a los militares, mintieron en sus declaraciones, y que no existían otros elementos de prueba que confirmaran sus aseveraciones. En esta gestión de la PGR, el análisis de los elementos que integran la averiguación previa llevaron a la autoridad ministerial a admitir las anomalías. La liberación de Dauahare allanó el camino para que sus coacusados sean ex carcelados, lo que podría ocurrir en próximas horas.