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El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, reconoció ayer que la delincuencia organizada ha intentado intimidar a jueces federales, y que este tipo de hechos, así como la la violencia asociada con el crimen ha obligado a reforzar la seguridad de muchos juzgadores federales con escoltas, vehículos blindados e incluso con apoyo de la Policía Federal y el Ejército.

Hace unos años, explicó, los juzgadores federales no tenían protección “más allá de su ángel de la guarda”, pero esto ya no es suficiente pues los riesgos se han incrementado, como ocurrió con un juez que fue levantado y amenazado en vísperas de dictar una resolución.

“Fue levantado y amenazado la noche anterior, estando del turno, teniendo que resolver un término constitucional al día siguiente”, relató en conferencia de prensa, la primera que ofrece desde que asumió el cargo en 2010.

Tras ser liberado, el juez amenazado decidió cumplir con su trabajo y dictar la resolución (un auto de término constitucional), pero fue escoltado por personal del Ejército mexicano, y ese mismo día se autorizó su cambio de adscripción.

“El Ejército mexicano, desde la noche cuando lo liberaron y al día siguiente que fue a resolver, lo acompañó y después ya no. Ahora está en otro lugar”, explicó el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Silva Meza reconoció que hay amenazas del crimen organizado a los juzgadores federales, pero que el tránsito de la intimidación al cumplimiento de las mismas no es muy frecuente.

“El trabajo de los jueces en este tiempo es muy complicado por las situaciones que se presentan en el país: la inseguridad, la violencia, el crimen organizado, están presentes, esos son hechos reales, son hechos ciertos”, expuso.

Sostuvo, que, pese a esta situación, son los propios juzgadores los que tratan de preservar la autonomía e independencia judicial, por vocación.

“Tenemos unos jueces muy valientes, muy valientes, tenemos muchos casos donde han enfrentando situaciones muy difíciles, las siguen enfrentando”, dijo.

Para atender estos problemas, el Consejo cuenta con dos programas de seguridad que buscan preservar la autonomía e independencia judicial: uno permanente, para los juzgadores adscritos a plazas consideradas peligrosas o que llevan asuntos de crimen organizado; y uno emergente, para dar respuesta inmediata a riesgos y amenazas eventuales.

En el programa permanente, el Consejo tenía el año pasado a 50 jueces de distrito y 16 magistrados de circuito, a varios de los cuales se les habían asignado vehículos blindados y escoltas de la Policía Federal, que brindan protección a los juzgadores en virtud de un convenio suscrito con la corporación.

Sostuvo que si bien los riesgos no son recientes, pues hace unas décadas los jueces federales, como él lo fue, tenían a su cargo los juicios instruidos en contra de quienes “eran los capos del momento”, ahora las cosas son totalmente diferentes, pues “ahora sí hay violencia, ahora sí hay mucha violencia”.

Explicó que el CJF tiene identificadas las zonas de riesgo para el trabajo jurisdiccional, en función tanto del tipo de plaza como de los asuntos que se litigan, y que a partir de esos mapas se han tomado decisiones para fortalecer la seguridad de los juzgadores.

Entre las medidas adoptadas, además de los vehículos y escoltas, detalló, existen acuerdos para que en ciertos estados o circuitos judiciales interrumpan sus labores a determinada hora, o que la intervención del personal femenino por la tarde o noche se reduzca a lo indispensable. “Es en función de esos mapas de riesgo, sí los tenemos, sí los vivimos”.

El año pasado, el Poder Judicial de la Federación enfrentó atentados a sus instalaciones en Nayarit y Veracruz, y enfrentó la muerte violenta de una secretaria de juzgado, hechos que, sumados a las amenazas en contra de jueces y magistrados, le obligaron a reforzar sus medidas de seguridad.

Como parte de esas acciones, el CJF restructuró recientemente su plan integral de seguridad, con medidas que restringieron el acceso a las instalaciones de juzgados, tribunales y oficinas administrativas a vendedores ambulantes y personas ajenas.