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Un tribunal federal autorizó ayer la extradición a Estados Unidos de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, para que sea juzgada por la entrega de 100 kilogramos de cocaína en la ciudad de Chicago en 2001, uno de los dos cargos por los que la reclaman las autoridades estadounidenses.

Al resolver el amparo en revisión 46/2012, promovido por Ávila Beltrán, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, modificó la resolución del juzgado federal que, hace unos meses, le concedió a La Reina del Pacífico lo que se denomina un amparo liso y llano para no ser extraditada.

El juez tercero de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito resolvió entonces que los dos cargos por los que las autoridades estadounidenses reclamaban a Ávila Beltrán ya habían sido considerados en el proceso que había enfrentado en México, y no podía ser juzgada nuevamente por los mismos hechos.

Sin embargo, los magistrados José Luis Villa Jiménez, Luis Pérez de la Fuente y Juan José Olvera López, determinaron ayer que la acusación relacionada con la entrega de cocaína en Chicago no fue incluida en el enjuiciamiento mexicano, por lo que no se violan sus derechos al autorizar su extradición para que se le juzgue por esos hechos.

La sentencia del tribunal establece que la acusación relacionada con el aseguramiento del buque Macel, con un cargamento de más de nueve toneladas de cocaína, ocurrido en diciembre de 2001 en costas mexicanas, sí fue incluida en el proceso penal que se le siguió a Sandra Ávila Beltrán en México, por lo que no puede ser materia de un nuevo juicio en el vecino país.

La sentencia del tribunal colegiado permitirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en los próximos días, emitir una resolución en la que disponga la entrega de Ávila Beltrán a Estados Unidos.

Ávila Beltrán fue detenida el 28 de septiembre de 2007 por la PGR, y luego acusada de narcotráfico y delincuencia organizada por su supuesto vínculo con el buque atunero interceptado en 2001.

Sin embargo, La Reina del Pacífico fue absuelta a finales de 2010, pero no pudo quedar en libertad dado que tiene pendiente un proceso penal por lavado de dinero, por el que un juez le dictó formal prisión en marzo de 2011.

La SRE emitió el 12 de agosto de 2011 un acuerdo para entregar a las autoridades estadounidenses a Sandra Ávila Beltrán.

El 14 de septiembre, Estados Unidos interceptó una llamada en la que Ávila y otro integrante de la organización cobraron un adeudo a un hombre por 100 kilogramos de cocaína, los cuales supuestamente La Reina le había suministrado en Chicago, Illinois. Después, este último sujeto se convirtió en testigo y acusó a la mujer.