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La polémica estuvo presente en su vida pública hasta el final, pero también está el reconocimiento a su valía como jurista y académico, a su legado. Asumió diversas responsabilidades como servidor público, una trayectoria en la que tuvo aciertos y errores, que le hicieron ganar elogios y detractores, pero que sin duda marcó episodios de la historia de México, con él como protagonista, como un hombre decidido a transformar instituciones, asumiendo el riesgo.

El próximo lunes Jorge Carpizo cumpliría 68 años de edad. Ayer falleció víctima de tres paros cardiacos.

“Siempre me ha definido la responsabilidad”, dijo en una de las últimas entrevistas de semblanza que concedió a uno de sus amigos, el jurista Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

En ese encuentro, publicado por la revista Mundo del Abogado, se delinea el perfil de un “soltero empedernido”, que amaba a sus sobrinos como hijos propios, irascible, orgulloso del trabajo que realizó en cada cargo que asumió y consciente de sus fallas, firme en sus convicciones, crítico del sistema al que perteneció, temerario en exceso en ocasiones según sus conocidos, buen conversador, admirador de Julio César, creyente en el poder de las leyes, que quería un cambio en el país, apasionado de la vida y del Derecho.

Siempre estuvo ligado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la que forjó al doctor en Derecho, que lo designó investigador emérito por el Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Ese mismo joven oriundo de Campeche, que viajó a la ciudad de México para estudiar leyes, llegó a ser el rector de la máxima casa de estudios del país en 1985. Su afán transformador se hizo presente y lo compendió en 30 cuartillas: Fortaleza y debilidad de la Universidad Nacional.

El diagnóstico de Carpizo sobre las fallas estructurales de la UNAM, de la necesidad de modernizarla y mejorar el esquema educativo, se tradujo en el movimiento estudiantil de 1986 y en una huelga que al final dejó su proyecto trunco, pese a que en sus conferencias de la época aseguró: “La Rectoría está dispuesta a asumir todos los riesgos que pueda implicar el mejoramiento de la Universidad, porque ha llegado el momento en que la palabra tiene que seguir a la acción”.

En 1989 se convirtió en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para aportar y acrecentar su experiencia en el Derecho, la misma que lo hizo contribuir a la redacción de 31 proyectos de reformas constitucionales y legislativas para México.

Fundador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se convirtió en su presidente en 1990. Años después criticaría a sus sucesores como José Luis Soberanes, por la falta de resultados en la defensa de garantías; pugnó por el reconocimiento de los tratados internacionales en la materia en el derecho interno —lo que sucedió hasta 2010—, e incluso, polémico como siempre, en años recientes Carpizo apoyó el derecho al aborto.

Los claroscuros de la vida profesional del jurista y académico llegaron con su ingreso al mundo de la política. En 1993 el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari lo designó titular de la Procuraduría General de la República (PGR), pero tampoco logró llevar con éxito a prisión a los que acusó como malos servidores públicos en la institución que buscó transformar, ni a quienes calificó de “narcoperiodistas”.

Su actuación al frente de la investigación del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo (24 de mayo de 1993), en la que siempre defendió la teoría de la confusión en medio de una balacera entre narcotraficantes, fue seriamente cuestionada.

Durante el foxismo fue obligado a comparecer ministerialmente ante la reapertura de la investigación, época en la que protagonizó enconos personales que derivaron en denuncias ante la propia PGR contra el entonces obispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez y la ex subprocuradora María de la Luz Lima Malvido, de quien Carpizo exhibió su pasado como consumidora de mariguana.

Después de su gestión como procurador también se sabría que pudo detener en diciembre de 1993 a los hermanos Arellano Félix, líderes del Cártel de Tijuana, pero decidió no provocar una masacre.

Como secretario de Gobernación —cargo que ocupó en 1994— y en medio de la crisis del alzamiento zapatista, trabajó para forjar una de las instituciones claves del país: el Instituto Federal Electoral (IFE), pero según sus críticos, amigos y las cifras, cometió el error y “el berrinche” de amagar con su renuncia cuando no sintió apoyo del gobierno. Un informe del Banco de México cifró el impacto de su intento de declinar, en una fuga de capitales por 2 mil 900 millones de dólares, ante la efervescencia política que causó su decisión.

En la administración de Ernesto Zedillo fue embajador de México en Francia, después regresó a la vida académica que le valió 88 premios y distinciones a nivel nacional y mundial.

Siempre crítico, en 2011 junto con José Narro, rector de la UNAM, se convirtió en uno de los hacedores del documento que se entregó al presidente Felipe Calderón para demandar un cambio de estrategia de seguridad en el país. Entre las aportaciones de Carpizo a las recomendaciones presentadas al mandatario, destacan la autonomía de la PGR, en búsqueda del cambio institucional.

En este trayecto las acusaciones en su contra existieron. La última, en un libro que alude a actos de corrupción como procurador, y que lo llevaron al iniciar en días pasados una denuncia por difamación, un tema que también estuvo presente en su agenda, que formó parte de un ideario que dejó plasmado en 20 obras como El Presidencialismo Mexicano sobre las leyes, los derechos humanos, el poder y la democracia. Hace unos días en una de sus últimas declaraciones aseguró: “La libertad de expresión no es derecho a mentir”.