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El Senado aprobó por unanimidad una reforma a la fracción 21 del artículo 73 constitucional a favor de la libertad de expresión, por la que se crea un mecanismo de excepción que faculta a instituciones federales —PGR— para atraer las investigaciones cuando se presenten agresiones a periodistas y comunicadores.

Con la reforma, el gobierno federal también podrá atraer cualquier tipo de agresión a instalaciones de medios de comunicación, aun cuando se trate de delitos del fuero común.

Legisladores reconocieron que son alarmantes las cifras que ubican a México como el primer lugar más peligroso del mundo para ejercer periodismo, después de Irak, según la Campaña Emblema de Prensa (PEC, por sus siglas en inglés) con sede en Ginebra.

“Estas cifras representan una alerta que merece sin demora la renovación del marco normativo que permita a las autoridades competentes en los distintos ámbitos, accionar de manera inmediata en contra de aquellos que atentan contra la libertad de expresión”, dice el dictamen avalado.

Coincidieron en que “los periodistas y defensores civiles de los derechos humanos se encuentran en el peor momento de su vida profesional”.

El texto —avalado antes por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos— fue aprobado por el pleno con 95 votos a favor y turnado a los Congresos estatales donde debe obtener el aval de la mitad más uno, al tratarse de una reforma constitucional.

Una vez aprobada la reforma por los estados, el Congreso deberá avalar una ley secundaria en seis meses para plasmar el mecanismo y supuestos para su procedencia.

El párrafo adicionado señala textualmente: “Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”.

El presidente del Senado, José González Morfín (PAN), saludó la presencia en la histórica sesión del Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, también titular de la Comisión contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En los palcos de invitados también estuvieron presentes José Carreño Carlón, coordinador del Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia y Mike O’Connor, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).

El senador del PRI, Carlos Jiménez Macías, saludó la presencia del Licenciado Ealy Ortiz y dijo que eleva el mensaje a todos los demás medios de comunicación.

En reunión privada con González Morfín, Ealy Ortiz destacó: “Fuimos testigos de un evento histórico para la vida periodística de este país”.

González Morfín reconoció a EL UNIVERSAL por impulsar la reforma y confió en que los Congresos locales la aprobarán en el menor tiempo posible para que toda quede avalada antes de que termine la Legislatura. Pidió a Mike O’Connor que haga llegar al Senado las experiencias de otros países para reforzar los esfuerzos.

Antes, el pleno guardó un minuto de silencio por periodistas asesinados y desaparecidos, a petición del senador del Movimiento Ciudadano, Ericel Gómez Nucamendi, quien reconoció a EL UNIVERSAL y el apoyo que le brindó cuando Noticias Voz e Imagen de Oaxaca sufrió agresiones por el gobierno de Ulises Ruiz.

Festejó que el gobierno federal podrá investigar, pues “casi cotidianamente” los gobiernos locales son los que atentan más contra la libertad de expresión.

Jiménez Macías dijo que ésta era una de las deudas pendientes con el sistema democrático. El mayor número de crímenes contra periodistas se han dado en la guerra contra el crimen en el actual sexenio, señaló.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Melquiades Morales (PRI), aclaró que la reforma no tiene como objeto invadir las esferas de competencia de las autoridades estatales, sino que la Federación se constituya en un soporte para la resolución de estos asuntos.