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Propone ministro liberación de Cassez

María de la Luz González| El Universal
Jueves 08 de marzo de 2012
Propone ministro liberacin de Cassez

ABUSO. La defensa de Florence Cassez siempre argumentó que la AFI violó sus derechos al llevarla a un rancho para hacer un montaje de su captura. El ministro ponente coincidió. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )

El proyecto de sentencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia Arturo Zaldívar sobre Florence Cassez plantea la "inmediata y absoluta" libertad de la ciudadana francesa condenada a 60 años de cárcel. Las pruebas en su contra "carecen de fiabilidad", establece proyecto

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El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, propuso ordenar la inmediata y absoluta libertad de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de prisión por secuestro, al considerar que tras su detención se violaron sus derechos fundamentales.

La Corte difundió ayer las conclusiones del proyecto de sentencia que elaboró Zaldívar al amparo directo en revisión 517/2011, promovido por Cassez, que se discutirá el próximo 21 de marzo en la Primera Sala.

Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) expuso anoche que ante las resoluciones judiciales que se han emitido contra la francesa y en atención al derecho de las víctimas, espera que al final se modifique la propuesta y la inculpada no sea absuelta, cuando voten los ministros.

El proyecto valida los argumentos sobre violaciones al debido proceso y el montaje televisivo de su captura, en los que Cassez y sus abogados centraron su defensa desde que fue detenida el 8 de diciembre de 2005, en un caso que generó una de las crisis diplomáticas más severas entre México y Francia.

Zaldívar sostiene que se violaron dos derechos fundamentales de Cassez: el de recibir —como extranjera detenida— asistencia consular efectiva y sin dilación, y ser puesta de inmediato a disposición del Ministerio Público, debido a la policía la llevó a un rancho para realizar un montaje de su captura para las televisoras.

“No encuentra justificación constitucional alguna el tiempo en el que Cassez fue retenida en esa propiedad (Rancho Las Chinitas) y expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la Agencia Federal de Investigación, con el objetivo de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de tres secuestros”, indica el texto.

La violación de estos derechos, sostiene Zaldívar, dejó a Cassez en un estado de indefensión total, “una incidencia devastadora en otros derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la defensa adecuada”, viciaron toda la evidencia incriminatoria en su contra.

Como consecuencia del montaje, agrega, las pruebas contra Florence Cassez “carecen de fiabilidad, ya que los testimonios de las víctimas, así como las declaraciones de los policías, son producto de una deformación de la realidad provocada por parte de la Agencia Federal de Investigación”, que en ese momento estaba a cargo del hoy titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

El proyecto “censura que las autoridades encargadas de una detención deformen conscientemente la realidad para crear un filtro a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y frente a las futuras partes del proceso como los culpables del hecho delictivo”, aclara Zaldívar.

Para que la Corte conceda el amparo a Cassez se requiere el voto de por lo menos tres de los cinco ministros de la Primera Sala.

La PGR respondió y recordó que fue hallada culpable por secuestro en tres instancias judiciales.

Indicó que “manifestamos una lógica preocupación por el alcance que pretende dar el ponente a los supuestos vicios encontrados en el proceso y por la posible descalificación del valor de las declaraciones de las personas secuestradas, sin que obre elemento alguno que acredite la supuesta deformación de la realidad a la que alude el ministro”.

La dependencia defendió que a diferencia de lo que sostiene Saldívar, la policía no era la obligada a notificar al Consulado de Francia sobre su detención, sino que era competencia del Ministerio Público, quien cumoplió con este procedimiento.

Este hecho, asegura “no puede por sí solo llevar a la absolución, sino en todo caso a reponer el procedimiento”, como se hizo en el llamado Caso Avena de mexicanos sentenciados a muerte. La dilación para entregarla al MP tampoco desvirtua las pruebas en su contra.



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