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Atraso en la construcción de las unidades antisecuestro del país; el incumplimiento de las entidades en entregar información para elaborar las bases de datos de homicidios dolosos y personas desaparecidas, y el lento avance en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal fueron algunas de las observaciones presentadas ayer durante la 32 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Durante la sesión, Felipe Calderón firmó un acuerdo presidencial para crear a un fondo de 12 mil millones de pesos con el objetivo de mejorar la infraestructura penitenciaria de país y urgió al Congreso y a los gobernadores a tomar las medidas necesarias para consolidar la lucha anticrimen, porque la seguridad “está más allá de cualquier bandera partidista”.

“De no acelerar el paso habrá, quizá, algunas entidades que no podrán cumplir a tiempo sus compromisos. Nuestra obligación es ofrecer justicia a quienes son lastimados por los delincuentes, y es necesario investigar todos y cada uno de los casos que se presenten”, dijo al urgir a tener ya la base de datos de personas no localizadas.

“Nuestra obligación es ofrecer justicia a quienes han sido lastimados por los delincuentes y debemos investigar cada caso”, afirmó Calderón en Palacio Nacional.

“Tenemos que acelerar el paso en la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal. Es cierto, estamos dentro del plazo fijado en la propia Constitución, de carácter transitorio para su implementación. Pero es indispensable saber cómo vamos”, demandó.

“Las víctimas de la violencia no son cifras, son personas que deben estar registradas con nombre y apellido”, insistió el jefe del Ejecutivo federal.

Asimismo, Calderón Hinojosa hizo un “respetuoso llamado al Congreso para que analice y, en su caso, apruebe la iniciativa del Código Federal de Procedimientos Penales”.

Los rezagos

La procuradora general de la República (PGR) Marisela Morales señaló que en la conformación de las Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro, sólo ocho entidades están por encima de 70% de avance de su integración que son DF, Colima, Chiapas, Puebla, Campeche, Nuevo León, Oaxaca y Aguascalientes.

Mientras que 12 estados apenas tienen más del 60: San Luis Potosí, Sinaloa, Guanajuato, Baja California, Morelos, Hidalgo, Sonora, Tabasco, Jalisco, Tlaxcala, Guerreo y Coahuila.

Otras 12 entidades presentan un grado de avance menor a 60% que son Durango, Yucatán, Estado de México, Querétaro, Michoacán Tamaulipas, Baja California Sur, Quintana Roo, Zacatecas, Chihuahua, Veracruz y Nayarit.

Respecto a las bases de datos sobre homicidios dolosos y personas no localizadas, incumplimiento de algunas entidades obligó a que se pactara un acuerdo para posponer las fechas de entrega de información que será en mayo próximo.

En el caso de la base de datos de personas no localizadas, la procuradora dijo que para el año 2011 todos los estados cumplieron con lo acordado; para 2010, 30 entidades dieron los datos; para 2009, sólo 25; de 2008, únicamente 10 estados cumplieron, y de las bases de 2007 y 2006 existe 34% de avance.

Por ello, el Consejo aprobó un punto de acuerdo para que el próximo 15 de marzo sea la fecha límite para la entrega de datos.

Luis Felipe Borrego Estrada, secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, dijo que hasta el presente año sólo tres entidades han implementado el nuevo modelo que son Chihuahua, Estado de México y Morelos; mientras que siete se encuentran en operación parcial y el resto con están en proceso avanzado de la implementación, en proceso inicial y con fecha definida. La meta es que en 2016 todas entidades cuenten con el nuevo sistema acusatorio.

Respecto al nuevo Código de Procedimientos Penales, el funcionario dijo que sólo 10 entidades tienen la norma vigente, seis ya lo publicaron en el Diario Oficial, en siete estados ya existe una iniciativa de código en su Legislatura y ocho están en proyecto de elaboración.

Respecto a los avances en materia de evaluación y control de confianza del personas de los instituciones de seguridad y procuración de justicia, el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, José Óscar Vega Marín, dijo que a nivel federal hay avances de 88.5%.

Mientras que en estados y municipios de los 433 mil 580 mandos y personal operativo, sólo han sido evaluados 99 mil 801 hasta el 31 de enero pasado, cifra que representa apenas 23% de avance.