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El incremento en el número de extradiciones, de las cuales 99% se hacen hacia Estados Unidos, entorpece el desarrollo del sistema judicial mexicano y evidencia la falta de confianza del Ejecutivo en el mismo, de acuerdo con especialistas consultados.

Mientras que en años anteriores a 2000 se realizaban alrededor de 15 extradiciones por año, en la gestión de Vicente Fox el promedio se duplicó y con Felipe Calderón casi llegan a 80.

Entre 2000 y 2005 se extraditó a 160 personas, en tanto que de 2006 y hasta el 5 de agosto de 2011, la cifra era de 464 extradiciones, es decir, 190% más que en el sexenio anterior, De acuerdo con el quinto Informe de Gobierno presidencial.

En tanto que entre 1995 y 1999 las extradiciones sumaron 56, según estadísticas de la embajada de Estados Unidos en México.

De los 37 criminales más buscados dados a conocer por la PGR mediante el acuerdo A/ 123 /09, 21 fueron “inhabilitados”, pero ni uno solo ha sido sentenciado en México: 16 permanecen fugitivos; ocho fueron abatidos; 12 han sido capturados y enfrentan procesos penales actualmente; y uno más (Vicente Zambada, hijo de Ismael El Mayo Zambada) fue extraditado a Estados Unidos.

En extradiciones concretadas, cuatro de cada 10 fue por delitos contra la salud y asociación delictuosa; 3.3 por homicidio, y 1.5 por delitos sexuales.

Según especialistas, el problema de fondo ligado al crecimiento en el número de extraditados radica en dos aspectos: el debilitamiento en el brazo judicial del país, pues los jueces no procesan a capos principales, ya sea por desconocimiento o desconfianza, y que en el proceso se llegan a violentar derechos humanos u otros de los detenidos.

Juan Salgado, investigador especialista en derecho penal y derecho penal comparado, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), fundamenta su argumento con un ejemplo: “En Colombia, uno de los grandes elementos que hizo un cambio fue tener un papel muy activo del poder judicial, sobre todo en dos cuestiones fundamentales: lavado de dinero y la inteligencia financiera. Y en tratar casos de corrupción de empresarios y de funcionarios públicos vinculados”.

Javier Dondé Matute, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) señala que, por lo regular, los casos están mejor “armados” en EU, a lo que responde los presuntos delincuentes sean llevados a ese país, para evitar su excarcelación: “Aquí lo que sucede es que en ocasiones el caso está mejor armado en un país que en otro”.

Aunado a lo anterior, hay un factor extrajudicial que interviene en las extradiciones, dice Dondé: “Quien toma la decisión para extraditar o no a una persona, en última instancia, es la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Tenemos que preguntarnos si es la mejor instancia para llevar a cabo esa decisión, si tomamos en cuenta que esa secretaría tiene un interés en extraditar a las personas, porque es una forma de mantener buenas relaciones con los otros Estados y entonces pasa a segundo plano, los derechos de la persona extraditable, en función de las relaciones internacionales que pueda tener México”.

En su libro Extradición y debido proceso, Dondé Matute logró el uso de la deportación como vía de extradición, en al menos tres casos: “Es una forma de darle la vuelta a estos procesos, que pueden ser muy tardados, muy engorrosos y muchas veces muy técnicos. Entonces se recurre a las deportaciones, en vez de las extradiciones, para agilizar los procesos”.

Lo anterior es permitido por la vigente Ley de Población, pues como apunta Dondé Matute, está sujeta a discrecionalidad de los funcionarios: “Los supuestos para deportar son muchísimos y, además, discrecionales. El INM (Instituto Nacional de Migración) goza de mucha discreción para determinar si una persona ha violado la ley o su reglamento”.

Doublas McNabb, abogado defensor en Estados Unidos, especialista en casos de extradición, coincide en que las numerosas extradiciones de México a EU otorgan una imagen positiva al sistema estadunidense ante la ciudadanía de ese país, por lo que no prevén algún tipo de presión para que éstas cesen.

Advierte que la mayor parte de clientes que ha defendido rehúyen a la extradición, pues considera que el sistema judicial de EU más duro que el mexicano.