evangelina.hernandez@eluniversal.com.mx

BOCA DEL RÍO, Ver.— La organización criminal de Los Zetas controla redes de trata de personas en Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México, así como en los destinos turísticos de Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún, advierte Marisela Morales, procuradora General de la República.

“Los focos rojos están en los lugares de playa, es ahí donde hemos detectado mayor proclividad a que se cometa este delito, y por eso es muy importante hacer un llamado a que las procuradurías de los estados emitan alertas sobre la incidencia de este flagelo social y hagamos un frente común para combatirlo”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que Los Zetas han extendido sus operaciones a los delitos de secuestro y trata de personas ante la persecución que tiene sobre ellos el gobierno federal.

Explicó que atacar este delito ha sido una tarea complicada, porque es nuevo en algunos códigos penales y en otros ni siquiera existe, lo que ha permitido que muchos delincuentes queden sin castigo.

“Urge concretar la legislación general, porque no podemos permitir que por algún tecnicismo legal estos criminales que atentan contra la dignidad de las personas queden en libertad, por eso estamos trabajando con la Cámara de Diputados para configurar una ley suficiente y necesaria, y con el Poder Judicial para obtener mejores sentencias; nosotros tenemos que trabajar en armar averiguaciones previas más sólidas”.

¿A qué barreras se ha enfrentado la PGR en esta lucha?

Nos enfrentamos a la falta de denuncias. La trata de personas es un delito poco visible por la forma en que se da, por el sometimiento en el que se encuentran las víctimas. A eso hay que sumarle que la ciudadanía no denuncia por la desconfianza que tiene en las instituciones encargadas de la persecución del delito. Para ganarnos esa confianza debemos lograr resultados. La sociedad necesita tener certeza de que si denuncia un delito, éste se va a castigar. Estamos trabajando en la sensibilización de los servidores públicos federales para que sepan identificar a una víctima. Queremos seleccionar a la gente idónea que trabaje con ellas. Estamos formando grupos especializados en su rescate físico y emocional, pero ahí nos enfrentamos con la falta de conciencia que tienen ellas mismas de su condición: son tan vulnerables que no reconocen sus propios derechos.

¿Cuáles son los ‘focos rojos’ de la trata de personas en el país?

Hemos coincidido con las autoridades de otros países en que los focos rojos son los lugares donde se practica el turismo sexual. El mayor número de casos que estamos investigando provienen de lugares de playa. Desgraciadamente ahí hay una mayor proclividad a que se cometan esas conductas. Otro foco rojo es la ruta de los migrantes: en los estados de Tabasco y de Chiapas tenemos muchos casos. Además de que el crimen organizado está operando redes de trata de personas. Tenemos casos documentados de Los Zetas, aunque no descartamos que otras bandas estén incursionando en este delito para financiar sus actividades ilícitas, por el combate que se ha venido dando contra ellas desde el gobierno federal. También nos enfrentamos, en algunas regiones del país, a los usos y costumbres. Esta forma de vida hace que la trata de personas pase de manera inadvertida, se ve como algo normal el sometimiento de las mujeres y los niños. Necesitamos generar un cambio de cultura para impedir que se denigre a los seres humanos.

¿Cuáles son los mayores tropiezos de la PGR en este delito?

Su competencia limitada a los casos extraterritoriales y de delincuencia organizada, y la falta de coordinación con las autoridades estatales. En los estados falta mucho por hacer, porque algunos ni siquiera tienen Legislación. En este tema tenemos que avanzar en el mismo sentido para poder hacer un frente común contra este delito, no solamente en la ley, sino en su aplicación. Hay un estado donde sí han estado trabajando en el tema de trata de una manera muy decidida, es el Distrito Federal, pero falta mucho por hacer para poder decir que estamos ganando la batalla. También están los esfuerzos del gobierno federal, como la creación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas y el trabajo que hace la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Se van sembrando cosas muy importantes en estas áreas. Tenemos que poner el compromiso y el corazón para luchar contra este delito que tanto daño le hace a nuestra sociedad. Es un privilegio el que tenemos los funcionarios que estamos al frente de esta lucha, porque nos dan la oportunidad de ayudar a las víctimas a recuperar su dignidad. Esta es una de las tareas más nobles de la Procuraduría.

¿Qué falta en materia legislativa?

Como está construido actualmente el tipo penal, se presta a que se sentencie por corrupción de menores o lenocinio, hay cuestiones legales que le permiten al delincuente defenderse, y pugnamos por un tipo penal menos favorable, que se les dé mayores sentencias, porque es un delito que merece el peor de los castigos. La aprobación de Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y delitos relacionados va a ser muy importante, porque ya todos los estados tendrían el mismo tipo penal y eso facilita tipificar el delito. Con estas reformas todos vamos a ser corresponsables, ya no va a haber pretextos de fuero, va a ser obligación de todos abatir la impunidad en este delito. También nos estamos acercando a los jueces para comentarles el sufrimiento de las víctimas; eso nos ha permitido sensibilizarlos y obtener mejores sentencias. Hemos logrado una sentencia ejemplar, y otras no tanto, por las que interpusimos recursos de apelación. Consideramos que este delito se debe castigar con severidad, porque hay daños que son imposibles de reparar, por eso es que se les debe castigar de manera ejemplar a los ofensores.

Además de las medidas que anunció EL UNIVERSAL, de suspender los anuncios relacionados con el sexoservicio, ampliar la difusión de los temas de trata de personas y abrir espacios a las organizaciones de la sociedad civil para la prevención, ¿qué otras acciones deben tomar los medios de comunicación para combatir este delito?

Se deben sumar todos los medios a esta iniciativa, de manera que en ninguno de ellos se transmitan mensajes que pudieran facilitar la trata de personas. De esta manera los explotadores no tendrían ningún medio de comunicación a su alcance para comercializar a sus víctimas.