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La alta comisionada de las Naciones Unidas Navi Pillay advirtió que los narcotraficantes con gran poderío y capacidad de asesinar, minan las raíces de la democracia en México y amenazan la estabilidad del Estado.

“Cualquier delito del crimen organizado al nivel que se define aquí, como el de los líderes de los cárteles de la droga que tienen más poder, más dinero y capacidad de matar y amenazar la vida, ciertamente mina las raíces de la democracia y los derechos civiles”, aseguró Pillay.

“Estoy profundamente preocupada por los niveles tan altos y extraordinarios de violencia del crimen, porque sus acciones brutales amenazan el núcleo del Estado y tienen consecuencias desastrosas en términos de derechos humanos. Ciertamente siento que es una enorme amenaza a la estabilidad del Estado”, agregó la funcionaria.

En rueda de prensa y de visita oficial que realizó a México, dijo que pidió al presidente Calderón que la presencia militar en operaciones de seguridad sea excepcional, con límite de tiempo y de acuerdo con las fronteras establecidas por los estándares de los derechos humanos.

Consideró que el desafío contra el crimen organizado es enorme y que algunas de sus raíces rebasan las fronteras de México: “Hago un llamado a EU, señalado como el principal consumidor de drogas y abastecedor de armas dentro y fuera de México, para que haga un esfuerzo adicional para que el pueblo de este país esté seguro”.

Navi Pillay informó que el trabajo de su oficina en México continuará “a fin de que haya una ley de seguridad nacional que cumpla con las normas de derechos humanos internacionales, y de manera especial con relación a las violaciones de los servidores públicos, las de la policía y militares”.

Consultar con ciudadanos

Dijo que la lucha contra del crimen organizado debe asegurar las garantías de toda la población a vivir libre de amenazas ante sus derechos fundamentales como la vida, la integridad física, sus libertades y la justicia. Consideró que la lucha antinarco debe ser consultada con los ciudadanos y se pronunció por no criminalizar a las víctimas y reparar el daño cuando sus derechos hayan sido violados.

Navi Pillay se va de México con una amplia lista de preocupaciones. Así lo dio a conocer durante una evaluación en la que expresó su consternación por el aumento de reportes de violaciones a los derechos y el uso excesivo de la fuerza por los agentes del Estado en el desarrollo de sus acciones contra la delincuencia organizada.

“Debe detenerse la práctica de tortura. Hago un llamado urgente al gobierno para garantizar la plena investigación y sanción de todos aquellos hechos, mismos que invariablemente deben ser atendidos por tribunales civiles independientemente de la calidad o condición del perpetrador”, subrayó Pillay.

Dio la bienvenida al diálogo sostenido por el presidente Felipe Calderón con las víctimas de violencia y sus familiares y expresó su confianza por que se cumpla la promesa de brindar mayor atención a sus casos.

Exigió que las autoridades acepten totalmente y cumplan la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Campo algodonero”, y el combate a la impunidad en cualquier feminicidio.

También exigió justicia para Marisela Escobedo, asesinada en Chihuahua, mientras pedía justicia para su hija.

En el tema de migrantes exigió a las autoridades respetar plenamente los derechos de las personas en tránsito y garantizar la seguridad de los defensores, las policías y los ministerios públicos que investigan este tipo de violaciones.

Ataques contra periodistas

Se refirió además a las agresiones contra periodistas y dijo que ese hostigamiento constituye una amenaza a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad de estar informada: “Me encuentro alarmada por los altos niveles de impunidad que prevalecen en relación a los ataques contra periodistas y hago un llamado urgente para que esa impunidad sea erradicada”.

Esta visita es la segunda que realiza una alta comisionada de Derechos Humanos a México. En esta ocasión Pillay además de reunirse con el presidente Calderón, se encontró con autoridades de Oaxaca y el DF, con defensores de derechos humanos, la procuradora general de la República Marisela Morales, el presidente de la Suprema Corte Juan Silva Meza, así como con el presidente de la CNDH y sus homólogos de los 32 estados.