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La Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó certificar directamente a los candidatos que participarán en los procesos electorales de 2011 con el argumento de que no está facultada para revelar información de las personas, minutos después de que la dirigencia nacional del PRD entregó personalmente al secretario Francisco Blake la lista de sus candidatos a los procesos en Coahuila, Nayarit, Estado de México e Hidalgo.

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, pidió al gobierno federal las condiciones mínimas de seguridad que alejen los procesos electorales en curso de una sensación de zozobra, sicosis y terror provocada por el crimen organizado, pero Gobernación respondió mediante un comunicado: “Sólo compete a los interesados realizar gestiones directas ante autoridades específicas para que ellos mismos reciban información que les atañe, siempre y cuando así lo establezcan las leyes aplicables”.

La respuesta “no puede considerarse como salvoconducto ni libera de responsabilidades a quien resulte presunto responsable con motivo de diligencias, imputaciones e investigaciones en el marco de alguna averiguación previa”, dijo.

Precisó que turnará a las dependencias correspondientes y serán los propios aspirantes quienes ratifiquen la solicitud de información ante las secretarías de la Defensa Nacional, Marina-Armada de México, Hacienda, Seguridad Pública y PGR, quienes responderán con base en sus atribuciones.

Ayer, Zambrano entregó a Blake Mora la lista de sus candidatos para pedir que se le informe si en los archivos del gobierno federal “se cuenta con información en proceso de indagatoria de hechos que involucren o puedan involucrar a aspirantes de este instituto político en conductas relacionadas al narcotráfico”.

En respuesta al comunicado de la Segob, Zambrano enfatizó que no fueron “a pedir protección, sino a pedir información y dejar claro que no tenemos nada que ocultar, si no, no hubiéramos ido para allá”.

Así pues, cuando el presidente perredista apenas había salido de Bucareli, la Secretaría difundió su respuesta: “La Segob reitera que no está en sus atribuciones determinar la situación jurídica de personas frente a hechos presumiblemente constitutivos de delito, así como tampoco tiene facultades para dar a conocer información que eventualmente sería considerada como reservada o confidencial”.