CULIACÁN. La medida del gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, Malova, de prohibir la música de narcocorridos en bares, cantinas, centros nocturnos y salones de fiesta; además de la presentación de artistas de este corte musical provocó reacciones encontradas en la iniciativa privada, las organizaciones no gubernamentales, académicos y funcionarios públicos.

Mientras que algunos funcionarios y empresarios apoyaron la prohibición, activistas, académicos y la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) reprobaron la medida al considerarla “fascista” y un atentado a la libertad de expresión.

Ayer, Malova anunció que la semana pasada envió decreto que reforma las disposiciones de inspección en los establecimientos donde se producen, envasa, distribuye, vende y consume alcohol de la Ley de Alcoholes. Esta modificación permite cerrar los centros cuando se detecte que se difunde o tocan grupos musicales de este tipo.

Justificó la medida al asegurar que es para evitar que “surjan ídolos de oropel, así como La Barbie (narcotraficante del cártel de los Beltrán Leyva), que ahora es una moda”, y se haga apología del delito mediante la música.

“Yo no conozco a nadie que andando borracho no sea valiente, rico y enamorado, y si andas armado a esas horas de la noche...”, mencionó el gobernador. Dijo que muchos actos violentos escenificados se relacionan al “movimiento alterado”, una moda en la que los cantantes se refieren a la delincuencia.

Al respecto, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, respaldó la decisión. En su cuenta en Twitter escribió: “Narco-corridos son apología del delito y promueven salidas falsas. Hay que enfrentarlos con cultura de la legalidad. Bien por @malova2010”.

Sobre la prohibición de la difusión de narcocorridos coincidió a favor el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos —organización que agremia comercios con el giro de bares y centros nocturnos—, Miguel Hernández, quien dijo que la decisión es “muy adecuada... este tipo de cultura musical no beneficia a la juventud, sino por el contrario, puede causar conductas nocivas”.

El funcionario aseguró que la medida puede beneficiar al sector, ya que “la gente se sentirá más segura si asiste a centros de diversión donde no haya música que haga apología de gente que menciona en los corridos”.

El presidente municipal de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, coincidió en que esta música es un “riesgo para la seguridad” y aseguró que en el puerto no se darán permisos a espectáculos de esa índole.

Como un ejemplo de que esta música incita a la violencia, citó lo sucedido el pasado 7 de marzo en la discoteca Antares, donde fueron asesinadas seis personas, entre ellas Alberto Lizárraga, músico y fundador de la Banda El Recodo, además hubo 21 heridos.

“Atentado a la libertad”

Leonel Aguirre Meza, presidente de la organización independiente Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, calificó la medida como “atentado a las libertades de escuchar, crear y divulgar música, cuyo origen está asociado a una añeja cultura de los sinaloenses”.

Opinó que los gustos de los ciudadanos no pueden estar sujetos a mandamientos de autoridades, menos los corridos, ya que forman parte del folclor mexicano porque reseñan hechos históricos y vidas de bandidos famosos.

En la misma tónica se manifestó Felipe Gil, vicepresidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, quien dijo que lo que pasa en Sinaloa alude a “un estado de fascismo”.

Explicó que los artistas son sólo exponentes de lo que sucede en su tiempo y que arremeter contra los temas musicales es una muestra de que se coarta la libertad de expresión.

“Muchos de los grandes corridos mexicanos se vinieron en los momentos de mayor violencia en el país: en la Revolución mexicana”.

El escritor de origen sinaloense Élmer Mendoza consideró que la medida es inútil. “Toda prohibición es producto de la desesperación y la desesperación puede tener un origen: la imposibilidad de resolver un problema que es el de la violencia... lo que tienen que hacer es resolver la violencia por los medios adecuados, en los que tienen que intervenir todos los gobiernos”.

En el segundo cuadro de la ciudad de Culiacán, Francisco N., un encargado de una de las cantinas que pide el anonimato por temor a que el lugar sea clausurado, dijo que la mayoría de los parroquianos sólo tienen gusto por la música de narcocorridos interpretados por grupos informales que andan de bar en bar. “Los clientes conviven, beben sus cervezas y gustan de la música, sin que ello implique que las reuniones terminen en violencia”, comentó.

El investigador y catedrático de Sociología en la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jorge de la Herrán, mencionó que los jóvenes de cualquier manera buscarán otras opciones de convivencia para escuchar esa música. Consideró que mientras no exista otro referente cultural e, incluso, de tipo religioso, los narcocorridos seguirán presentes.

Polémica jurídica

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del estado, Luis Cárdenas Fonseca, explicó que aún cuando ya entró en vigor, el decreto es motivo de controversia jurídica porque se anulan facultades de los ayuntamientos sobre inspección.

El legislador priísta dijo que no se opone a la medida, pero aseguró que difiere con algunos puntos jurídicos, asimismo reveló que prepara un documento para dar sustento a la controversia constitucional que buscarán presentar ante la Suprema Corte.

(Con información de Yovana Gaxiola y Alberto Morales, corresponsal y reportero)