politica@eluniversal.com.mx

La falta de acuerdo entre las dos cámaras del Congreso pone en riesgo la implementación de las reformas más importantes del periodo de sesiones que esta por terminar: la política —que de última hora abrió la puerta a la reelección de alcaldes—, y la de seguridad.

Los dos temas deben ser ratificados en la colegisladora, la reforma política en la Cámara de Diputados y la Ley de Seguridad Nacional en el Senado.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Jorge Carlos Ramírez Marín admitió que es “sumamente difícil” que pueda aprobarse la reforma política en San Lázaro.

La coordinadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, dijo que sí existe la necesidad de un acuerdo de agenda común con el Senado para que transiten las dos reformas; el coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, alertó que en caso de que en San Lázaro no se ratifique la reforma política, quedará en evidencia que desde el Estado de México se ordena a los priístas qué aprobar y qué no.

Además, los senadores del PRD pedirán su opinión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para frenar la posible aprobación —en Cámara de Diputados— de la Ley de Seguridad Nacional.

Ayer, la reforma política fue aprobada en lo general y lo particular por el Senado.

En la maratónica sesión —de más de nueve horas— el senador del PAN Ramón Galindo propuso una reforma al artículo 115 Constitucional que fue avalada por el pleno con 60 votos a favor y 26 en contra, para permitir la reelección de alcaldes, decisión que recaerá en los congresos de cada entidad.

Se establece que “los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato”, párrafo que fue sustituido por la propuesta del panista.

Pero Galindo olvidó proponer reformar el tercer artículo transitorio del dictamen, para emparejarlo con la adición, sin embargo, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, propuso que ese faltante sea abordado por la Cámara de Diputados.

Con ello —además de la reelección de alcaldes— quedaron avaladas las candidaturas ciudadanas, con posibilidad de entrar en vigor en 2012; la reelección de legisladores —en dos periodos para senadores, y tres para los diputados federales— y la consulta popular, entre otros cambios de novedad al sistema político mexicano, como la posibilidad de que si “por cualquier circunstancia” el Presidente de la República no puede rendir protesta ante el Congreso lo podrá hacer “de inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia”.

Diputados, sin acuerdo

La reforma del Senado no es del gusto del PRI en la Cámara de Diputados, principalmente en el tema de las candidaturas ciudadanas, los priístas cuestionan —en reuniones plenarias— que no se tengan los suficientes candados al financiamiento de los candidatos independientes y se pretenda acelerar un proceso que debería esperar a implementarse en 2018.

En materia de seguridad nacional, líderes de la sociedad civil pidieron a los diputados no aprobar las reformas, lo que marcó otra jornada de alta presión en San Lázaro en contra del “documento de trabajo”, que a su vez provocó que crecieran los pronósticos de que será complicado aprobarse en estos días.

Por la mañana, llegó la plana mayor del CEN del PRD, encabezada por su presidente Jesús Zambrano, con el líder en el Senado Carlos Navarrete, y junto con el coordinador en San Lázaro, Armando Ríos Píter, reclamaron que el tema se vaya a un debate amplio y al dictamen en comisiones.

Por la tarde, líderes sociales llegaron a la Comisión de Defensa Nacional y encontró seis de los 30 integrantes de ese órgano y cuatro que se sumaron a la reunión.

Miguel Concha dijo que le preocupa saber que en San Lázaro se pretende aprobar cambios con base, no en un dictamen, sino de un documento de trabajo que no se conoce en comisiones, cuando debe ser analizado primero en la Comisión de Gobernación.

Ricardo Sepúlveda, director del Observatorio Nacional Ciudadano, dijo que un tema como la Seguridad Nacional debe ser debatido de cara a la ciudadanía. Emilio Álvarez Icaza amplió que es grave la falta de pulcritud del proceso parlamentario y advirtió que falta información en un tema que obliga a la certeza.