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En cinco años, el crimen organizado pasó de ser un riesgo focalizado para la industria petrolera mexicana a una amenaza para la seguridad energética nacional que se expande a ritmo acelerado, de acuerdo con cifras e información proporcionadas por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Desde Rosarito, Baja California, hasta el sur de Chiapas, la paraestatal se enfrenta a la instalación de tomas clandestinas en los ductos y oleoductos, secuestro de carros-tanque, asalto de pipas, extracción ilegal de materiales y equipo, todo con el fin de robar gasolinas y diesel, petróleo, petroquímicos, condensados y gas.

El daño patrimonial para el país derivado de la suma de los delitos se calcula en más de 30 mil millones de pesos anuales.

Datos de inteligencia de la Gerencia de Seguridad Física de Pemex, la PGR, secretarías de la Defensa, Marina y Seguridad Pública federal hacen evidente la evolución del problema.

De los 110 casos de tomas clandestinas que Pemex registró en 2004, año con año la cantidad se elevó. En 2005 fueron 136, en 2006, 220; en 2007, 323; en 2008, 396, y en 2009, 453.

Pero el robo a Pemex no sólo se reflejó en la cantidad de actos ilícitos con tal fin, sino que se expandió territorialmente; si en 2004 se concentraban en zonas como Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y el estado de México, para 2008 eran ya 15 entidades federativas más en las que se cometían hurtos: Baja California, Durango, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Puebla y en el Distrito Federal.

A esta lista se agregaron en 2009 Aguascalientes con cuatro tomas clandestinas reportadas; Sonora con una; Zacatecas con cuatro y el estado de Chiapas con una.

De acuerdo con funcionarios de alto nivel de la dependencia, a este ritmo la red de distribución energética de Pemex estará en poco tiempo bajo control total de la delincuencia organizada.

El robo, macro y hormiga

Expedientes confidenciales de la empresa, a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL, reconocen que Pemex está atrapada en una inmensa red de corrupción en la que participan empleados de confianza, trabajadores sindicalizados y ahora el crimen organizado que han sabido sacar provecho de las debilidades y enormes vacíos de la empresa en materia de seguridad física.

Los reportes de inteligencia precisan que durante casi 10 años, la estructura de complicidad dentro de la paraestatal filtró “información confidencial” sobre el funcionamiento de los sistemas de seguridad en la empresa.

Al robo de petróleo, condensados y gasolinas se añaden la sustracción ilícita de aparatos tan pequeños como radios Trunking, computadoras de escritorio y portátiles, herramientas de uso cotidiano como pinzas, desarmadores, cables y hasta válvulas de presión que se utilizan en ductos y que más tarde son empleadas por la delincuencia para las tomas clandestinas.

Los registros de las pólizas de seguros presentados por Pemex a Seguros Inbursa en los últimos dos años revelan que la práctica del robo a autos-tanque, propiedad de la paraestatal y de los contratistas, va en aumento.

En 2008, fueron interceptados 32 autos-tanque para robarles producto; en 2009, la cifra se elevó a 50, y en lo que va del año ya suman 39.

Además, se tiene documentado que desde 2003 se ordeña gasolina Magna, Premium y Diesel en el momento mismo en que se descargan los buques-tanque en terminales marítimas como La Esperanza, en Mazatlán, Sinaloa.

Un expediente de 56 páginas documenta que personal de Pemex Refinación (PR), distribuidores de la paraestatal y presumiblemente autoridades locales estarían coludidos en este ilícito.

El problema, según la documentación, podría estar presente en las 15 terminales marítimas que actualmente opera Petróleos Mexicanos en todo el país, así como en las 19 embarcaciones propias que desplazan los productos hacia estos puntos de distribución, a donde llegan diariamente poco más de 2 millones de barriles para ser enviados a diferentes centros de procesamiento.

La Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal (PF) y la subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial de Pemex, detectaron que durante la descarga de los buquetanques se registraron faltantes del orden de 500 barriles en cada uno de los ductos (seis en total) que salen de la terminal de Mazatlán. Para evitar ser descubiertos durante la descarga, debido a la caída de presión en los ductos, los delincuentes introducen agua para suplantar los petrolíferos.

El expediente cita las fichas de 27 trabajadores de Pemex indiciados en julio de 2003, aunque la mayoría sigue laborando en la petrolera.

Apenas el 7 de julio, la Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones de la paraestatal informó a la Secretaría de Hacienda sobre el robo de una planta generadora de energía eléctrica en la estación de microondas San Miguel Atepoxco.

Esta estación corresponde a una de las principales de la ruta troncal Ductos Golfo, por donde cursan los servicios de larga distancia de voz, datos, video e imágenes que se proporcionan a las regiones del Golfo. En 2009, las estaciones de Linares y Nuevo Pemex se quedaron sin motogeneradoras por la misma razón. El costo de cada una de estas unidades es de casi 500 mil pesos.

Vacío legal a cuestas

Héctor Moreira, consejero profesional de Pemex, dice: “Hay una preocupación muy grande a nivel de Consejo de Administración porque hay una cadena de corrupción enorme que presume que puede haber gente de dentro involucrada y porque el robo de combustibles es muy rentable”.

“Se requiere robar el combustible, exportarlo con permisos falsos o incluso legales, que quien te lo compre cierre los ojos. Son necesarios tres personajes que están metidos en esto”, añade.

“Hay que tomar en cuenta, además, que el crimen organizado se ha vuelto tecnológicamente avanzado; no sólo ordeñan ductos y te quitan gasolina, sino que inyectan agua para que no baje la presión y sean detectados”.

Moreira es directo cuando comenta: “Si me roban gasolinas, me las roban porque hay un mercado, porque hay gasolineras que compran barato y venden más caro, y Pemex está acotado porque ni es policía ni es Ministerio Público”. Ahí hay un vacío legal, afirma.

El consejero revela que hay también preocupación porque las tomas clandestinas provocan fugas y derrames, sobre todo en ductos, que pueden ser sumamente peligrosos para la empresa, sus trabajadores y para la población que habita cerca de las instalaciones.

La Dirección Corporativa de Operaciones de Pemex detalla que entre 2006 y mayo de 2010 se han reportado 648 fugas y derrames en ductos, de los cuales 87 se atribuyen al “vandalismo” en la ordeña de tubos.

Hasta ahora, sólo se ha reportado afectación en cerca de 441 mil metros cuadrados de suelo y un gasto de al menos 60 millones de pesos para la contratación de empresas dedicadas a la remediación del problema.

Para Gerardo Flores Ramírez, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el problema no es tan grave.

“La información que tengo habla de menos de 1% de extracción de combustible, tanto de los ductos como a través del robo de pipas. Es una cifra que no debe menospreciarse... creo que la merma económica para Petróleos Mexicanos posiblemente no sea significativa, pero no podemos darnos el lujo de perder un solo peso”, declara en entrevista el legislador.

Apenas en mayo, la secretaria de Energía Georgina Kessel Martínez cuantificó el robo de combustibles en 9 mil millones de pesos anuales.

El diputado federal asegura que dispone de información que muestra que Petróleos Mexicanos “está haciendo su mejor esfuerzo, con las autoridades en el ámbito de seguridad, para tratar de reducir el problema al mínimo, pero dijo desconocer el nivel de éxito de estos esfuerzos”, aún cuando parte de su responsabilidad es contribuir a encontrar soluciones.

Ni los muchachos del general

El asedio del crimen organizado ha tenido que ver efectivamente en el incremento de las pérdidas para Pemex, pero análisis internos han establecido que las debilidades en materia de seguridad hacen más amplias las posibilidades de éxito para los delincuentes.

En diciembre de 2005, altos funcionarios de Pemex Refinación se reunieron en Avándaro, en el municipio de Valle de Bravo, en el estado de México, para discutir los “temas críticos” de la filial. El encuentro estuvo encabezado por el entonces subdirector de PR, Miguel Tame Domínguez (actual director), y en ella se explicó como desde hace una década viene operando el robo y un mercado ilícito de combustibles.

Desde 1997, la petrolera tenía registros de robos en las refinerías, tomas clandestinas en ductos, sustracción en las terminales de almacenamiento y distribución, ordeñas en almacenes, adulteración y calidad de productos, la venta de litros incompletos, pero al final el tema fue relegado cuando se establecieron los “temas y compromisos” de la reunión.

Hasta ese momento, empleados de confianza y trabajadores sindicalizados eran señalados como presuntos responsables de las actividades ilícitas que estaban dañando el patrimonio de Pemex.

La paraestatal llegó a desconfiar de sus propios vigilantes y equipos de seguridad, en su mayoría trabajadores sindicalizados, a grado tal que en 2006 el general de brigada diplomado del Estado Mayor, Víctor Manuel de la Peña, realizó por encargo del entonces director corporativo de Administración de Pemex, Rosendo Villarreal Dávila, un plan para integrar un ejército propio que sustituyera paulatinamente a casi 4 mil vigilantes sindicalizados por militares retirados con “récord impecable”, para salvaguardar las 288 instalaciones estratégicas de la paraestatal.

El Plan Relevo, como se le conoció, fue contundente en su diagnóstico: “El control de los accesos a las instalaciones estratégicas, que actualmente realizan 3 mil 800 vigilantes sindicalizados y 202 agentes de confianza, queda a la deriva porque sólo obedecen a sus líderes sindicales o a los jefes de quienes dependen e incurren cotidianamente en actos ilícitos”.

En ese momento, el general argumentó la falta de “control para evitar la introducción de material explosivo, armamento y productos químicos que pueden inutilizar maquinaría o puntos críticos de las instalaciones, cuantiosos robos de productos, material, equipo y herramienta, cuyo monto asciende a miles de millones de pesos y, por el contrario, se tiene la certeza de que los vigilantes sindicalizados no sólo toleran esas anomalías, sino que son cómplices”.

Incluso citó que tras el extravío de 64 armas, la Secretaría de la Defensa Nacional “les canceló la licencia de portación de armas” y las existentes en ese momento las concentró en la Gerencia de Seguridad Física de Pemex.

El Plan Relevo, sin embargo, fracasó por oposición del sindicato petrolero que encabeza Carlos Romero Deschamps, lo que dejó en indefensión a la empresa.

Para 2008, Petróleos Mexicanos sugirió contratar compañías de seguridad, lo cual recibió contraargumentos porque “las condiciones actuales del Contrato Colectivo de Trabajo establecidas entre el STPRM y Pemex no permiten la contratación de compañías externas para la realización de este servicio”.

Hasta ahora, estas labores las realizan los mismos trabajadores sindicalizados que en 2006 fueron cuestionados por la paraestatal.

¿Cuál crimen organizado?: PF

Los años recientes, Pemex ha emprendido acción legal por el saqueo en al menos 728 casos distintos. Los expedientes de todos ellos radican en la Procuraduría General de la República (PGR). Esta dependencia rechazó una solicitud para hablar sobre el estado que guardan las investigaciones. “No hay nada qué decir”, justifica.

La otra instancia investigadora, la Policía Federal (PF), con 100 elementos destinados a la empresa, asegura que detrás del robo de combustibles operan pequeños grupos de ex trabajadores de la empresa y no organizaciones criminales ligadas al narcotráfico.

Las versiones que relacionan el robo con grupos como Los Zetas, no sólo en la Cuenca de Burgos, sino en los tendidos que corren por Veracruz o Hidalgo, son falsas, afirma Armando Espinoza de Benito, jefe de división del Área de Investigación de la Policía Federal, instancia que hace un año detuvo al perredista Miguel Ángel Almaraz Maldonado y lo acusó de robarse combustible cobijado por esa organización criminal.

“Yo creo que eso es para dar un poco más de publicidad, ¿no? Es darle más publicidad al tema. La cuestión es que esa gente ya viene involucrándose porque saben a dónde se vende, ahora sí que su combustible, que muchas veces hemos visto que lo venden a la industria, a muchas gasolineras, (entre) alguna gente que ya tiene relación con ellos de años”. En síntesis, se trata de otro tipo de delincuencia, dice Espinosa de Benito.

Este año la oficina a su cargo registra la detención de 93 personas, ninguna de ellas enquistada en operaciones importantes dentro de Pemex o vinculada con grupos de narcotraficantes. Lo que ellos han declarado a los agentes, dice De Benito, describen robos y transacciones simples: “Perforan, ponen la llave de paso y agarran y meten manguera” para sustraer el combustible. Posteriormente, lo venden en las inmediaciones, sobre todo en ingenios azucareros, papelas o estaciones de gasolina a la mitad de su costo real, resume el funcionario de la PF.

Los números de su oficina distan de la realidad abrumadora dictada por Petróleos Méxicanos: además de los 93 detenidos, la Policía Federal ha desactivado este año 18 tomas clandestinas, recuperado 220 mil 600 litros de diesel, 230 mil 800 litros de gasolina, 43 mil litros de turbosina, 168 mil litros de petróleo crudo.

Aseguró hasta julio 22 autos-tanque y 14 inmuebles. Desde enero efectuó 32 inspecciones a estaciones de servicio y dos a las estaciones de almacenamiento y de reparto.