jorge.ramos@eluniversal.com.mx

El presidente Felipe Calderón anunció que el gobierno de México utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos de los connacionales afectados por la “antihumana, inaceptable, discriminatoria e injusta” ley aprobada en el estado de Arizona, que criminaliza a los inmigrantes.

Respaldó la propuesta de grupos de mexicanos en el exterior que plantean organizar una “poderosa red” de abogados que defienda los derechos de los migrantes.

Informó que ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a los consulados a trabajar con expertos jurídicos para iniciar una defensa legal. La canciller Patricia Espinosa ofreció “trabajar sin descanso” ante las posiciones “hostiles e intolerantes”.

Ayer el gobernador de Sonora anunció la cancelación de la 51 reunión de la Comisión Sonora-Arizona, programada para junio. Ambos estados llevaban 50 años ininterrumpidos de realizar el encuentro, en el que diseñan esquemas de cooperación.

En Washington, los abogados del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca analizan la ley para determinar si amerita una intervención del gobierno federal ante una posible violación de los derechos civiles.

La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó también la ley por considerar que discrimina de manera clara a la población latina. “Crea las bases para una discriminación racial, que consideramos inaceptable”, afirmó el secretario general José Miguel Insulza.

Mexicanos en el exterior se unieron a la demanda de boicotear el estado.