CIUDAD JUÁREZ, Chih.— El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), una dependencia del gobierno federal, “condenó” y “repudió” el homicidio de la luchadora social del Valle de Juárez, Josefina Reyes Salazar, y exigió que los responsables sean presentados ante la justicia.

“Es indignante que la violencia siga prevaleciendo en el país y se manifieste en contra de personas que luchan contra la represión, la violencia y la violación de los derechos humanos”, expresó ayer Inmujeres en un comunicado.

Demandó un trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno para que se garantice la seguridad, pues “este tipo de acontecimientos amenazan y obstaculizan el libre ejercicio de la actividad de los defensores de los derechos humanos”.

El Centro de Derechos Humanos de la Mujeres (CEDEHM) también condenó el asesinato de la activista ocurrido en esta frontera el domingo, y cuestionó la falta de acción de las autoridades para proteger a las organizaciones civiles.

Desde la desaparición forzada de su hijo Miguel Ángel Reyes a manos de miembros del Ejército, Josefina comenzó a exigir públicamente la presentación inmediata de éste ante las autoridades correspondientes y a denunciar los abusos militares en la entidad.

El Centro detalló que en los últimos meses Josefina Reyes realizó diversos actos públicos en los que solicitó la presentación de su hijo.

En verano de 2008 realizó una huelga de hambre frente a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Juárez. En agosto de 2009 participó en el foro contra la Militarización y la Represión, organizado por el Frente Nacional Contra la Represión.

Como consecuencia de las actividades y protestas que realizó luego de que su hijo Julio César fuera asesinado en el Valle de Juárez, tras la llegada de las fuerzas federales a la frontera para combatir la violencia y que se agrupan en el Operativo Conjunto Chihuahua, el domicilio de Josefina fue allanado en tres ocasiones por miembros del Ejército.

Presionan a PGR

Miembros de distintas organizaciones no gubernamentales anunciaron la realización de protestas frente a la PGR y marchas durante el fin de semana, para exigir el esclarecimiento del asesinato.

Dijeron que solicitarán a la comunidad europea que envíe brigadas de paz de la Organización de las Naciones Unidas para proteger a los activistas en esta frontera y el resto del estado de Chihuahua, como ya funcionan en Guerrero.

Hoy protestarán frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República y marcharán el próximo sábado.

Cipriana Jurado Herrera, directora del Centro de investigación y Solidaridad Obrera, y Judith Galarza, secretaria ejecutiva de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, organismo de consulta de la ONU, informaron que no se permitirá que este asesinato sea uno más de los más de 4 mil 300 registrados en esta ciudad en los últimos dos años.

Informaron que exigirán al Ejército que se retire de las calles, ya que el Operativo Conjunto no ha logrado reducir el índice de violencia en la ciudad y existen sospechas de que ellos pueden estar participando en una limpieza social.

“Pareciera que a las autoridades en vez de ayudar y brindar seguridad a la ciudadanía, les interesa más callar las voces de las personas que están denunciando los ilícitos que se están cometiendo en las revisiones o detenciones que realizan”, dijo Galarza, juarense que tiene una hermana desaparecida desde 1978.

Cipriana Jurado dijo que el asesinato de la activista fue anunciado con anticipación, ya que delincuentes del Valle de Juárez realizaron un volanteo en el que le exigían que abandonara el ejido Guadalupe, y le daban 24 horas para hacerlo.

Señaló que fueron varias las amenazas y aunque se denunció el hecho ante diferentes instancias policiacas, no se hizo nada al respecto.