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Salió de Oaxaca con la promesa de que trabajaría en un campo de cultivo de Baja California. La paga sería buena, le dijeron. Cruz Ángel Alcalá subió al camión del “enganchador”; llegó a Ensenada, el viaje continúo varias horas más. Llegó a un rancho custodiado por hombres armados. Lo que vio no se parecía en nada al panorama que le habían pintado. Los jornaleros no podían salir. La comida que les daban era poca y mala, dormían en galeras y trabajan más de ocho horas diarias, cortando espárragos.

Después de dos intentos y varias semanas de encierro, Cruz Ángel escapó. Pidiendo aventón llegó hasta El Rosarito, Baja California. Ahí contó su travesía a funcionarios del DIF y de la Procuraduría estatal de Derechos Humanos y Protección Ciudadana. Les dijo que en el lugar había como 30 jornaleros más que no podían salir.

El 20 de abril de 2009, personal de la Procuraduría de Derechos Humanos lo llevó a presentar una denuncia por privación ilegal de la libertad. Cruz Ángel sólo quería regresar a su tierra. El DIF pagó su boleto para Oaxaca. Ninguna autoridad investigó su caso.

Historias como la de Cruz Alcalá se escuchan cada vez más en Baja California, Chihuahua, Sonora o Sinaloa. Lo que le sucedió a este oaxaqueño, de 28 años, es la muestra extrema de la explotación laboral que viven hombres, mujeres y niños, jornaleros que trabaja en los campos de cultivo de Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua o Michoacán.

Un ejército que se integra por casi 3 millones de personas, la mayoría indígenas y migrantes. Son originarios de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Guanajuato, Chiapas y otras entidades. Van en busca del trabajo que no encuentran en el lugar donde nacieron.

“Son los esclavos modernos”, dice Margarita Nemesio, coordinadora del área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. “Es una población explotada, a la que no se le respetan sus derechos y a la que se tiene encadenada a la pobreza”.

“El patrón luego no paga”

Es común que los jornaleros trabajen por día o por “tarea”. Es decir, se les paga por cada surco “deshierbado”, por cada caja de hortaliza o fruta recogida.

Por una cubeta de 20 litros llena de jitomate, reciben 3 pesos. Por “hilar” un surco de chícharo, 5 pesos.

Trabajar en un campo de girasoles no es algo romántico. Natalia puede decirlo. El paliacate que cubre su rostro sólo deja ver sus negros ojos. Esta joven, de Tlaxiaco, Oaxaca, corta flores en el Rancho Twins. Su labor empieza antes de que el sol salga y termina casi a las cuatro de la tarde. El trabajo es duro, los dolores de cintura constantes. El sueldo, cuando lo hay, es de 120 pesos al día.

—Hace dos semanas que no nos paga el patrón.

—¿Por qué?

—No hay dinero, dicen.

—¿Y ustedes, qué hacen?

—Ahorramos o pedimos prestado.

Muchos jornaleros piden fiado en las tiendas que, en su mayoría, son de los mayordomos. Hay quienes deben hasta 9 mil pesos.

Florencio Posadas Segura, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, estudia las condiciones laborales de los jornaleros. Encontró que poco más de la mitad (55%) ganaba 496 pesos semanales.

Ese salario, asegura, es ilegal por estar por debajo de su valor real. “No les pagan horas extras, prima vacacional ni aguinaldo. Obtienen una tercera parte del salario que deberían recibir”.

Si reclaman, se quedan sin trabajo. A Pedro y a 40 jornaleros más los despidieron del Rancho La Joya, en Baja California. “Pedimos más sueldo, porque el patrón llevaba mucho pagando lo mismo. Nos corrieron. Teníamos seis años trabajando ahí y no nos dieron nada”.

Estos indígenas se organizaron y demandaron a la empresa. “El patrón dijo a otros que no nos contrataran. De los 40, sólo 17 aguantamos con la demanda. Tardamos mucho para tener trabajo”, cuentan. Han pasado 10 años, y su “asunto” sigue sin resolverse en el Juzgado Décimo de Distrito de Ensenada.

Sin derechos laborales

Juan, indígena triqui de 28 años, ha sido jornalero la mitad de su vida. Sabe de abusos laborales: “Hay ranchos donde entras a las siete y sales a las siete de la noche. Si te sientas antes de la hora, el mayordomo te castiga. Cuando hay mucho trabajo, no descansas ni domingo. Si fallas un día, cobras la mitad de la semana. Dan agua salada que te da diarrea”.

Los derechos laborales son “letra muerta” para los jornaleros, remarca Posadas Segura. Este investigador ha entrevistado a empresarios agrícolas. La opinión generalizada entre los patrones, señala, es que los migrantes nacieron para trabajar en el campo, “pues están chaparritos, tienen la estatura adecuada”, dicen. Además, “creen que hacen un favor a esta gente al darles trabajo”.

Los más pobres

Cada año, entre septiembre y abril, la montaña de Guerrero se queda casi vacía; 70% de sus pobladores se van de jornaleros. De los 19 municipios de la montaña, 11 tienen un alto flujo migratorio y 10 alta marginación.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, más de 8 mil indígenas de la región viajan al norte del país. Esta migración no ha mitigado la pobreza, asegura Margarita Nemesio, del Tlachinollan. “Regresan con poco dinero y enfermos”.

Hilario trabaja desde los 10 años en los campos del Valle de San Quintín. Es de Oaxaca y tiene 29 años.

—Antes no usaban tanto químico. Ahora, hay más. Uno se siente mareado; da vómito y calentura. Cuando “gasean” no dan protector.

—¿Les avisan que van a fumigar?

—No. Si hay viento, el gas cae en los ojos; tardas media hora de puro llorar. Sólo dicen: “No se sienten ahí, porque se les va a pudrir el ano con el químico. Y pues uno está agachado, trabajando”.

En sus recorridos por los campos, Posadas Segura ha comprobado que se utilizan plaguicidas prohibidos, como el Parathion. “En Sinaloa, las avionetas fumigan encima de los trabajadores”.

Además, secuestrados

Cada año, Tlachinollan recibe un promedio de 40 llamadas de jornaleros por los problemas que viven en los campos. En los últimos dos años, contabilizó la muerte de seis niños.

El 7 de febrero de 2009, un camión mató a Ismael, de un año y ocho meses. Sus papás recolectaban ejote en Sinaloa. Timoteo, de tres, perdió un brazo en Chihuahua. En Sonora, una niña murió al incendiarse una “cuartería”.

La mayoría de las llamadas son por “la falta de pago o que los empresarios no los dejan regresar”, explica Margarita, de Tlachinollan. La organización ha recibido llamadas denunciando que “los camperos están armados y no los dejan salir”. Eso ha sido en Navolato, Sinaloa. Este año, estos reportes aumentaron.

En marzo, jornaleros guanajuatenses escaparon del Rancho Las Mercedes, en Sonora, donde eran maltratados. En septiembre, indígenas de Oaxaca denunciaron los malos tratos en el Rancho El Consuelo, en Baja California Sur. No los dejaban salir. Este mismo año, narcotraficantes secuestraron a jornaleros en Sinaloa. En ninguno de los casos se realizan investigaciones a fondo.

Servicios médicos, un sueño

Agustín tiene 16 años. Está en cama, se recupera de un accidente. El 17 de octubre, un camión le pasó encima. “Mi mochila se enganchó con el camión”. No tenía Seguro Social.

En 1995, reformas a la ley hicieron obligatorio el Seguro Social a los trabajadores eventuales del campo, recuerda María Teresa Guerra Ochoa, autora del libro Los trabajadores de la horticultura sinaloense. Los empresarios se ampararon para no cumplir con la obligación.

“Esta reforma nunca se ha cumplido”, dice Guerra Ochoa. Sólo 5% de los jornaleros tienen seguridad social. “Los empresarios sólo registran en el IMSS a los trabajadores de confianza. Cuando el jornalero requiere atención médica, le dan el pase de otra persona o lo dan de alta sólo por unos días”.

Herederos de la pobreza

Alma tiene ocho años. Ella y su hermana, Alicia, de 6, hablan español. Su mamá sólo habla mixteco. Llegaron al Valle de San Quintín hace unos meses. Nacieron en Santa Cruz, Malinaltepec, Guerrero, uno de los municipios más pobres del país.

Tres mujeres, dos bebés y cinco niños son los únicos habitantes que, a las dos de la tarde, están en esta “cuartería”. Así se le llama a esta hilera de 20 cuartos de lámina, donde sólo hay un baño. Los empresarios prestan esos cuartos a sus trabajadores.

Posadas Segura, en su libro El proletariado agrícola en el estado de Sinaloa, señala que las “cuarterías” o “galeras” son “campamentos de concentración de obreros agrícolas”. En las “cuarterías” es común que los niños, de 7, 6, 4 y 3 años, se queden solos mientras sus padres salen a trabajar al campo.

La mayoría de estos niños no estudia, porque no hay una escuela cerca, porque cuando regresen a sus comunidades no les harán válido lo que estudiaron como migrantes o porque la desnutrición no los deja aprender. El promedio de estudio de los jornaleros es de tercer grado de primaria.

“Estos niños heredan la pobreza. No pueden salir de ese círculo porque no están sanos y no se van a educar. Es la población más vulnerable del país”, asegura Nashieli Ramírez, de Ririki Intervención Social, organización que trabaja con niños migrantes.

Ramírez menciona que las políticas para combatir la pobreza no llegan a esta población. No son beneficiaros de Oportunidades, “por su condición migrante”. El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, creado en 1990 y dependiente de la Sedesol, comenzó con un buen impulso, pero ahora no tiene presencia, coinciden especialistas. Lo que sí continúa es la tradición de que los hijos de jornaleros trabajen desde los 11 o 12 años.

En México está prohibido que los menores de 14 años trabajen, pero no está penado en el Código Penal Federal.

Amigos del Presidente

La investigadora Guerra Ochoa resume en una frase por qué los empresarios agrícolas que explotan a los jornaleros no son sancionados, aunque violen diversas leyes: “Tienen mucho poder económico y político. Han sido consentidos por el Estado. Es un sector que tiene interlocución directa con el Presidente”.

No exagera. El 4 de marzo de 2009, el presidente Felipe Calderón terminó su gira de trabajo por Baja California con una fiesta en el Rancho Los Pinos, en el Valle de San Quintín.

Las crónicas periodísticas informaron que el festejo fue para celebrar el cumpleaños de Benjamín Rodríguez Hernández, uno de los propietarios del rancho. El otro dueño es Antonio Rodríguez Hernández, ex diputado en Baja California y ahora secretario de Fomento Agropecuario en la entidad.

En el Valle de San Quintín, jornaleros coinciden: “El peor lugar pa’ trabajar, el que menos paga, es el Rancho Los Pinos”. Lo curioso es que se trata del rancho más grande y con más tecnología.

Este rancho también es famoso porque las “cuarterías” donde viven sus trabajadores están rodeadas por “una malla” de alambre y el acceso es vigilado por guardias.

Presión internacional

El pasado 5 de noviembre, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tlachinollan denunció el “desinterés del Estado mexicano por revertir el trato discriminatorio, deshumanizante y de explotación que padecen miles de indígenas por parte de empresarios agrícolas”. Las organizaciones pidieron a la CIDH hacer una visita a los campos para constatar las condiciones de los jornaleros.

Tlachinollan y otras organizaciones realizan una campaña exhibiendo el documental Migrar o morir, sobre todo en Estados Unidos, país al que se destina la mayoría de los productos que cultivan los jornaleros. “Queremos que la gente vea cuáles son las condiciones de los jornaleros, para que exista presión hacia las empresas”, resalta Margarita Nemesio.

El próximo 14 de diciembre, Enrique Mauricio Guzmán, de 54 años, dejará Santa María Tonaya, en Guerrero, para ir a Sinaloa y trabajar en la pizca de pepino, calabaza, chile o tomate. “Empecé a trabajar cuando era muy pequeño… Aquí está secón, ya ni agua hay. Estamos muy jodidos”, relata.

Su papá fue jornalero migrante; sus hijos, de 15 y 16 años, también lo son.

“Vamos allá y poquito juntamos. Antes sí nos daban aguinaldo, un peso por día, pero hace un año ya no me tocó. Dicen que la ley ya no da”.

—¿Cómo lo tratan en Sinaloa?

—Hay encargados que te tratan bien, otros mal. Tiene que aguantar uno, ¿qué se hace?