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En medio de inconformidades, la Secretaría de Gobernación (Segob) otorgó a la empresa holandesa Smartmatic International Holding un contrato por 299.4 millones de pesos para proveer 2 mil equipos para obtener datos biométricos para la Cédula de Identidad Ciudadana (Cedi), empresa que según reportes periodísticos de Estados Unidos ha sido investigada por el gobierno de ese país.

Gobernación determinó que esta empresa cumplió con los requisitos solicitados en la convocatoria emitida el 2 de octubre de 2009 para ganar la primera de dos licitaciones que otorgará el gobierno federal para elaborar 105 millones de micas de identificación.

El proceso de elaboración de las cédulas finalizará en 2012. La otra licitación es por 500 millones de pesos para adquirir el software de creación y registro de información de micas.

Esta contratación le permitirá a Gobernación, con base en la Ley General de Población, registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad.

“La adquisición de los equipos especializados permitirá la integración de la información biométrica de las personas al Registro Nacional de Población (Renapo) a fin de garantizar el ejercicio de su derecho a la identidad”, informó la dependencia en un comunicado.

En el texto, se menciona que la Segob trabaja con el Instituto Federal Electoral (IFE) en la exploración de sinergias relativas a la emisión de una identificación oficial, desde el anuncio que hicieran ambas autoridades el 20 de agosto pasado.

Alfredo Torres, gerente de licitaciones de Soltic, empresa que perdió en el concurso, expresó su inconformidad porque ofreció una oferta 100 millones de pesos más económica que la vencedora.

Otras cuatro empresas constituidas con capital mexicano fueron también desechadas.

“Contamos con el equipo más avanzado para elaborar ese documento”, aseguró Torres, quien pidió la palabra en varias ocasiones, pero Daniel Barrón subdirector de servicios de la Segob dijo que “no era el momento”.

“Pues claro que es momento”, insistió el representante de Soltic. Funcionarios de la dependencia le informaron que tiene 10 días para presentar por escrito su inconformidad ante Gobernación y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Entre los argumentos por los que Soltic perdió, está que “no presentó traducción simple al español de sus propuestas”.

En el acta de fallo, se establece que el presupuesto para el año 2010, “estará sujeto a la disponibilidad financiera y presupuestaria autorizada por la Secretaría de Hacienda con base en los artículos 24, 25, 36 y 36 bis de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos.

El diario New York Times en 2006 dio a conocer que el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS) investigaba si el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez tiene control o influencia sobre las operaciones de la empresa ganadora.