México: CIDH no puede juzgar el caso Radilla
AUDIENCIA. La CIDH acusó ayer al aparato político y militar de México de delitos de lesa humanidad en la guerra sucia. (Foto: JEFFREY ARGUEDAS / EFE )
politica@eluniversal.com.mx
SAN JOSÉ.— El gobierno de México aseguró
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no tiene
competencia para juzgar la desaparición forzada de Rosendo Radilla
Pacheco durante la denominada guerra sucia.
Una audiencia ayer en
la CIDH sobre la desaparición forzada de un campesino mexicano en 1974
en Guerrero se convirtió en un debate para acusar al aparato político y
militar de México de delitos de lesa humanidad en la guerra sucia
contra movimientos guerrilleros izquierdistas en la década de 1970, con
impunidad y un “patrón sistemático” de violaciones a los derechos
humanos.
Al fijar la posición de México, el secretario de
Gobernación, Fernando Gómez Mont, desconoció la competencia de la CIDH
para enjuiciar a su país por hechos que ocurrieron antes de que la
Corte empezara a funcionar, en 1979, y de que México ratificara la
Convención Americana de Derechos Humanos e ingresara en 1998 a ese
tribunal, instancia judicial autónoma de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
En la sede de la Corte, Gómez Mont defendió al
Ejército de México y admitió la desaparición y presuntamente muerte de
Radilla Pacheco. Insistió que la CIDH es incompetente en el caso.
Radilla
desapareció el 25 de agosto de 1974 en un retén militar del Ejército en
Atoyac de Álvarez, Guerrero, y su caso llegó a la Corte por presión de
los familiares de la víctima. El general de división Mario Quirós
Hermosillo, quien era uno de los jefes militares de Guerrero, enfrentó
una acusación por la desaparición de Radilla, pero murió.
El
secretario adujo que la guerra sucia ocurrió porque “la conflictividad
política” del país “era una realidad” de un sistema “hegemónico” que
fue impuesto por el PRI y “centralizado en la figura presidencial, en
donde no existía contrapeso”.
De la respuesta militar a los
conflictos en la guerra sucia, alegó que el sistema del PRI dificultaba
la alternancia del poder y otros grupos que eligieron “estrategias
violentas provocaron el resguardo cada vez más celoso de dicho sistema
para contenerlos”.
Al argumento del secretario, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, de Washington, y los representantes
legales de la familia de Radilla Pacheco recalcaron en que el Estado
mexicano es culpable del delito de lesa humanidad.
La
desaparición forzada es un “crimen” que es un delito “de lesa humanidad
de carácter permanente, continuo y pluriofensivo”, afirmó ante los seis
jueces de la CIDH, en la exposición de cierre, el mexicano Juan Carlos
Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos y representante de la familia Radilla.
Las
partes deberán presentar sus argumentos por escrito a más tardar el
próximo 14 de agosto. La CIDH emitiría sentencia en el segundo semestre
de 2009, según datos oficiales.
En entrevista telefónica,
Gutiérrez lamentó que Gómez Mont defendió la aplicación del fuero y del
código de justicia miliar como elementos para mantener la disciplina,
pero no abrió la posibilidad de llevar a cabo reformas legales a fin de
que los casos en que estén implicados civiles sean juzgados por
tribunales civiles.
Manifestó que en la reparación del daño se
proponen cambios legislativos como reformas al fuero y al código de
justicia militar; la recuperación de los cuerpos de los desaparecidos y
obras públicas para el pueblo de Atoyac.
De acuerdo con Gutiérrez, los jueces de la Corte se interesaron en cómo funciona en México la justicia militar.
En
calidad de testigos Tita y Rosendo Radilla Martínez, hijos de Rosendo
Radilla Pacheco, explicaron ante la Corte cómo se llevó a cabo la
detención y qué significó para la familia.
Rosendo hijo, quien
presenció la detención de su progenitor, recordó que incluso dejo de
estudiar para apoyar a su madre con la manutención de sus 11 hermanas.
El
abogado Miguel Sarré, en calidad de perito especializado, detalló cómo
funciona en el Estado méxicano la justicia militar y que no era el
espacio adecuado para tratar violaciones a los derechos humanos.