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Al amanecer del 18 de enero de 2008, Héctor Murguía Lardizábal, ex alcalde de Ciudad Juárez, telefoneó a Marco Antonio Torres Moreno, quien fue su secretario de Seguridad Pública. Durante la noche anterior, Saulo Reyes Gamboa, al que ambos sostuvieron como director operativo de la policía municipal, había sido arrestado en El Paso, Texas, después de que intentó sobornar a un agente federal estadounidense para cruzar la frontera con una tonelada de mariguana.

“Los dos estaban sorprendidos, y se preguntaron si estaban enterados de los negocios de Saulo”, cuenta un colaborador cercano de Torres, quien pidió confidencialidad.

Reyes Gamboa, de 37 años, fue clave en la conducción operativa de la policía —hoy bajo el control del Ejército mexicano—, pero también el principal proveedor de insumos y servicios para la administración municipal desde 1994, según consta en documentos oficiales de la misma administración y del Registro Público de la Propiedad difundidos por medios locales.

Desde la delegación de la Coparmex, a la que perteneció antes de asumir como jefe de policía, diseñó asimismo las estrategias de seguridad pública que a la postre implementaría como director de la dependencia, y formó parte del Consejo de Seguridad en representación de los empresarios. La noticia de su captura sobrevino dos meses después de que abandonara aquel cargo público.

El revuelo causado por su detención obedeció, sobre todo, al estrago que pudiera provocar al futuro político de Murguía Lardizábal, hoy designado candidato a diputado federal por el PRI para el distrito 02 y a quien, por otra parte, encuestas ubican como el político más popular entre quienes buscarán la gubernatura el próximo año. La de El Heraldo de Chihuahua, por ejemplo, encontró que el 57.2% de los chihuahuenses lo reconoce con facilidad.

Entonces, la prensa dio cabida a versiones que sostenían que la campaña para alcalde de Murguía Lardizábal había recibido 100 mil dólares provenientes del narcotráfico, a través del empresario y ex servidor público detenido. “Ni un cinquito partido por la mitad, ni para campaña electoral, ni para sociedades empresariales”, refutó en una entrevista concedida a El Diario de Juárez el mismo 18 de enero.

Candidatos y el crimen

El de este ex alcalde de Ciudad Juárez fue uno de los ejemplos de candidaturas presuntamente vinculadas al crimen organizado que tomó, en marzo, el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, para referirse a la supuesta incongruencia con la que el PRI designó contendientes para las elecciones intermedias del próximo verano. Y semanas más tarde, él mismo obligó a renunciar a la candidata a alcalde de Colima, la diputada federal Esmeralda Cárdenas Sánchez, bajo el argumento de que dos de sus hermanos estuvieron implicados en delitos contra la salud.

Tal decisión fue calificada de “ilegal” por su antecesor, Manuel Espino, en una entrevista concedida a Horacio Jiménez, de EL UNIVERSAL: “Hay un caso muy lamentable, que para mí significa un atropello: designamos candidata a una alcaldía a una diputada federal, y desde el Comité Nacional le quitaron la candidatura. Eso es ilegal, yo la defendí y todavía estoy esperando que me muestren la renuncia de la diputada, porque me dijeron que renunció y no hay tal”.

En Coacalco, estado de México, el PRD libra su propia batalla contra el descrédito. El hombre al que designó candidato para alcalde, Alejandro Gamiño Palacios, fue detenido en noviembre de 2005 en posesión de mariguana, cocaína y un rifle AK-47, en la céntrica colonia Morelos del Distrito Federal. “Tan sólo con ese antecedente, no debiera ser candidato”, afirma Gustavo Hinojos Camacho, quien perdió por 900 votos ante Gamiño en la elección interna de su partido. “Por eso es que nueve de los 12 precandidatos que contendimos en el proceso de selección estamos impugnando por la vía legal esa designación (…) la suya es también una campaña financiada por el narco, eso es lo que se dice, y por eso él pudo comprar voluntades; no hay otra forma de explicar su poder de compra, de voto y dirigentes”.

Fallas de “blindaje”

La polémica que acompaña a la designación de candidatos de los tres principales partidos políticos sucede a pesar de que este año se formalizó un acuerdo con el Instituto Federal Electoral para blindar el proceso selectivo. Analistas políticos consideran que no sólo el fracaso de esto es evidente, sino que se ha dotado a la delincuencia organizada de un estatus inédito, convirtiéndola en actor principal. “Cuando planteas un blindaje das lugar justo a lo que se quiere evitar: la sospecha de que no existe área sin vínculos con la delincuencia organizada”, explica Héctor Padilla, investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). “En este sentido, la medida fue desafortunada, porque además el IFE carece de infraestructura para investigar este tipo de delitos y la penetración del crimen organizado en las elecciones”.

A su vez, Israel Covarrubias, director de la revista Metapolítica, opina que “tenemos las listas de diputaciones federales, alcaldías y gobiernos estatales en las que hay personajes que se inscribieron tanto en el PRI como en el PAN y el PRD, que hacen suponer que hay una falla fundamental, porque el blindaje está allí, pero no se cumplió. Esto lesiona al proceso democrático desde que permites la cohabitación de mecanismos informales, que al final hace que un régimen político-democrático se vuelva insustentable”.

¿Relaciones peligrosas?

El 17 de febrero de 2000, la delegación de la PGR en Jalisco emitió el comunicado B/107/00, para informar del arresto de cuatro sujetos a quienes supuestamente les decomisó 184 kilos de mariguana, una camioneta de doble tracción, una cuatrimoto y una báscula. Se les sorprendió, según el documento, en una brecha que conduce al Rancho de las Nueces, en Jilotlán de los Dolores, municipio de Tierra Caliente. Entre los detenidos estaban Jaime y René Cárdenas Sánchez, hermanos de la diputada federal Esmeralda Cárdenas Sánchez.

Por ese antecedente familiar, la diputada panista fue señalada por el gobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos, lo mismo que el senador de ese partido Jesús Dueñas, como políticos con nexos con traficantes. “Tras esa acusación falsa, yo lo que hice fue ofrecer a la opinión pública el estado de mis cuentas bancarias, y las de mi esposa”, dice en entrevista telefónica el senador. “Y con eso le callé la boca al gobernador”.

Las acusaciones públicas tuvieron un impacto insospechado para Cárdenas Sánchez, quien el 16 de abril fue notificada por el Comité Ejecutivo Nacional panista de que su candidatura no fue avalada, según expuso ella misma en la estación radiofónica XERL, de Colima. “Me dijeron que siempre no, y ya podrán imaginarse cómo me siento”.

Según Manuel Espino, en realidad la dirigencia estatal del PAN trabajó para despojar a Cárdenas de la candidatura. El argumento, dijeron otras fuentes del partido al reportero Horacio Jiménez, era simple: no se podía descalificar a candidatos adversarios por sus relaciones con el crimen, teniendo una abanderada con los mismos nexos.

“Lo que puedo decir es que después de la mayoría de edad, ni los padres ni los hermanos ni los amigos son responsabilidad de uno”, opina el senador Jesús Dueñas respecto al episodio que despojó de la candidatura a Cárdenas Sánchez. La diputada, a quien se solicitó una entrevista, no quiso responder.

En Colima, el PAN ha desplegado una de sus más fuertes ofensivas para denostar a un candidato del PRI, en este caso a Mario Anguiano Moreno, quien busca ser gobernador y cuyo hermano Humberto fue detenido por agentes federales en junio de 2003, bajo acusaciones de distribuir metanfetaminas, mariguana y cocaína. Este tipo de imputaciones es una suerte que comparten muchos otros candidatos, entre ellos Alejandro Gamiño Palacios, quien antes de ser detenido en 2005 fue alcalde de Coacalco y diputado local por el PAN.

La información publicada por los medios capitalinos precisa que fue sorprendido en una camioneta Jeep Liberty mientras circulaba en sentido contrario por la calle Jaime Nunó, casi en su intersección con Reforma, en las inmediaciones del barrio de Tepito, adonde habría acudido a comprar la droga. Tras una persecución, que se prolongó hasta Insurgentes y Eje 2, Gamiño Palacios fue detenido. El parte policial, referido por la averiguación previa PGR/DF/SZC/CAM/ XID/4729/2005-11? dice que llevaba medio kilo de mariguana, 62 grapas de cocaína y un fusil AK-47 con dos cartuchos. Dos años y tres meses después, fue liberado de culpa por el juez. Al momento de su detención, Julieta Villalpando, una sobrina suya, ostentaba la alcaldía de Coacalco.

Blindaje, “letra que no se cumple”

Estas relaciones, aceptadas o no por sus protagonistas, tienen repercusiones inmediatas en la percepción pública, dice el investigador de la UACJ Héctor Padilla. “La política está bajo sospecha, y hablar de blindaje en este contexto es difícil, porque además las instituciones, no sólo las encargadas de la seguridad pública, han sido permeadas por el crimen organizado. Pero aún así, el tema de los vínculos debe tratarse con cuidado y responsabilidad, porque eso no tiene por fuerza que atentar contra la honorabilidad de un individuo”.

Padilla opina que en elecciones intermedias, como las de este año, se consolidan las fuerzas políticas regionales que posteriormente buscan alcaldías, congresos locales y gobiernos de los estados, es decir, los territorios en los que por años ha buscado influir la delincuencia organizada. “En el caso de Chihuahua, lo que está en juego no son los escaños, sino quiénes los ocupan y cómo se perfilan para las próximas elecciones. Los políticos están en una medición de fuerzas dentro y fuera de sus propios partidos. Es el caso de Héctor Murguía, quien se mide con miras a contender por el gobierno de Chihuahua. Por eso es importante centrarse en lo que sucede y cómo sucede”.

Si en las listas finales de los partidos quedaron candidatos con acusaciones públicas por sus posibles vínculos o su pasado relacionado con el narcotráfico, entraña un riesgo no tanto para las instituciones políticas, sino para el Estado, opina Israel Covarrubias, de Metapolítica: “Todo esto tiene que ver con una suerte de ‘normalización’ de lo prohibido, más que de legalización. Al final, tiene que ver con estos mecanismos que hacen ver al narcotráfico, con los distintos grupos y sus distintas variaciones, como un actor más que necesita también de la representación política formal. Ya no solamente son los acuerdos tácitos que han existido entre gobernantes, policías, narcotraficantes y otros agentes sociales, sino que hay un empuje por capturar una parte de la representación política formal. Esto erosiona el margen de maniobra que tiene un Estado”.

Al final, dice, “el blindaje terminó siendo, no letra muerta, sino letra que no se lee, que no se cumple”.