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MIAMI.— El ejercicio del periodismo en México sigue siendo una práctica de “alto riesgo”, tanto por los asesinatos y agresiones físicas contra los comunicadores, como por el nivel de impunidad de los crímenes que siguen sin resolverse, señaló un informe semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

“El asesinato de dos periodistas, la desaparición de dos, el crimen de tres voceadores y las amenazas contra nueve comunicadores, revelan que la inseguridad para la prensa y la impunidad que rodea a los casos anteriores siguen siendo un tema pendiente”, indicó el informe presentado por Juan Fernando Healy, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del diario El Imparcial de Hermosillo, ante la 63 asamblea general de la SIP que concluye mañana martes.

El reporte reflejó la preocupación del medio periodístico latinoamericano ante la situación imperante en México, “a pesar de que se esperaban mejoras”, luego de que asumiera en diciembre de 2006 el presidente Felipe Calderón.

Destacó el caso del reportero Alfredo Jiménez, de El Imparcial, desaparecido hace 924 días, sin que hasta la fecha se haya podido determinar quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de este hecho.

También se refirió a los asesinatos de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza. Miranda, codirector del semanario Zeta de Tijuana, fue ultimado hace 23 años sin que el crimen haya sido esclarecido. En el caso de Oropeza, un columnista de Ciudad Juárez, los responsables no han sido llevados ante la justicia, “a pesar de la promesa oficial de resolverlo”.

Despenalizan difamación e injurias

Como aspectos positivos a destacar durante el último semestre, desde la anterior asamblea general de la SIP, realizada en marzo pasado, el informe sobre México mencionó la reforma legislativa aprobada en el Senado para despenalizar los delitos de calumnia, difamación e injuria, conocidos como “delitos de prensa”.

“La reforma está vigente para el fuero federal, pero todavía falta que sea adoptada en los estados para que tenga vigencia en el fuero común”, indicó el informe presentado por Juan Fernando Healy.

“En materia legislativa sigue también pendiente la demanda que la SIP viene haciendo desde 1997, para que los delitos que atentan contra la libre expresión puedan ser atraídos a la jurisdicción federal, así como que éstos sean considerados con agravantes y que no prescriban”, agregó.

Al referirse a los hechos de violencia contra periodistas entre marzo y octubre en el territorio nacional, el informe denunció el asesinato de dos comunicadores y de tres voceadores, así como la desaparición de otros dos profesionales del periodismo.

Entre los homicidios destacan el del corresponsal de Televisa en Guerrero, Amado Ramírez, fue asesinado por un desconocido el 7 de abril, cuando salía de una radioemisora en Acapulco, después de haber recibido amenazas de muerte.

El reportero del semanario Interdiario, Saúl Martínez Ortega, fue secuestrado frente a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública en Agua Prieta, Sonora, y su cuerpo sin vida fue hallado una semana después en el estado de Chihuahua.

El lunes 8 de octubre, los voceadores Mateo Cortés Martínez, Agustín López y Flor Vásquez López, del periódico El Imparcial del Istmo en Oaxaca, fueron asesinados por desconocidos que les dispararon desde una camioneta en marcha.

En Monterrey, Gamaliel López, reportero de TV Azteca Noreste, desapareció el 14 de mayo junto con su camarógrafo, Gerardo Paredes, cuando se dirigían a cubrir una historia en esa ciudad.

El informe detalló numerosas agresiones contra periodistas en distintos puntos de México, como el atentado que sufrió el 8 de mayo en el DF una camioneta en la que viajaba la periodista Lydia Cacho, quien ha denunciado la existencia de una red de pederastas vinculados con altos funcionarios a nivel estatal.