caviles@eluniversal.com.mx

El paquete de reforma penal que el presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión tiende a elevar a rango constitucional medidas que atentan contra los derechos humanos y que no han demostrado ser eficaces para combatir a la delincuencia organizada, alerta el presidente de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), Sergio García Ramírez.

El ex procurador General de la República y del DF, juez penal y especialista en la materia pide al Congreso de la Unión analizar con calma y sin presiones la iniciativa del ejecutivo.

“Es prudente señalar que esas modificaciones se hagan de manera muy reflexiva, se trata de fortalecer la seguridad de todos los ciudadanos, no de retirar derechos y garantías”.

De acuerdo con su punto de vista, existen propuestas peligrosas como la de dotar de más facultades al ministerio público para catear un domicilio sin contar con una orden judicial.

Así como las que le dan prácticamente independencia a la policía para investigar sin el control de una autoridad ministerial o la de contar con aval constitucional para arraigar a alguien primero y después averiguar si es responsable del delito, cuando el proceso debe ser al revés”, advierte.