La renovación escalonada de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y reducir 50% el financiamiento público para las campañas, con una duración de 90 días para las elecciones de cada seis años, establece la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral.

Asimismo, prohíbe la “propaganda negra”, esto es, la difusión política o electoral que “denigre a las instituciones, los partidos o las personas”, y faculta al órgano electoral para sancionar no sólo a partidos sino también a personas físicas y morales.

Por ahora no especifica el camino legal para remover a los actuales consejeros, aunque se espera que sea el lunes próximo cuando se resuelva en comisiones del Senado, con un artículo transitorio en el dictamen respectivo.

La fracción del PAN en la Cámara se manifestó en contra de destituir, sin un proceso escalonado, a los consejeros del IFE, incluido el presidente, Luis Carlos Ugalde.

En el caso del tribunal, también la propuesta plantea una renovación escalonada de los magistrados, una vez que concluyan su periodo.

La reforma propone que en caso de que fallezca uno de ellos, que el sustituto sea elegido para concluir el periodo de la vacante. Este mismo criterio aplicaría para los consejeros del IFE.

De acuerdo con la propuesta, la Sala Superior del tribunal sólo podrá declarar la nulidad de una elección “por las causales que expresamente se establezcan en las leyes”, lo que podría dejar sin efecto la causal abstracta que fue creada para los magistrados.

También se estaría limitando la actuación del tribunal en los asuntos internos de los partidos.

La iniciativa de reforma electoral fue presentada en la reunión de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso y cuenta con el aval de todos los partidos.