La PGR y la CNDH concluyeron que son inconstitucionales las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para despenalizar el aborto y solicitaron, por separado, a la Suprema Corte de Justicia anular dichas modificaciones.

El presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, turnó el expediente al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien la próxima semana decidirá si admite el recurso.

Aunque el máximo tribunal del país dé entrada al juicio, estarán vigentes las reformas adoptadas el 26 de abril y hospitales capitalinos podrán seguir realizando abortos, mientras no haya un fallo definitivo.

Aguirre Anguiano es uno de los cuatro ministros que en 2002 votaron en contra de la despenalización del aborto cuando el producto presente alteraciones genéticas que resulten en daños físicos o mentales.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) aseguraron que sus demandas se basan sólo en posibles contradicciones legales y no responden a factores religiosos, morales, políticos, económicos o sociales.

En su argumento, la CNDH menciona que el artículo 73 constitucional faculta sólo al Congreso para elaborar y aprobar leyes en materia de salud.

Por lo tanto, señala, la Corte debe resolver si la ALDF se extralimitó en sus funciones.

En otro razonamiento, la Comisión se refiere al desconocimiento que hay en torno al derecho constitucional a la objeción de conciencia que pueden ejercer los médicos.

Finalmente destaca que hay incertidumbre jurídica, debido a que la reforma legal no especifica qué se va a hacer cuando haya menores de edad que deseen abortar.

Por su parte, la PGR argumentó que las reformas contravienen dos tesis de la Corte que establecen que “una norma no puede permitir la privación de la vida del producto de la concepción, ni discriminar su protección por determinadas características, como sería la temporalidad de gestación”.

En la ALDF, la fracción panista realizaba un intenso cabildeo con legisladores de oposición para reunir las 22 firmasnecesarias para presentar también una acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto.