Cinco grupos guerrilleros se adjudicaron el estallido de artefactos explosivos la madrugada del lunes en la ciudad de México y advirtieron que continuarán esas acciones "mientras Ulises Ruiz permanezca oficialmente en la gubernatura oaxaqueña".

En un comunicado, los grupos señalaron que fueron ocho los objetos explosivos instalados en la capital del país, de los cuales dos no estallaron. Agregaron que las detonaciones se dieron en protesta por la incursión de la Policía Federal Preventiva en Oaxaca.

La Procuraduría General de la República atrajo el caso e inició una averiguación previa para investigar, ubicar y sancionar a los responsables de estos hechos. Explicó que los autores de los atentados incurrieron en los ilícitos de delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, terrorismo y daño en propiedad ajena.

Durante la mañana, autoridades capitalinas informaron que localizaron y desactivaron una bomba más: afuera de un Sanborns ubicado en Insurgentes Norte. Otro objeto fue desactivado en los primeros minutos del lunes.

El comunicado de los guerrilleros detalla la ubicación de los artefactos: dos en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional del PRI, dos en el inmueble que ocupa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dos en la sucursal Scotiabank de la plaza comercial Club de Golf, una en otra sucursal bancaria de Residencial Cafetales y la octava en la tienda Sanborns de Insurgentes Norte.

Los objetos desactivados fueron hallados dentro de bolsas de color negro con la leyenda "Peligro, bomba". En ambos casos se encontraron casi 5 kilogramos de un explosivo conocido como anfo; para programarlos, los autores utilizaron un reloj digital de pulso y una pila de nueve voltios, ambos conectados con los explosivos.

La onda expansiva de la bomba que detonó en Scotiabank, en la colonia Arenal Tepepan, alcanzó los 60 metros de radio y dañó dos casas habitación, 41 departamentos de Residencial Bugambilias, ubicado frente a la institución bancaria, y nueve locales de la plaza comercial San Juan que se encuentra sobre la avenida Arenal.

El estallido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal afectó la entrada, ventanas de la fachada e hizo añicos los cristales de las ventanas de seis casas cercanas.

La cámara de seguridad no estaba en funcionamiento y por lo tanto no hay registro de quién o quiénes colocaron el artefacto explosivo en la puerta blindada trasera.

En el PRI, dirigentes de ese partido calcularon los daños en casi un millón de pesos.

Los hechos desataron la condena y el rechazo unánime de los sectores político y empresarial. El presidente Vicente Fox calificó los hechos como "actos criminales" que pretenden atemorizar a la población. El presidente electo Felipe Calderón dijo por su parte que recurrir a la violencia debe ser rechazado categóricamente por todos los mexicanos.

El sector empresarial urgió a las autoridades investigar a fondo estos sucesos y castigar a los responsables.

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se deslindó de los bombazos y aseguró que se pretende involucrarlos para desacreditar su movimiento, que es pacífico.

Antes de conocerse el mensaje de los grupos guerrilleros, especialistas en seguridad nacional habían señalado a grupos radicales ligados a intereses políticos, en especial al conflicto oaxaqueño, como los responsables de los ataques, para generar incertidumbre y temor.