Mariano Azuela, presidente del Poder Judicial de la Federación, reclamó la forma en que la Procuraduría General de la República (PGR) canceló el juicio por desacato en contra del ex jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.

Durante su informe de labores, el también presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expresó: "No se desconoce que las conductas pudieron sustentarse en el válido principio político de evitar males mayores y que ello pareció derivarse de opiniones de prestigiados juristas sobre las deficiencias técnicas de los preceptos aplicables, aunque contrarias a jurisprudencia de la Primera Sala de este alto tribunal".

Ante todos los integrantes de la cúpula del Poder Judicial, representantes del Congreso de la Unión y del presidente Vicente Fox, Azuela también dijo que "el resultado que se produjo debe verse con inquietud en el futuro pues se corren los riesgos, en el peor de los casos, de que se multipliquen las violaciones a la suspensión y, lo más grave, que se incurra en inejecuciones de sentencias, todo ello de manera impune".

"O en el mejor de los casos, que el acatamiento a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación quede sólo a la buena fe y expedita conducta de las autoridades responsables que quieran dar testimonio de civilidad", agregó.

Y para evitar "los peligros apuntados", Azuela consideró prioritario que se aprueben las reformas que propuso el presidente Fox a la Constitución y a la Ley de Amparo.

El titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, señaló que todavía no ratifica la decisión de no ejercer acción penal en contra de López Obrador por haber incurrido presuntamente en desacato a una orden de un juez en el caso del predio El Encino.

El asunto, dijo, "todavía no está resuelto" y "no hay un plazo" para que decida si ratifica o no la determinación que adoptó el Ministerio Público desde el 4 de mayo pasado.

En esa fecha, la PGR determinó no consignar ante un juez el presunto desacato en que incurrió el ahora candidato presidencial del PRD, al estimar que no existe una sanción clara en la ley para ese delito.

Desde diciembre de 1997 la Primera Sala emitió un criterio para sancionar los desacatos, tipificados como abuso de autoridad: de uno a ocho años de prisión, así como la destitución e inhabilitación del funcionario que incurra en ellos.

Juan de Dios Castro, consejero jurídico de la Presidencia, consideró que está acreditado "el cuerpo del delito" que se le atribuyó al entonces jefe de Gobierno.

Sin embargo, aclaró, la PGR no está obligada a acatar la jurisprudencia que emitió la Corte para establecer que sí hay un delito y un castigo específico para quien viola una suspensión otorgada por un juez en un juicio de amparo.

Las jurisprudencias, destacó, sólo son obligatorias para los juzgados y tribunales y no para la Procuraduría, la cual emitió una opinión opuesta en este caso.

Castro coincidió en que el caso "no es un asunto concluido. "El ofendido ejercitará sus derechos".