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Surge Monterrey como nuevo asiento del narco

Ignacio Ramírez/Enviado| El Universal
Domingo 06 de enero de 2002
Balaceras y ejecuciones por la disputa de la plaza, cosa cotidiana. Cuestionan al gobernador Canales por minimizar índices delictivos

MONTERREY, NL. A partir de 1995 dio inicio la llegada de narcotraficantes importados de otros estados, principalmente de Sinaloa y Tamaulipas, a esta entidad. Para muchos, Monterrey se ha convertido en el nuevo santuario del narcotráfico y polo de mayor atracción financiera para el lavado de dinero.

En marzo de 2001 el gobernador Fernando Canales Clariond declaró: "A mí el narco me hace los mandados", lo que motivó fuertes críticas de la ciudadanía y de los partidos políticos de oposición. Para la abogada Silvia Raquenel, no existe el cártel de Monterrey.

Refugio de narcos

Convertida en el nuevo santuario del narcotráfico, la ciudad de Monterrey es el polo de mayor atracción financiera para el lavado de dinero, además de ser un centro de abastecimiento y consumo al menudeo de todo tipo de drogas.

De ser bodega o territorio de paso , la capital es ahora refugio de capos y mafias importados de entidades circunvecinas, configurando lo que se ha dado en llamar el cártel de Monterrey.

Así lo demuestran los hechos ocurridos tanto en esta ciudad como en algunos municipios aledaños: ejecuciones al más puro estilo siciliano; atentados y amenazas; balaceras y ajustes de cuentas. Además, llegan cargamentos por tierra y por aire, estos últimos más frecuentes por la proliferación de pistas clandestinas, cuya mercancía incluidas las drogas sintéticas se expende en piqueros de barrios populares.

En contrapartida, se han descubierto lavaderos de todo tipo: casas de cambio y empresas, principalmente. Junto con la adquisición de lujosísimas residencias y ranchos que pueden ser comprados vía internet. Y, por si fuera poco, los cuerpos policiacos y el Poder Judicial han sido infiltrados.

Todo lo anterior ha tenido como consecuencia un clima de permanente inseguridad, por lo que las autoridades realizan cateos shows , les llama la gente con miembros del Ejército, las policías ministerial y rural y agentes del Ministerio Público, sin resultados satisfactorios para la sociedad.

"Con el auge del narco se acabó la tranquilidad en Monterrey", resume uno de sus habitantes.



La disputa por la >sav<>f 9018

A raíz de la anunciada muerte de Amado Carrillo y la detención de Juan García Ábrego, cabezas de los cárteles de Juárez y del Golfo, la persecución de sus integrantes motivó la desbandada y el reacomodo de fuerzas. Fue así como fueron llegando a Monterrey y a otras ciudades de Nuevo León algunos de los herederos y mandos intermedios, como Osiel Cárdenas Guillén, Humberto García Ábrego y Juan Esparragoza Moreno, alias El Azul , reunidos con sus respectivos séquitos a principios del año 2000, en la llamada cumbre de Apodaca.

Otros capos del llamado cártel de Monterrey han sido identificados como Eladio López Falcón, El Señor de los Caballos; Rolando López Salinas, El Role , y Mario Ramírez, La Gata . Algunos han sido detenidos: Baldomero Medina Garza, El Señor de los Trailers , y Gilberto García Mena, El June , por ejemplo, sin faltar quien se haya convertido en testigo protegido del gobierno estadounidense, como Carlos Reséndiz Bertoloussi, quien fuera considerado el cerebro financiero del cártel del Golfo.

Un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) acota que, desde 1995, se tienen antecedentes confirmados de la llegada de narcotraficantes importados de otros estados, principalmente de Sinaloa y Tamaulipas.

El 26 de febrero de ese año fue detenido Francisco Payán Quintero, Don Chico , tío de Rafael Caro Quintero, por su presunta participación en una organización internacional dedicada al tráfico de droga. Junto con él se detuvo a los sinaloenses Ángel Sánchez Hernández y Juan Guadalupe Villa Zavala.

Después han venido capos de Jalisco, Nayarit, Veracruz, incluso de Estados Unidos, como Jorge José Garza Jr., quien también se hacía llamar George Garza o Jorge Andrés Garza García.

La disputa por el control de la plaza de Monterrey desató la violencia: balaceras y ejecuciones nunca antes vistas empezaron a ocurrir en esta capital y en ciudades de municipios conurbados y circunvecinos. De la interminable lista de crímenes, uno de los más recientes es el ajusticiamiento de José Juan Tarín Ávila, originario de Durango. Llegó huyendo de la mafia de Nayarit. Salía de su domicilio a bordo de su automóvil, cuando fue baleado por dos jóvenes no identificados, en pleno centro de esta cuidad.

La doble ejecución de Joaquín Zatarín Ontiveros, El Indio , y de Sebastián Osuna Osuna, El Titán , provenientes de Sinaloa, conmocionó a toda la comunidad nuevoleonesa cuando fueron encontrados en la cajuela de su vehículo, atados de manos y vendados, en una brecha conocida como Los Canelos, en el municipio de Santiago, a unos 30 kilómetros de Monterrey.

También fue ejecutada Graciela Aguiñaga, por un grupo de gatilleros que le dispararon cuando manejaba una camioneta de su esposo, en el municipio de Anáhuac, ubicado a unos 300 kilómetros al norte del estado. Un trabajador que la acompañaba, Valente Martínez, fue secuestrado y días después apareció acribillado.

Se suman los homicidios de los abogados Leopoldo del Real Ibáñez, Agapito Garza Salinas y Eduardo Marchand Sánchez, además de los atentados en contra de la licenciada Silvia Raquenel Villanueva Fraustro.

De las balaceras, una de las que más se recuerdan es la que sucedió a mediados del 2000, en el palenque de Ciudad Guadalupe, después de las peleas de gallos y la presentación estelar del cantante Vicente Fernández. Un comando de más de 10 sicarios irrumpieron a punta de balazos en busca de un soplón que presumiblemente había delatado a Gilberto García Mena, El June.

Pero las balaceras han sido también entre policías, es decir, policías contra policías. Así ocurrió en la carretera Monterrey-Reynosa, a la altura del municipio General Bravo, donde se enfrentaron agentes de la Policía Fiscal, que presuntamente custodiaban un tráiler detenido con droga, y otro grupo de agentes de la Policía Judicial Federal, lo que trascendió a la luz pública, pese al hermetismo gubernamental.

Ante la realidad de los hechos, las autoridades incrementaron sus acciones. Se han aplicado diversos operativos y últimamente se realizan cateos en busca de narcos. Tal fue el caso realizado a principios del mes de diciembre, en la colonia Las Torres, en el municipio de Monterrey, filmado por las autoridades, video que hasta la fecha oculta el gobernador Fernando de Jesús Canales.

Debido a las irregularidades que se pueden apreciar en el expediente del caso, organismos no gubernamentales de derechos humanos, partidos de oposición y representantes de los más diversos sectores de la sociedad pusieron una vez más en tela de juicio la veracidad de dicho operativo.

Contradicciones, datos sin sustento y aventurados conforman el documento. Un botón: ?Que en una de las calles de la colonia Las Torres, se encontraba una persona portando un arma de fuego de las denominadas ?cuerno de chivo?... Que desde las 5:00 horas se montó discreta vigilancia afuera de la casa 4047 de la avenida Paseo de San Marino?. Primero: el denunciante anónimo no proporcionó ninguna dirección e identificó a esa hora, en la que no hay luz, el arma de uso exclusivo del Ejército. Segundo: si el denunciante no dio ningún número ni dirección, ¿por qué llegaron al domicilio?

?El operativo dejó desconfianza en la ciudadanía, que tiene derecho a saber qué sucedió realmente?, fue el comentario del cardenal Adolfo Suárez Rivera.

Contrario a su expresividad, el gobernador Canales respondió de manera seca y lacónica: ?Es una opinión de un ciudadano más que no comparto?.

Para vox populi, empero, los cateos no son más que "montajes cinematográficos" para desviar la atención o tratar de convencer a la comunidad de la supuesta eficacia en el combate a las drogas.

A mí el narco me hace los mandados: Clariond

"A mí el narco me hace los mandados...", declaró en marzo del 2001 el gobernador Canales Clariond, durante una cabalgata en la que estuvo acompañado por sus colegas de Tamaulipas y Coahuila, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Enrique Martínez Martínez.

La insólita afirmación unificó a la comunidad nuevoleonesa en su contra. Desde entonces, el mandatario ha insistido en que hay seguridad en la entidad, pese a que los índices de criminalidad aumentan cada día.

"Quiere tapar el sol con un dedo", le reprocha la oposición.

Las diputadas priístas Cristina Díaz Salazar y Marcela Guerra Castillo se han pronunciado, incluso, por su destitución.

Ante el descontento popular, el Ejecutivo estatal no tuvo más remedio que reconocer la gravedad del problema. Llegó a decir que la Procuraduría General de la República estaba dormida , en el caso de Nuevo León. Y pidió mano dura en el combate al tráfico de drogas, para lo cual se reunió en varias ocasiones con el general Rafael Macedo de la Concha, titular de la PGR.

Canales Clariond envió recientemente al Congreso local una iniciativa de decreto para reformar la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Penales, para combatir eficazmente el tráfico de drogas y otros delitos.

"Es necesario facultar a las entidades federativas para fortalecer las acciones de combate en contra de la delincuencia organizada y narcotráfico, sin disminuir las atribuciones que actualmente ejercitan las autoridades federales, sino creando opciones de acción adicionales a las que actualmente se prevén en las leyes nacionales."

De acuerdo con las consideraciones de la iniciativa, el fortalecimiento de la paz pública, el orden, el Estado de derecho y el florecimiento del bien común, lejos de ser meros ideales colectivos, han pasado a ser patrimonio de los nuevoleoneses, fruto de su empeño y laboriosidad.

El mandatario estatal propone adicionar un párrafo al apartado A del artículo 102, para que, sin causar perjuicio a las facultades del Ministerio Público de la Federación, los estados y el Distrito Federal, mediante sus ministerios públicos, puedan investigar los delitos federales cometidos en sus territorios, como el narcotráfico, terrorismo, sabotajes y otros.



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