El 28 de septiembre de 2014 el grupo de presuntos ex templarios conocido como Los Viagra expulsó de Apatzingán al comandante Arsenio Hinojoza, segundo de a bordo de la Fuerza Rural del municipio, a su familia, y a 28 de sus hombres, con todo y sus familiares, bajo amenaza de muerte.

Los desplazados se refugiaron en un hotel del municipio de Buenavista y son custodiados por gente de Luis Antonio Torres, El Americano.

Bajo la sombra de un árbol del hotel, Hinojoza narra que en su ausencia Los Viagra quemaron su casa y su taller de carpintería la madrugada del 6 de octubre, tras el decomiso de un laboratorio del grupo delictivo, ocurrido esa misma madrugada. “Son peores que los templarios”, dice sobre los siete hermanos que tras asumirse como criminales “arrepentidos” se enlistaron en la Fuerza Rural de Apatzingán.

Hinojoza les incrimina violaciones sexuales, saqueos, cobrar 35% del valor de los inmuebles recuperados y la venta de “perdones” a templarios.

Acusaciones entre ambos bandos provocaron su destitución y el retiro forzado de su voz de mando, Alberto Gutiérrez, el Comandante 5.

En la Fuerza Rural la ira crece por la impunidad actuante de “arrepentidos” en sus filas. También por su reducida capacidad operativa: de 5 mil solicitantes, sólo se legalizó a mil, en 19 de los 34 municipios alzados. Y trabajan, dicen, sin equipamiento, vehículos y gasolina.

Comandantes de la institución manifiestan que a pesar del despliegue federal en la región, las comunidades confían en ellos, su propio pueblo, para mantener una paz incierta. Aseguran que Los Caballeros Templarios siguen operando, que el gobierno no detiene a los cabecillas de plaza y que esa fue la primera condición que establecieron para la disolución de las autodefensas.

El comandante Héctor Zepeda, al frente de la Fuerza Rural de Coahuayana, expone: “En mi municipio no se ha agarrado a Carmelo Núñez ni a su hermano Osorio, ni a Federico González Lico en Aquila. Y yo preguntó: “¿Ya agarraron a Servando Martínez, La Tuta? ¡A quién quieren engañar!”.

La Fuerza Rural está rebasada. Por esa razón, cientos de autodefensas se reactivan de nuevo. En Coalcomán, por ejemplo, buscan evitar el desarme y resguardar comunidades rurales que son acosadas por el cártel pese a patrullajes militares.

Luis Martínez, uno de los dirigentes de los mil 450 autodefensas del municipio, dice que si el gobierno los encarcela por hacer lo que no cumplió, sobrevendrá un nuevo levantamiento en Michoacán.

“Ahora sí se va a alzar el pueblo de nuevo y no será sólo Coalcomán”, advierte el líder, “es Aguililla, es Aquila, es Coahuayana, es Chinicuila, es Tepalcatepec”.

La reactivación de las autodefensas por llamados de auxilio de las comunidades comenzó, de hecho, hace un mes en la costa.

En ese lapso, 200 guardias civiles reanudaron la avanzada —frustrada antes tres veces, con saldo de sangre y dos centenares de detenidos, entre ellos el líder de las autodefensas Manuel Mireles— hacia el puerto de Lázaro Cárdenas. 

Avanzada sin retorno

En la barricada de Chucutitán, a 40 kilómetros del puerto de Lázaro Cárdenas, un mando de las autodefensas muestra la hoja arrugada que solicita apoyo a su “regimiento”, con sellos de las Encargaturas costeras de Chucutitán, Las Peñas, La Soledad, La Manzanilla y Teolán.

En el documento se lee: “Hemos sufrido bastantes vejaciones, secuestros, extorsiones y asesinatos, y ya que no hay una respuesta de la autoridad competente, hasta hoy en día dijo basta la comunidad”.

El comandante Amador Valencia, un campesino viejo y apacible, expresa que avanzaron a petición de esas comunidades que denuncian padecer el yugo templario de El Chabelo, El Piojo, El 500, El Tena y el jefe de todos, La Tuta. 

Se trata de una acción inusitada y temeraria en un municipio sin Fuerza Rural. Hace un mes esta vanguardia partió de Caleta, donde la autodefensa estuvo frenada siete meses, y ya ganó 30 de los 70 kilómetros de distancia al puerto.

En tres retenes se despliegan unos 200 guardias civiles de los municipios de Aquila, Chinicuila y Lázaro Cárdenas, acompañados por un puñado de Fuerzas Rurales de Aquila y, extrañamente, por la policía estatal. Los mandos comentan que con dificultad solventan los gastos operativos, muestran amenazas recibidas vía celular y denuncian la ejecución de un autodefensa. 

Otros comandantes de la costa ven con recelo involucrarse en esa punta de lanza. Piensan que el gobierno puede encarcelarlos en cualquier momento porque desde la disolución de las autodefensas —ocurrida el 10 de mayo— tienen prohibido portar armas largas. Además, la autodefensa se acerca a La Mira, donde se detuvo al doctor Mireles y a 80 de sus compañeros en junio pasado por la misma razón.

Sin embargo, esta avanzada está decidida a continuar. Antioco Calvillo, un profesor nahua del pueblo costero de Cachán, si bien desconfía del gobierno, piensa que no tienen otra opción. 

En febrero logró que 300 autodefensas se desplazaran 170 kilómetros de la carretera costera, en un tramo antes adueñado por el cártel, para rescatar a su esposa y a sus hijas de un cerco que montaron templarios en su casa.

“Mientras yo no vea capturados a los jefes del cártel y a la gente que nos hizo daño, ni mi familia ni mi pueblo estarán seguros”, manifestó el indígena.

—¿Qué están dispuestos a dar? —se le pregunta al profesor.

—Hasta la última gota de sangre —asegura.

Tambores insurrectos

En los 19 municipios con guardias legalizados, un número superior a los 4 mil solicitantes rechazados por la Fuerza Rural se quedaron varados a su suerte. Ahora sus líderes son comandantes adscritos al gobierno y están bajo control. “No puedo dar entrevistas”, externa uno de ellos en Tierra Caliente, con el rostro tenso.

En la región hizo mella el encarcelamiento de Mireles y, previamente, la aprehensión del dirigente limonero Hipólito Mora.

En los municipios legalizados en los que se aceptaron “arrepentidos”, como Apatzingán y Buenavista, el escenario es de convulsión. En los que fueron rechazados, como Aquila, Coahuayana, Los Reyes y Tepalcatepec, tanto legales como no legales buscan hacer un frente común. 

Sin embargo, la orden federal de no sumar autodefensas en las acciones de los legalizados, a pesar de que están rebasados, les provoca un sentimiento de impotencia.

Los recelos y la desinformación también afloran entre la masa insurrecta en municipios como Coalcomán, que se quedó sin interlocutores.

El 5 de octubre, en el auditorio de la cabecera municipal de Coalcomán, 150 autodefensas —agricultores, comerciantes, trabajadores de aserraderos— arribaron, la mayoría de la sierra, sin armas largas. Algunos, dicen, sí cargaban pistolas ocultas por seguridad, pues “malandros” como El Toñón, El Pelón y El Scooby se esconden en las montañas y pueden atacarlos. 

En la reunión eligieron a nuevos líderes en la cabecera municipal y acordaron hacer lo mismo en cada comunidad para responder así a embates del cártel o a casos de compañeros detenidos o desarmados.

Al frente del grupo quedó Joel Guillén, quien precisó que no se trataba de una división con los legalizados, sino “para tener más fuerza porque nosotros somos uno solo”.

Otro de camisa de cuadros soltó en corto: “Tenemos que unirnos para cuando se vengan los putazos”. 

Fuerza sin fuerza

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en municipios de la Tierra Caliente, la Meseta Purépecha y la costa, se constató cómo la Fuerza Rural hace frente al cártel de manera precaria.

En Aquila, por ejemplo, que tiene 170 kilómetros de carretera costera y colinda con Lázaro Cárdenas y Arteaga —ambos bastiones de La Tuta—, 100 autodefensas solicitaron enlistarse y se legalizó sólo a 18. Tres de ellos son de Cachán, donde un puñado de indígenas hace guardia permanente sin armas a la vista.

Uno de ellos expresa preocupado: “Los criminales están en los cerros, La Tuta está libre, Víctor Lucas Rivera El Tango está libre, El 500 también anda libre”.

En el puesto hay sólo un Fuerza Rural en turno, Teófilo Vázquez, de 21 años de edad.

El joven revela las condiciones de tamaña encomienda: “Tenemos dos meses sin paga [ganan 9 mil pesos al mes], me dieron un solo uniforme, una R-15 con un cargador de 30 tiros y las credenciales que nos dieron están vencidas”.

Otro caso es el del municipio de Coalcomán, con una extensión mayor a la del estado de Colima, y sólo 45 autodefensas legalizados para patrullar poblados serranos, por caminos de terracería accidentados, de una a cinco horas de distancia de la cabecera municipal.

Sin vehículos aptos, ni viáticos, los integrantes de las Fuerzas Rurales piden el combustible fiado en una gasolinera. Un Rural comenta que en sus escasos cinco meses de funcionamiento “ya debemos más de 300 mil pesos”.

El despliegue de fuerza federal ahí es notable: 600 militares y 200 policías federales. Coalcomán, por cierto —enclavado en medio de los municipios inconformes de la costa y de Tierra Caliente—, será la sede de un nuevo cuartel militar, que ya está en construcción.