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Periodismo de investigación Reclaman legalidad asesores de plagios

Karla Casillas Bermúdez / Valentina Pérez Botero | El Universal
Lunes 24 de marzo de 2014
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TESTIMONIO. Manuel, ex policía federal, calcula que en seis años ha dado asesoría privada en unos 100 casos, entre extorsionesy secuestros. (Foto: JORGE RÍOS EL UNIVERSAL )

Negociadores de secuestros cuestionan la situación de clandestinidad en la que se desenvuelven, debido a la laguna legal sobre sus tareas "profesionales"

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“No. El dinero no sale”, ordenó Manuel, negociador de secuestros. El padre y el esposo de Mireya (nombre ficticio) se quedaron paralizados por unos segundos. Su mente en blanco.

“¡Que salga el pago!”, dijo desesperado el padre de Mireya, contraviniendo al negociador.

La joven llevaba casi una semana secuestrada en algún lugar de Ciudad Juárez, Chihuahua, y tras una férrea negociación se había pactado una cifra.

Manuel volvió a decir “no”, tajante. El dinero no podía salir de la casa sin que se diera la prueba de vida. El padre quedó desencajado. El negociador había viajado al domicilio de esta familia desde el Distrito Federal y llevaba ahí varias noches.

“Cuando llegas a la escena de un secuestro es muy difícil, muy duro, porque entras en un mundo, en una familia donde está sucediendo una desgracia. Todo es muy tenso”, dice Manuel en entrevista para EL UNIVERSAL, que se realiza bajo las condiciones que él impone: que guardemos su anonimato, que le distorsionemos la voz para el video, que las fotografías sean a contraluz y que antes de comenzar nos identifiquemos con credenciales.

Ellos utilizan el eufemismo de “asesores” en secuestros y la mayoría prefiere operar desde el anonimato, por su seguridad, y en la clandestinidad, ya que hay un vacío legal sobre su trabajo.

La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que entró en vigor en 2011, no aborda el tema de los asesores privados, sólo en su artículo 33 autoriza a la familia a “utilizar cualquier medio de investigación que les permita regresar con vida a la víctima”, sin acotarlo a la investigación oficial, lo que podría abrir la puerta legal a una asesoría remunerada. Antes de 2010, por el contrario, sí existía en el Código Penal Federal —artículo 366 bis— una disposición que expresamente penaba la asesoría lucrativa hasta con 10 años de prisión y mil días de multa, por lo que la visión de ilegalidad que perdura abona a la desconfianza que muchos sienten hacia este “oficio”.

“Somos un mal necesario”, reconoce Manuel, quien se dedica desde hace seis años, de manera privada, a esta “profesión” que aprendió en la Unidad Antisecuestros de la Policía Federal, cuerpo al que perteneció durante casi cuatro años.

“No entiendo por qué México es el único país que pretende sancionar a los que ayudan, es totalmente erróneo y significa darle ventaja al delincuente”, dice por su parte Max Morales, negociador de secuestros y abogado penalista, quien acepta la entrevista sin ocultar su identidad.

Max, quien lleva 25 años interviniendo en plagios con un equipo de 15 personas, agrega: “Esta decisión además va en contra de las reglas de la Naciones Unidas en el combate internacional al secuestro, pues la organización recomienda a los países pertenecientes a hacer un frente común, y que en los casos de secuestro intervengan autoridades, víctimas indirectas —familiares— y especialistas, en este caso negociadores”.

Max y Manuel coinciden en que sólo existe una decena de negociadores privados, con sus respectivos equipos, actuando en México; y ambos defienden la idea de que su trabajo, como cualquier otro, debe ser remunerado. No obstante, mientras que Max asegura que por la “asesoría” durante el secuestro no cobra —sí lo hace por la posterior integración de la denuncia—, Manuel comenta que lo hace bajo la modalidad de “donativo”.

Las tarifas varían, pues no es lo mismo atender un plagio exprés que uno tradicional, que puede durar de uno a 45 días; tampoco es lo mismo el caso de un pequeño comerciante o estudiante, que el de una persona con mayor poder económico, pero normalmente se cobra entre 10% y 20% de lo que se pague de rescate.

Los negociadores afirman que aunque en México la situación legal los orilla a trabajar en la clandestinidad, asesores israelitas, colombianos, ingleses y estadounidenses operan en el país a través de aseguradoras y consultoras de riesgo, a cuyos clientes high class asisten.

Estas compañías se manejan con absoluta discreción y se niegan a dar entrevistas e información sobre sus seguros y equipos negociadores. Tales son los casos de Control Risks y de Lloyd’s.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, revela que “hay negociadores que llegan a cobrar hasta 5 mil dólares la hora”.

Los momentos de angustia

“¡Que salga el pago!”, volvió a decir el padre de Mireya como si no hubiera escuchado la voz de Manuel, quien dijo “no”.

El esposo de la chica mantenía las conversaciones telefónicas con los captores, siempre asesorado por el negociador, quien una noche antes había sido cuestionado por el padre, un empresario de la zona.

Con la única luz de la luna alumbrando el patio, el padre de Mireya llamó a Manuel y lo increpó: “¿Quién eres realmente? Ya te investigué y no eres la persona que dices ser”.

El padre estaba temeroso, desconfiando. Manuel, sicólogo de profesión, tuvo que recuperar su confianza con una larga charla.

“Estás trabajando con gente que está muy alterada, enojada, triste, es una crisis difícil de manejar, pues está la incertidumbre de qué va a pasar con su familiar. Entonces, para ser un asesor hay que tener un perfil: debes ser muy inteligente, muy humano y entregarte al 100 por 100”, dice. “Nuestro objetivo en un secuestro es, primero que nada, la preservación de la vida; segundo, buscar que el impacto económico sea el menor. Hay que evitar que la gente se quede en la calle. Si los delincuentes amenazan con hacer daño, tenemos estrategias para intentar que no lo hagan. Los secuestradores deben darse cuenta que las personas tienen la disponibilidad, pero muchas veces no llegan a las cantidades que fijan. La gente erróneamente se compromete con cosas que no tiene”, dice Manuel.

Un negociador debe imponerse en la situación, pues son ellos quienes van a manejar el secuestro de principio a fin.

Él no le miente a los familiares, y les advierte que no les puede garantizar que la víctima será devuelta con vida, pero estará ahí para minimizar los riesgos. Paralelamente intentará calmar la crisis familiar, “y es que luego [la familia] comienza a llamar a mucha gente y puede llegar el momento en que parezca que hay fiesta en la casa del secuestrado”. Hay que poner orden y decidir quiénes deben estar ahí.

“Es importante quedarnos en el domicilio, pernoctar ahí, porque nunca sabemos en qué momento van a llamar”, dice.

La prueba de vida

Pedir la prueba de vida es importantísimo, dice Manuel, pues aunque no garantiza que van a entregar al familiar vivo, sí que en esos momentos está en “buenas” condiciones.

El padre de Mireya dio la orden de que saliera el dinero sin exigir a los delincuentes la prueba de vida, por eso Manuel se opuso rotundamente. “Yo soy el freno en estas situaciones. Yo siempre le he dicho a los familiares: ‘Ustedes son el corazón, por la situación emocional, y yo soy la razón, por la situación de frialdad. El corazón nunca debe ganarle a la razón’. ¿Amenazas? Siempre va a haber, ni modo que pidan las cosas por favor”.

La familia sentía la desesperación de saldar el trato. Manuel intentó tranquilizar al padre. Le reiteró que lo único que quería era ayudarlo, que confiara en él; pero quizá la advertencia clave fue esta: “¿Qué tal que tu hija ya no está viva? ¿Encima les vas a pagar a los delincuentes por haberla matado?”.

El padre entendió. Manuel se apartó con el esposo de Mireya a esperar la llamada. De fondo se escucharon unos golpes secos. Pum, pum. Era la cabeza del padre dándose contra la puerta de la cocina.

Sonó el teléfono. Con voz tartamudeante el esposo logró articular la petición: “No te voy a mandar el dinero hasta que no me des la prueba de vida”, y exigió a los plagiarios la respuesta a una pregunta que sólo Mireya podía contestar. La prueba de vida era el único paso que mediaba entre el pago y la liberación.

De lo que cobran

Desde que Manuel se dedica a la negociación, calcula haber atendido 100 casos, entre extorsiones, secuestros exprés y tradicionales. De este último tipo han sido unos 20. Asegura que 98% han sido exitosos, y muestra una carta que le envió la comunidad judía agradeciendo su intervención en uno de ellos. “Por desgracia he perdido a cuatro personas”, reconoce.

Por su parte, Max narra el plagio de un joven empresario a quien logró rescatar, pero en el que quedó al descubierto que policías, tanto de la Procuraduría de Justicia capitalina como de la Policía Federal (PF), se corrompieron para dejar en libertad al secuestrador tras su detención.

En 80% de los casos de secuestro hay un policía involucrado, denuncian ambos negociadores. Manuel dice que por eso dejó la Policía Federal : “Los mandos son parientes, amigos, compadres de los de arriba, y no tienen idea de lo que es la cuestión policial, empiezan a ganar mucho dinero y se corrompen. Los buenos policías estorbamos, por eso me retiré, y discúlpame, pero yo voy a seguir ayudando a la gente aunque sea ilegal”.

De vuelta a casa

Una vez que el esposo de Mireya exigió la prueba de vida, esperaron a que el plagiario contestara. La respuesta llegó. “Ahora sí puede salir el pago”, dijo Manuel. Los secuestradores indicaron el lugar donde dejarían a la chica. El padre y el esposo regresaron con ella a casa.

“El papá me pidió disculpas por haber desconfiado de mí, y yo respiré. Todos estábamos felices”, recuerda Manuel y reflexiona: “Cuando todo sale bien, te ponen [la familia] en un pedestal, pero cuando las cosas salen mal, como en el caso Martí, somos los malos y los “chupasangre”. Yo no los culpo, lo ven con el dolor de haber perdido a alguien, pero este es un trabajo necesario, alguien tiene que realizarlo. Si en este país no hubiera delincuencia no existiríamos. Nosotros no causamos ese dolor, no orillamos a esos delincuentes a secuestrar. Sencillamente no se está haciendo nada para combatir el secuestro. El gobierno ha sido corrupto, los ha dejado crecer y trabajar; y ahora dime, ¿qué profesional no cobra por un servicio? No podemos vivir de aire. Tenemos familia”.



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