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La Cámara de Diputados cedió ante las presiones de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para aplazar la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que contempla evaluaciones y sanciones a quienes las reprueben.

En la instalación de la sesión alterna en el Centro Banamex —debido al ‘plantón’ que montaron desde la madrugada de este miércoles integrantes de la CNTE en San Lázaro—, la bancada del PAN pidió someter a votación los tres dictámenes de leyes secundarias a la reforma educativa, propuestos por el gobierno federal.

Los albiazules consideraron inaceptable la violencia de la CNTE y la omisión del gobierno federal para garantizar el orden y la seguridad, “una vez más, México y su futuro se pone en riesgo por las trampas del PRI, quien por negociaciones particulares descartó la discusión de la Ley del Servicio Profesional Docente”.

En respuesta, los diputados del PRI, Verde, PRD, Movimiento Ciudadano y PT ratificaron el aplazamiento de la ley que contempla las evaluaciones, la cual, iría a pleno el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre.

A la medianoche, 436 de 500 diputados se perfilaban a avalar sólo los cambios a la Ley General de Educación y la nueva Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

El acuerdo para dejar fuera el dictamen, el cual rechazaban los integrantes de la CNTE, se construyó la noche del pasado martes con los titulares de la SEP, Emilio Chuayffet y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, con representantes del PRI y del PRD, según legisladores.

Posteriormente los perredistas —esa misma noche— se reunieron con el magisterio a quienes les comunicaron los acuerdos donde se decidía retirar el dictamen.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, anunció que pese a que estaban enlistados los tres dictámenes en la Gaceta Parlamentaria, ordenó “bajar” la Ley del Servicio Profesional Docente.

El coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, sostuvo que el acuerdo no respondía a presiones del magisterio sino a la disponibilidad del Congreso para encontrar consensos con el PRD, que en días pasados, se abstuvo de votar el paquete de leyes.

“Lo que hemos puesto sobre la mesa es que hay un dictamen de una ley que todavía no genera un amplio consenso, y estamos dispuestos a que no sea discutido en este periodo extraordinario”, dijo el diputado priísta.

Sesión entre caos

La sesión ordinaria se instaló en medio del caos, pues los diputados panistas Esther Quintana y Rubén Camarillo exigieron que se incluyera el dictamen del Servicio Profesional Docente y la propuesta fue rechazada por las otras bancadas.

Acusaron a Arroyo Vieyra de violar el proceso legislativo e incluso Camarillo le exigió que diera una explicación de cuáles fueron las razones para modificar la Gaceta. “Usted en su voluntad ha llegado con un acuerdo con su partido tomando ilegalmente y dígalo, que es una medida fuera de la ley para darles contentillo a los maestros”, aseguró.

El coordinador perredista Silvano Aureoles pidió tolerancia a los panistas para no insistir en intentar regresar el dictamen a la discusión en el pleno, e incluso varios de sus compañeros “tomaron” la tribuna momentáneamente, lo que molestó a los panistas quienes le gritaron: “cómplice”.

Al final priístas y perredistas celebraron la votación mayoritaria que les permitía no discutir el polémico dictamen.

Incluso se habilitó un salón alterno para con mesas para que los diputados cenaran mientras se debatían las otras dos leyes.

La negociación

Por la mañana, los coordinadores parlamentarios intentaron negociar con 14 dirigentes de la CNTE de Oaxaca, Michoacán y del DF para que liberaran el palacio de San Lázaro.

Después de dos horas no lograron un acuerdo y se retiraron de la mesa con el compromiso de que los maestros consultarían a sus bases la petición de los legisladores de dejarlos sesionar en San Lázaro.

Al vencer el plazo y no tener respuesta, los legisladores decidieron irse a una sede alterna.