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Castigan al día a 18 servidores por corrupción

Silber Meza| El Universal
Viernes 20 de diciembre de 2013
Castigan al da a 18 servidores por corrupcin

REALIDAD. Más de 86 mil servidores públicos fueron castigados por actos deshonestos en los últimos 13 años. (Foto: ILUSTRACIÓN EKO )

En los últimos 13 años un promedio de 18 funcionarios al día han sido sancionados por actos de corrupción, de acuerdo con estadísticas oficiales

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Los casos de corrupción dentro del gobierno abarcan a personal de todas las secretarías e instituciones, como José Manuel Escobedo y Gabriel Murguía, quienes trabajaban en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas y “sacaron” del almacén medicamento de curación para luego llevarlo, sin sustento legal, a un domicilio particular. El primero fue suspendido por seis meses y el segundo fue inhabilitado por dos años, además de ser destituido. Cada uno recibió una sanción económica de 72 mil 292 pesos.

Otro caso es el del doctor cirujano Juan Roberto Yáñez, a quien aplicaron 90 días de suspensión y 46 mil 188 pesos de multa porque realizó una cirugía de implantes de glándulas mamarias en el IMSS, cuando ésta no estaba autorizada ni formaba parte de las prestaciones del instituto.

En la burocracia hay personas que rechazan la oportunidad de servir al Estado para lograr un lucro, como Sergio Armando Cortina, empleado de la Secretaría del Trabajo y a quien en 2008, 2009 y 2010 le fueron entregados 882 mil 583 pesos en viáticos que no comprobó, por lo que se hizo acreedor de una sanción equivalente al daño al erario público y a una inhabilitación por 10 años.

Son muchos los que han visto la oportunidad de hacer negocio a costa de las finanzas nacionales, como Irma Patricia Rodríguez, que en diciembre de 2012 se le sancionó con 106 mil 36 pesos y 10 años de inhabilitación por no haber entregado dinero al Instituto Nacional de Salud Pública.

“No realizó los depósitos correspondientes, pues las fichas de depósito que presentó para comprobar los supuestos depósitos se encuentran alteradas, además de que no depositó íntegramente las cantidades que recibió de uno de los referidos servidores públicos mediante trasferencia bancaria a su cuenta personal”, se lee en documentos entregados a través de la Ley de Transparencia.

Los datos obedecen a sanciones aplicadas durante los primeros meses de la actual administración federal y se pueden consultar en internet en la base de datos del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados (RPS).

Estas son sólo algunas de las 99 mil 215 sanciones administrativas que han recibido más de 86 mil servidores públicos en los últimos 13 años —de 2001 a 2013—, según informes anuales e información oficial de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Esto quiere decir que un promedio 18 funcionarios al día son castigados.

Los sancionados de Peña Nieto

El problema de corrupción en México ha provocado que en esta administración la Función Pública haya aplicado más de 10 mil 500 sanciones a 9 mil 822 funcionarios públicos, según datos oficiales. Hasta el 15 de noviembre pasado, esta secretaría había reintegrado 2 mil 196 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, producto de estos actos de corrupción.

Tras hacer una revisión de los casos que ha integrado la SFP durante los primeros cuatro meses de la actual administración federal, se puede constatar que buena parte de los servidores públicos acostumbran beneficiar con licitaciones a amigos y a familiares, a cobrar a cambio de un trámite gratuito, a fingir robos y a realizar autorobos.

Es frecuente que sean sancionados por introducir facturas falsas, apropiarse de equipo de cómputo o de dinero recaudado de la leche Liconsa; ostentarse como profesionistas sin serlo o presentar extemporáneamente la declaración patrimonial. Esta última es la falta más común, de acuerdo con datos obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información.

Pareciera mantenerse vigente esa máxima priísta atribuida al veracruzano César Garizurieta, que dice: “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.

Entre los más corruptos

Para Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, esta actitud de gran parte de la burocracia nacional obedece a que los mexicanos tratamos de obtener beneficios personales sin importar que se cause un daño mayor a la sociedad en la que participamos.

“Los ciudadanos hemos descubierto que más que un sistema legal, lo que queremos es vivir dentro de los privilegios que otros tienen. Entonces uno aspira a una posición pública no para servir, no para trabajar a favor del bien común o del interés público, sino para aprovechar las canonjías y los privilegios que eso suponga: de tener un automóvil a tu disposición o un salario extraordinario”, critica.

Este actuar, que se repite tanto en la gestión pública como en la privada, mantiene a México en el lugar 106 en materia de corrupción, de 177 países evaluados en el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción 2013, dado a conocer por Transparencia Internacional hace apenas unos días.

La calificación mexicana se sitúa muy lejos de su socio comercial Canadá, que ocupa la posición 9 a nivel mundial; de Chile, que se sitúa en el lugar 22, e incluso de Brasil, que se halla en el sitio 72.

México necesita avanzar en sistemas de transparencia, afirma Bohórquez; por eso, aunque con reservas, ve positiva la propuesta de crear la Comisión Nacional Anticorrupción, que en estos días se discute en el Congreso de la Unión a propuesta del Ejecutivo federal.

“Es una pieza de muchas que se necesitan. Esta pieza no va a resolver el problema, pero puede ayudar a hacer más eficaz algunas de las instituciones”, advierte.

Funcionarios ventajosos

El viernes 21 de noviembre de 2003, Ricardo Lemus, jefe de departamento de la Secretaría de Gobernación (Segob), le ordenó a Carlos Ramírez llevar un automóvil Chrysler Shadow 1993 al taller mecánico para que fuera revisado porque presentaba un ruido en la dirección hidráulica.

De acuerdo con la versión del servidor público, ese día no pudo cumplir la indicación de su jefe “por exceso de trabajo”, así que no introdujo la unidad al taller conocido como Rodríguez Quintos, ubicado en la colonia Roma Norte.

En vez de regresar el vehículo a las instalaciones oficiales, Carlos optó por quedarse con la unidad e intentar llevarla de nuevo el sábado por la mañana, pero esa segunda ocasión tampoco tuvo éxito porque el negocio estaba cerrado.

Entonces Carlos dejó el coche estacionado cerca del taller mecánico para el lunes introducirlo al servicio. Sin embargo, el domingo se dio cuenta de que no traía las llaves del vehículo oficial y fue a la agencia del Ministerio Público de la delegación Cuauhtémoc a reportar un posible robo, ya que al momento de dejar estacionado el auto, un par de hombres lo miraron y sospechó que éstos pudieron sustraerle las llaves sin percatarse.

Al llegar a la oficina delegacional le informaron que una mujer y dos hombres que viajaban en el Shadow habían sufrido un accidente ese domingo, a las cinco de la mañana, suceso del que sólo un hombre había sobrevivido.

Esa fue la versión que Carlos proporcionó a la autoridad, pero no la verdadera. El Ministerio Público realizó una investigación y descubrió que el empleado de la Segob no llevó el carro al taller, sino que lo utilizó para irse con su novia a una fiesta de reencuentro de amigos de la secundaria, se lee en el expediente DE-00034/2003, que fue desclasificado recientemente por la Secretaría de la Función Pública.

En realidad, la madrugada del domingo Carlos prestó el vehículo oficial a una de sus amigas para llevar a un invitado a su casa y de regreso sucedió el accidente. El auto fue pagado por la aseguradora; a Carlos se le castigó por el delito de abuso de autoridad y se le inhabilitó durante un año sin pena económica, según se puede constatar en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados.

Todos queremos privilegios

Desde el salón de reuniones de Transparencia Mexicana, un lugar vestido de madera color maple y con luces blancas atrapadas por un par de ventanas que caen translúcidas hacia el suelo, Eduardo Bohórquez define a la corrupción como el acto de traicionar la confianza depositada por otros para obtener un beneficio individual.

“Que a mí me vaya bien, aunque al país le vaya de la patada”, precisa desde las instalaciones ubicadas en la delegación Coyoacán.

De acuerdo con el último Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, publicado en 2010, el costo de la corrupción en México alcanza 32 mil millones de pesos al año en pequeñas mordidas distribuidas en 35 trámites y servicios.

Son 200 millones de actos de corrupción, que van desde inscribir a un niño en la escuela, hasta el llamado “impulso procesal”, una manera pomposa de decirle al soborno que se pide para que un expediente avance en el Poder Judicial. En promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso en mordidas.

La corrupción ha generado una enorme desconfianza en las instituciones, menciona Bohórquez, y con el tiempo los mexicanos hemos preferido formar parte de esa pequeña burbuja de privilegios que ofrece el estar dentro del gobierno, en vez de luchar para que mejoren los sistemas administrativos.

Pero dentro de esta tempestad de realidades hay una buena noticia, festeja el activista, y es que la corrupción no es un asunto del ADN nacional, como se ha llegado a creer.

“No es monopolio de los mexicanos, ni está tatuado en nuestros genes, ni es parte exclusiva de nuestra cultura. Hemos sido permisivos con la corrupción, que es diferente. Tenemos el mismo riesgo que cualquier otra cultura o país”, afirma.

Y si hemos sido permisivos, infiere, es por esa aspiración a formar parte del grupo de privilegiados y el miedo de que algún día nos vayan a sancionar con rigor a nosotros.

Lo que se necesita es que se mejoren los sistemas en los que participamos como sociedad, eso es lo que han hecho los países que más han avanzado en materia de anticorrupción, como Dinamarca o Nueva Zelanda.

Y esto se requiere para evitar una extorsión de un franelero o el robo y mal uso de los recursos públicos dentro de las administraciones federal, estatal y municipal.

“Si tuviera que decir qué es lo que está chueco en México, son los sistemas que no funcionan”, remarca Bohórquez.

Este deficiente modelo genera un conflicto de coordinación institucional entre los organismos que combaten la corrupción, dice, como la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República y la Auditoría Superior de la Federación.

“Mi impresión es que lo que tenemos es un sistema de fiscalización, control y rendición de cuentas que es bastante débil porque muchas de esas instituciones han quedado imperfectas y cortas ante el tipo de problemas de corrupción que enfrentamos ahora. Entonces yo diría que les faltan atribuciones y facultades a la Función Pública, a la PGR y a la Auditoría Superior de la Federación”, advierte.

Un ejemplo de la mala coordinación es que la mayoría de los casos que van de la Función Pública a la PGR quedan en una especie de parálisis procesal.

“Lo que nos hace falta es un sistema, porque lo que tenemos es un conjunto de piezas que todavía no están articuladas y cada una de esas piezas tiene relativa debilidad”.



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