En tres entidades se mantiene vigente la polémica por el tema del aborto: Aguascalientes, Tlaxcala y San Luis Potosí. A la fecha, 17 estados ya aprobaron reformas a sus respectivas constituciones para defender el derecho a la vida desde la concepción.

Sólo en el DF el aborto está despenalizado y en el resto de las entidades hay iniciativas en análisis.

En julio, en el caso de Tlaxcala, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió un recurso de inconstitucionalidad, que interpuso el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Mixcóatl Antonio, al argumentar que se “criminaliza” a la mujer.

El conflicto surgió tras la aprobación de los diputados locales al Código Penal estatal, donde se establecen sanciones de hasta cinco años de prisión a las mujeres que aborten, aun cuando su salud esté en riesgo.

En San Luis Potosí, un juez tiene 15 días, a partir del pasado viernes, para definir si absuelve o no a Hilda, acusada del delito de aborto.

Este estado destaca por su Código Penal, cuyas modificaciones han sido consideradas como regresivas, al establecer medidas como la prohibición de usar dos celulares o estipular sanciones corporales a mujeres mayores a las impuestas a hombres acusados por cometer adulterio.

Congelan dictamen

La posibilidad de presentar ante el pleno del Congreso de Aguascalientes el dictamen, aprobado en comisiones, para reformar la Constitución local para proteger la vida desde su concepción, se desvaneció el miércoles 31 de julio.

Esto luego de que creció la confrontación verbal entre el obispo de Aguascalientes, José María de la Torre Martín, y legisladores.

El miércoles pasado el prelado abandonó el recinto donde se realizaba la Sesión de Clausura del Último Periodo de Sesiones, luego de que el presidente de la Mesa Directiva, Mario Guevara, habló del tema.

En su discurso, alzó la voz y volteó a ver el lugar que ocupaba el obispo al recalcar: “que quede claro, los 27 diputados actuamos bajo consciencia y razón, abrimos las puertas para escuchar y analizar las voces de la sociedad, y ahí está el dictamen”.

Desde el principio, el obispo no avaló el dictamen, ya que señaló que había una diferencia entre concepción y fecundación, cuando, según la Iglesia, ambos conceptos son lo mismo.

Antes, calificó a los diputados de “bueyes, gusanos, perversos y huevones”; la respuesta no se hizo esperar y los legisladores lo llamaron ignorante.

Las distintas bancadas señalaron que este hecho complicará la presentación del dictamen ante el pleno.

El debate del tema

En los 17 estados donde han sido modificadas las constituciones, las mujeres que interrumpan su embarazo de manera voluntaria pueden ser acusadas del delito de aborto, detenidas y sentenciadas a prisión.

Las causales absolutorias son peligro de muerte de la madre, violación, malformación del producto o inseminación artificial no consentida, entre otras que dependen de la legislación local específica.

Para juristas, el debate está más allá de las reformas constitucionales, pues donde se castiga como delito es en los códigos penales y ahí es donde debería darse la polémica.

En los distintos códigos, las penas van de seis meses a 30 años, como es el caso de Guanajuato.

Ángeles López, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, indicó que partir de las reformas de 2007 para despenalizar el aborto en el DF, se generó una reacción en 16 estados que avalaron reformas a sus constituciones locales y se suma Chihuahua, que ya había incluido esta cláusula desde 1994.

La abogada constitucionalista y catedrática del ITAM, Ingrid Tapia, consideró que la aprobación de la reforma de ley en el DF es una acto inconstitucional, pues, además de atentar contra el derecho a la vida, permite que el aborto voluntario sea un “hecho lícito e ilícito, ya que se permite el asesinato de un ser vivo por no contar con las semanas que establece esa reforma”.

Por esa razón, agregó, otros estados generaron “un ‘candado’ legislativo en previsión de que se propusiera una reforma similar”.

Ángeles López dijo que las penas son diferentes en cada estado y puso como ejemplo Guanajuato, con “modificaciones más severas”, pues establece que “se protegerá la vida de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural”, esto es: “hay un concepto de persona distinto, ya que establece a un ser humano como un conjunto de células”.

Crecen denuncias en Guanajuato

Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, explicó que a casi tres años de la liberación de siete mujeres con condenas hasta 29 años de prisión, 35 más son investigadas por la Procuraduría de Justicia.

Afirmó que Guanajuato se ubica entre los primeros lugares por la criminalización de mujeres, “a quienes se les persigue legalmente, aunque el aborto haya sido espontáneo”.

“Guanajuato, Guerrero, Veracruz y Baja California Norte son los cuatro estados que más resaltan, tienen entre 20 y 30 mujeres criminalizadas por aborto, incluso encarceladas”.

La desinformación y confusión

En México no hay instituciones que realicen una contabilización sobre el número de denuncias y procesos contra mujeres por abortar.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) presentó este año el informe Omisión e Indiferencia, en el que destaca que 679 mujeres fueron denunciadas por aborto en diferentes entidades del país de 2009 a 2011.

Alma Luz Beltrán, coordinadora del equipo jurídico del GIRE, señaló que existe una “desinformación sobre este tema y confusión, lo cual genera un clima de ‘criminalización’”.