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Con un total de 50 firmas, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, periodistas, activistas, artistas y defensores de Derechos Humanos, se reunieron en el Poder Judicial de la Federación, para presentar un amparo en contra de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en específico de los artículos 189 y 190 fracciones I, II y III, por considerar que violan los derechos humanos, la privacidad y la seguridad.

Los artículos establecen la geolocalización en tiempo real de equipos móviles, vigilancia masiva de las comunicaciones sin rendición de cuentas, acceso a datos a un sinfín de autoridades ajenas a la persecución de delitos, entre otros casos.

Luis Fernando García abogado en defensa de  los derechos digitales, señaló que dichos  artículos brindan a las autoridades poderes altos, sin ningún tipo de rendición de cuentas por lo que “para un agente de la procuraduría,  el Centro de Investigación y Seguridad Social CISEN,  la Secretaría de Gobernación, o para algún  órgano de Gobierno de un Estado,  es muy sencillo acceder a este tipo de datos, sin que nadie se entere, es decir,  ni un juez y ni él afectado en determinado momento.”  

Además de  que la Ley de Telecomunicaciones hace más vulnerable a los periodistas “en este país que son constantemente amenazados.”

El amparo surgió a raíz de que instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)  y el Instituto Federal para el Acceso a la Información (IFAI), que debieron presentar la acción de inconstitucionalidad en contra de esta legislación, no lo hicieron.

“Por tal razón estamos ejerciendo el derecho de acceso a la justicia y acudiendo al Poder Judicial de la Federación, en espera de que éste sea el que escuche y resuelva conforme a la Constitución y de acuerdo a los estándares de Derechos Humanos y el Derecho Internacional”, dijo Luis Fernando García, abogado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.

En caso de no haber respuesta alguna, recurrirán a diversas instancias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). No obstante, independientemente del amparo, invitan a la ciudadanía a exigir a representantes y a las instituciones, a que respeten el derecho a la privacidad y hacer todo lo que se posible en cuanto a medidas de autodefensa tecnológicas se refiere.

“Nosotros no estamos diciendo que no exista la posibilidad de utilizar la tecnología o de intervenir comunicaciones, en algunos casos, pero que este tiene que llevarse a cabo bajo una serie de controles como el judicial, de transparencia y la rendición de cuentas, que el gobierno y muchos otros actores se han negado a incorporar sin ningún tipo de razón”, concluyó.