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Debido a que Sonora es una de las cuatro entidades donde se concentra la mayor cantidad de concesiones mineras, Fernanda Hopenhaym, Coordinadora de la Organización PODER, aseguró que hace falta aplicar penas más severas que superen las multas administrativas, como el retiro de concesiones y la suspensión de actividades de las empresas.

De acuerdo con la investigadora, el 73% de la actividad minera se concentra en cuatro estados: Zacatecas, Chihuahua, Coahuila y Sonora. En ésta última entidad fue donde se registró el pasado 6 de agosto el derrame de 40 mil litros de ácido sulfúrico que afectó a cinco municipios por la contaminación del río Sonora.

En entrevista con este diario, la especialista en transparencia dijo que existen más de cinco mil concesiones vigentes en México, de las cuáles, se desconoce la estimación de riesgos. “Urge una evaluación de impacto en derechos humanos, es decir, pensar en qué derechos se podrían estar violando con la operación de un proyecto en desarrollo, o mina, en términos de propiedad de la tierra, derechos culturales, ambientales, alimentarios y de acceso a la salud”.

Hopenhaym informó que es necesario conocer ¿Quién es Quién? en el sector empresarial, qué características tiene cada inversionista y cómo opera, con la finalidad de proteger el patrimonio nacional. La Coordinadora de la organización sin fines de lucro, promueve mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en México y países de América Latina.

Con un proyecto enfocado en la inversión de industrias mineras, hidroeléctricas e hidrocarburos, la también Consultora en Derechos Humanos, indicó que México es  principal productor de oro a nivel mundial, además de plata, zinc y cobre.

 “En términos del oro no solo las mineras mexicanas lo explotan, también las mineras canadienses. Goldcorp, es una empresa que tiene minas de oro en Guerrero”, aseguró.

Ante la falta de mecanismos de vigilancia de las empresas de exploración y explotación de minerales en el país, Grupo México, empresa responsable del derrame en Sonora, podría recibir una multa administrativa. Sin embargo, se desconoce si será superior a los 13 millones de pesos que pagó por la muerte de cinco trabajadores en la mina de Charcas en San Luis Potosí, el 12 de febrero pasado.

Al respecto, Fernanda Hopenhaym indicó que en el país, no hay nada claro en relación a afectaciones al medio ambiente, conflictos laborales, y la procedencia de cómo se actúa cuando se detecta un problema, por lo que en resultado se obtiene una falta administrativa poco transparente. “Nosotros creemos que la rendición de cuentas en esta industria ha sido insuficiente, hace falta implementar una debida diligencia y medidas rigurosas para la entrega de concesiones”, comentó.

A través de la página electrónica rindecuentas.org, Hopenhaym expone una serie de artículos sobre investigaciones orientadas a la actividad empresarial en México. La especialista aseveró que el aporte de la organización a la sociedad civil, se sustenta en una exigencia a la industria minera, a fin de lograr una buena regulación que sea firme y transparente.

Indicó que poco más del 13% del territorio nacional está concesionado a minas. Sin embargo, “cuando se solicitan por transparencia las coordenadas exactas del territorio que ocupan y se pide saber quiénes son las empresas, no hay información sistematizada; se debe asistir a la Dirección General de Minas y la dependencia, sólo permite consultar cinco archivos por persona, con pluma y hojas para anotar”.

La Coordinadora de PODER enfatizó que debido a los candados que se ponen para el acceso a la información, la organización trabaja en un mapeo global de minería en México, que informa sobre las características de la industria y las empresas involucradas en la materia. Además, cuenta con un avance de las minas ubicadas en Puebla y seguirán la pista de la industria minera en cinco estados más.

“Sabemos a quién se le entregó la concesión inicial, pero desconocemos si la empresa cambió la razón social, vendió la concesión o la ejerce en operación una de sus filiales; por ello hacemos un trabajo de rastreo, para saber quiénes son los actores fundamentales y transparentar este proceso”, concluyó.