lilia.saul@eluniversal.com.mx

La Procuraduría General de la República (PGR) puso en marcha una serie de protocolos para la identificación de cadáveres localizados en fosas clandestinas.

El gobierno federal entró de lleno a la problemática con la integración de un cuerpo especializado que trabajará con estudios de genética, fluidos biológicos, radiografías, muestras odontológicas y perfiles genéticos de los familiares.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó, en un lapso de cuatro años (2011-2014), el hallazgo de 246 fosas en todo el país y 534 cadáveres. En cuanto a la PGR, de 2006 a 2013 registró mil 243 cadáveres hallados en diversas entidades del país.

La PGR reconoce que la situación ha rebasado a algunos estados, que en ocasiones ni siquiera cuentan con refrigeradores para preservar los cuerpos, y a los Servicios Médicos Forenses (Semefo), que no tienen un número suficiente de peritos, y es notable la falta de pericia en el manejo de las evidencias por parte de algunos servidores públicos que no han sido capacitados para tal fin.

"El verdadero reto está en el fortalecimiento de las capacidades periciales y forenses, y ahí la PGR ha trabajado intensamente con 90 unidades móviles que ya están repartidas en todo el país, de las cuales 30 son específicamente laboratorios genéticos, y las autoridades de cualquier entidad federativa tienen acceso a esos laboratorios", explicó Eliana García, encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la dependencia federal.

Estados en desorden

Tamaulipas y Veracruz son las dos entidades que, junto con Jalisco, encabezan las listas con el mayor número de hallazgos de fosas clandestinas.

Estas cifras deben sumarse a los cuerpos encontrados sin cabeza, los restos óseos hallados en Allende, Coahuila, el año pasado, así como a las llamadas cocinas, donde fueron hallados cadáveres de humanos desintegrados por químicos.

EL UNIVERSAL tiene datos de la PGR y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre el número de fosas clandestinas encontradas en México, y aunque las cifras de ambas dependencias son distintas, coinciden en una cosa: a partir de 2013 en el país comenzaron a "brotar" cadáveres en varias entidades del país.

La crisis de las fosas comenzó cuando la Sedena encontró, tan sólo en San Fernando, Tamaulipas, 52 fosas y 210 cuerpos en 2011. A partir de esa fecha, las autoridades, entre ellas la PGR, consideraron urgente que se homologaran protocolos para obtener datos genéticos de los cadáveres y así devolverlos a sus familiares.

"Lo que estamos buscando es promover que otros estados se sumen a la firma del convenio del uso de la licencia del software que la Cruz Roja nos ha puesto a disposición. ¿Por qué queremos eso? Porque la meta es que todos los estados usen el mismo sistema, el mismo lenguaje y se obliguen a capturar la información en términos de este software, de tal forma que sea muy fácil poder compartir la información", explicó Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la PGR.

Peritos se especializan

La PGR cuenta con 267 peritos que atienden a nivel nacional las tareas de levantamiento y recopilación de datos para el análisis de cadáveres hallados en fosas clandestinas.

De acuerdo con datos entregados a EL UNIVERSAL, la dependencia tiene 122 peritos expertos en dactiloscopia, 91 en criminalística, 36 en genética, 13 expertos en retrato hablado y cinco peritos especializados en antropología forense.

La mayoría de estos expertos vive en el Distrito Federal, debido a que los principales laboratorios forenses y los grandes refrigeradores para preservar cuerpos también están en esa entidad.

Por esta razón, Tamaulipas y Jalisco tuvieron que enviar los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas de San Fernando y La Barca a la ciudad de México, pues no alcanzaban los refrigeradores para preservar los cadáveres.

El fenómeno de las fosas clandestinas dejó en evidencia que varias entidades no contaban con protocolos establecidos, por ello se comenzó con este proceso.

Sin embargo, hay estados que todavía no se coordinan con el gobierno federal, como es el caso de Veracruz. A pesar haberse hallado 30 cadáveres en varias fosas clandestinas en el municipio de Cosamalopan en este año, no se pidió ayuda a la PGR por parte de la Procuraduría local.

"Si no solicitan ayuda, no podemos meternos", aclaró Eliana García, quien reconoce que las 32 entidades del país no están obligadas a homologar todos sus procedimientos para la búsqueda de la identidad de las personas encontradas en las fosas clandestinas.

Apoyo de la Cruz Roja

Con la firma del convenio entre la Cruz Roja y la PGR, se autorizó el uso de una licencia con un software que permitirá que las bases de datos "se hablen" entre sí.

Un ejemplo es el hecho de buscar en la base de datos de desaparecidos a quienes podrían estar entre los cadáveres de fosas clandestinas y así evitar que vayan a la fosa común.

"El software AM-PM es una herramienta que te permite que toda la información de datos en vida de las personas que estamos buscando se encuentre recopilada. Toda esta información se fortalece con el trabajo de búsqueda que hacen los Ministerios Públicos", explicó Eliana García.

Los procuradores y fiscales de todos los estados se comprometieron a integrar a la brevedad una base nacional de información genética "Ante Mortem" y "Post Mortem" para que se logre tener esa base de datos extensa.

"Se ha trabajado en establecer protocolos y queremos que sea sólo uno el que se utilice a nivel nacional, con base en el cual se integre la base de datos y la búsqueda de personas desaparecidas", explicó Benítez Tiburcio.

Manual de 102 cuartillas

El Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, entregado por la PGR recientemente a todos los procuradores y fiscales del país, consta de seis capítulos que abordan desde el marco jurídico hasta los formularios que se deben llenar por parte de los peritos al momento de encontrar cuerpos en fosas clandestinas.

En el protocolo -que consta de 102 cuartillas- también se especifica el tratamiento que debe darse a cadáveres y restos humanos para la obtención de datos post mórtem, y se informa cuál es la mejor manera para recolectar las muestras biológicas en los cadáveres para el análisis del ADN.