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Entrevista. "Todo mundo hace como que no ve"

Lilia Saúl| El Universal
15:10Lunes 24 de febrero de 2014

En el ramo 33 del Presupuesto de Egresos, que nunca ha tenido una reglamentación clara, en donde se reporta el mayor número de desvío de recursos, señala el Auditor Juan Manuel Portal . (Foto: Adrían Hernández )

Los gobernadores usan el presupuesto de manera irresponsable y Hacienda todavía maneja con discrecionalidad los recursos públicos, lamenta

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Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) calificó de “irresponsables” a los gobernadores por el desvío de recursos públicos y a la Secretaría de Hacienda, a la que tildó aún de “opaca” en el manejo de los mismos, pues afirmó que todavía lo hace de forma “discrecional”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el encargado del órgano fiscalizador, dependiente de la Cámara de Diputados, precisó que en la administración pasada, del ex presidente Felipe Calderón, al igual que en los últimos sexenios, se repitieron los mismos errores estructurales debido a la falta de una normatividad que ponga en cintura a todos los actores políticos y funcionarios y evitar el mal manejo financiero.

Como ejemplo citó el caso del Ramo 33, que nunca ha tenido una reglamentación clara y es donde se reporta el mayor número de desvío de recursos.

Portal refiere que el mecanismo de no darse por enterados de cómo tenían que usarse los recursos, como en Tabasco, es usado ya también por otros gobernadores. “Siempre dicen que no los habían informado”, explica.

"Un cochinero" en Conaculta

EL UNIVERSAL publicó la semana pasada una serie de irregularidades detectadas en torno a proyectos culturales, en que se involucra al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), como el Centro Cultural Elena Garro, los Estudios Churubusco y la Cineteca, además del pago de altos sueldos a asesores.

Juan Manuel Portal refiere que el actual titular de Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa, le dijo a su llegada que prácticamente recibió “un cochinero”.

—¿Ese es el argumento principal que le dicen, que no sabían?, se le pregunta al auditor sobre la práctica de gobernadores cuando ejercen el gasto.

—Así es.

—¿Y usted les cree?

—A la mayoría, porque algunos van llegando y no saben qué había ocurrido antes. Conaculta, por ejemplo, el nuevo director del organismo me dijo “parece un cochinero lo que dejaron”.

Después de presentar la Cuenta Pública 2012, el auditor también pidió a los gobernadores y en general a todos los actores políticos comprometerse pues no avanzan las denuncias, los controles son muy laxos aún en materia contable y lo más grave: le dan la razón, pero nadie hace nada. “Todo mundo hace como que no ve”, remató.

Insistió en que se requiere de manera urgente aprobar las tres reformas que están pendientes en el Congreso de la Unión y que podrían ayudar a que este problema se vea disminuido. Éstas consisten en crear un Tribunal Independiente y Especializado que combata las irregularidades en la administración pública y así se asegure la sanción para aquellas entidades o funcionarios que hayan desviado recursos; crear un Sistema Nacional de Fiscalización de los recursos públicos y una Comisión Nacional Anticorrupción.

"No es echarnos la bolita"

—¿Qué balance haría del sexenio que concluyó?

—Lo que yo le puedo decir es que la administración pública, incluyendo el sexenio anterior, enfrenta problemas estructurales que se han buscado atender a través de iniciativas como la Ley de Contabilidad Gubernamental y el Sistema de Evaluación de Desempeño. Sin embargo, falta consolidar su ejecución y complementarlo con otros elementos, como el fortalecimiento del acceso a la información y un esquema efectivo de sanciones administrativas, entre otras cosas.

Durante este sexenio se pueden materializar reformas importantes para, finalmente, contar con un sistema efectivo de rendición de cuentas. Mientras no se consoliden cambios estructurales en materia de control, auditoría interna, evaluación y la asignación de resultados de auditoría, seguirán habiendo los mismos incentivos y los resultados de las auditorías, a lo largo del tiempo, serán similares, agrega Portal.

—Usted dice que no puede fiscalizar todos los fondos y en general vemos que todos se van echando la bolita. No hay un solo responsable a la hora de las fallas...

—No es echarnos la bolita. No tenemos facultades constitucionales. Nosotros ordenamos que se supervise adecuadamente y se aplique la normativa. Pero le pongo un ejemplo, la Ley de Coordinación Fiscal no tiene un reglamento que diga cómo gastar los recursos en el Ramo 33. ¿Qué es lo que hemos hecho? Recomendar lineamientos, pero esto se hace a través de la ASF. En cuanto al capítulo de gasto federalizado, cómo se debe gastar cada uno de los fondos, requiere de un análisis anual. Descuidarlo es quedar omisos y permitir que se gaste sin ninguna regla.

—Pero siguen existiendo demasiadas irregularidades...

—Logramos hace tres años que se incorporara el primer párrafo del gasto federalizado, que todos estos recursos debían cumplirse con el principio de anualidad. Que se gasten los recursos en el mismo año que se entregan y si no se hace esto, se deben devolver a la Tesorería de la Federación. Pero esto no ocurre. Hay distintos incentivos para hacer desviaciones, como la falta de cumplimiento en la anualidad del ejercicio de recursos.

Esta falta de principio de anualidad está implicado como un incentivo para el desvío de recursos. Se quedan en las cuentas y provoca desviaciones para usos indebidos pero también en subejercicios. “Al no haber obligación de reintegrarlo a la Federación, me lo quedo en mis cuentas”, piensan.

—Y si cada año se ven los resultados negativos, y que aún así la Federación les da dinero a estados. ¿Por qué?

—Alguien me preguntó ¿Y por qué no pides que se les deje de dar dinero? No. Se les da un porcentaje y si bien ese porcentaje de los recursos a salud o educación, del 100% se desvía el 8% o el 2%, entonces no es que no se les deba dar. El propósito es correcto, ahora hay que ver que se gaste bien. Lo que no se está ejerciendo es por cierta dificultad a la hora de la designación de los recursos en los estados.

Eluden la ley

—De las denuncias sólo hay 19 consignaciones.

—Sí. ¿Qué hacemos? Tiene que simplificarse... Los auditores no tienen por qué meter a la cárcel a la gente. Ellos cumplen con un trabajo técnico.

—¿Y como auditor no puede ejercer presión política?

—No es la presión política, tenemos una coordinación con la Procuraduría (PGR) desde hace tres años. Es importante que no los dejemos, que se denuncien los casos y que los expedientes estén bien sustentados.

—Varias dependencias siguen triangulando recursos...

—Tenemos por ejemplo Turissste, con la compra de relojes. O Fonatur para hacer ciertas construcciones en forma directa. Estela de Luz y la empresa III de Pemex. Después de eso hicimos una revisión y encontramos que hay un buen número de universidades que están haciendo lo mismo.

Eluden el cumplimiento de la ley, tomando lo que dice la norma pública, que dice que no se requiere hacer una licitación. Aunque se puede subcontratar, no puede hacerse en más de 49% y lo están haciendo hasta en el 100%. Hay casos de subsubcontrataciones. ¿Cómo hacemos para que nadie haga estas subcontrataciones? Esto es responsabilidad de cada uno y debe estar sancionado.

—¿Todo se resolvería si se cambiaran las reglas?

—Así es. Está pendiente en la Cámara de Senadores desde hace año y medio la reforma para modificar el trabajo de la Auditoría. Ojalá y la propuesta pase, porque nos permitiría entregar los informes trimestral o mensualmente.

Gobernadores irresponsables

—Más que escándalos, ¿Qué sigue siendo lo recurrente?

—Está la parte federal y de estados. Estados se ve influenciado por esto del desvío de recursos porque sus finanzas son muy débiles. No hay disciplina para el ejercicio del gasto y los gobernadores usan el presupuesto de manera irresponsable. No hay equilibrio entre el ingreso y el gasto que están realizando. Esto implica que tienen que recurrir a otros fondos, como el endeudamiento o a fondos federales. En la medida en que se cierre la llave para que no usen los fondos federales, tendrán que reducir el gasto y que no se endeuden. Ojalá y la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) tome cartas en el asunto, porque todo mundo hace como que no ve. Y en cuanto a la parte central, quizás, la forma como maneja Hacienda, todavía con cierta discrecionalidad, los recursos, pudiera mejorarse. Pero todavía tenemos mucho qué hacer.

—¿Y cuáles son sus sugerencias al respecto?

—Yo creo que cada quien debiera cumplir la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con atraso en municipios. La entrega del presupuesto basado en resultados, pero sin sistema de evaluación difícilmente podremos pedir resultados.

—¿Hacienda no debiera dar más seguimientos a los recursos que entrega?

—Debiera. Lo hace a través de la Función Pública. Y la hay, como los programas sociales, que deben entregar reportes. Pero no lo hacen, sobre todo municipios. Y no lo hacen porque no se los exigen.

—Falta un poco entonces de control...

—Sí.

Sin firmas de Granier

Ejemplifica que Sagarpa tiene 44 funcionarios sancionados pero el monto desviado asciende a 35 millones de pesos, en cambio Tabasco tiene siete denuncias pero son más de mil millones de pesos. “Hay fondos que supuestamente se restituyeron y después los vuelven a sacar cuando ya los dimos por solventados, práctica que se repite.

Y aquí me gustaría llegar a tener el compromiso legal, responsabilidad de los gobernadores y secretarios de Hacienda, para el uso adecuado de estos fondos. Al ex gobernador (Andrés) Granier, poderlo agarrar, porque nunca firmó nada. Así ha sido más complicado implicarlos con responsabilidad directa”.

—¿Pero el gobernador debió firmar todo o no?

—Es hasta por omisión. ¿Cómo no me voy a dar cuenta de que entraron mil millones de pesos y no sepa dónde están? Saben que sería clarísimo que ellos serían los primeros. ¿Qué es lo que quiero? Que pongan su firma. Y que Hacienda obligue a los gobernadores a que pongan su firma. Me preguntan si los recursos se fueron a campaña. No podemos saberlo. Entra dinero a la cuenta, lo sacan y lo meten a una general del Estado. Y de todas las cuentas lo meten a una “licuadora” y cuando quieren pagar, ya no tienen dinero... así fue como se determinó el caso Tabasco.



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