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La corrupción y los vínculos entre la policía y los criminales en México no es un tema nuevo en la agenda de seguridad. Un monitoreo de medios realizado por EL UNIVERSAL revela que en los últimos cinco años fueron detenidos dos mil 543 policías en todo el territorio mexicano. Extorsión, abuso de autoridad, homicidio y retención de personas para entregarlas al crimen organizado, son algunos de los delitos en los que las fuerzas del orden se han visto involucrados.

México es el tercer país con mayor número de policías en el mundo, únicamente lo supera India y Estados Unidos. Pero ni estos 519 mil 739 agentes de seguridad, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), han podido contener los embates de los criminales. Se calcula que siete de cada 10 miembros de las fuerzas municipales han sido infiltrados por el crimen organizado, asegura Lilia Aguilar Gil, diputada federal del PT y quien funge como secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja.

Hace 60 días, las fallas de los cuerpos de seguridad del país volvieron a salir a la luz pública, y mostraron una policía débil y corrupta. La noche del 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, una de las regiones mexicanas más pobres. Los resultados de las investigaciones fueron crudos: la policía municipal de Iguala atacó, detuvo y supuestamente entregó a los jóvenes al grupo criminal Guerreros Unidos. Los buenos se convirtieron en los malos.

Hace más de 30 años que las fuerzas del orden son parte de las nóminas del crimen, afirma Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). “Lo único que pasó con el gobierno de (Felipe) Calderón, es que todas estas relaciones se destaparon”.

Pero el problema no se rige únicamente por dinero. Las pésimas condiciones de trabajo y la falta de un proyecto policiaco han generado que los guardias tengan una sensación de abandono por parte de la institución. “Hay un desencanto en la carrera policial,” sentencia Elena Azaola, integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores (Ciesas).

Sin un sitio oficial con cifras sobre esta problemática, EL UNIVERSAL realizó un monitoreo de medios, de 2010 a octubre 2014, en el que se encontraron 244 eventos en los que se detuvo a algún oficial de las fuerzas públicas. Para 2014, año que aún no finaliza, los registros ya van por encima de las 50 notas.

Ayotzinapa no es el primer caso y parece que no será el último. En mayo de 2011 se reportó la detención de 23 policías en el municipio de Tarandacuao, Guanajuato, por tener vínculos con grupos del crimen organizado. Una de las tareas que realizaban era vigilar a probables víctimas, detenerlas y entregarlas al cártel de La Familia Michoacana.

El distanciamiento entre la sociedad y las fuerzas del orden es grande, afirma Barrón, y casos como Ayotzinapa o Tlatlaya, Estado de México, lugar en que al parecer miembros del Ejército ejecutaron a supuestos delincuentes, lo ha incrementado.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), registró que 90% de los encuestados considera a la policía como la institución más corrupta de México.

En cambio, la empresa The Harris Poll de Estados Unidos publicó que tres de cada cinco estadounidenses consideran la carrera de oficial de policía como una de las profesiones con mayor prestigio en la unión americana.

¿Qué salió mal?

En 2010, diversos organismos comenzaron a reportar no sólo el alza en delitos como el secuestro y la extorsión, sino la suma de un nuevo factor que lo hacía más estremecedor.

Causa en Común, organización no gubernamental dedicada a exigir mayor rendición de cuentas a las autoridades, denunció que en siete de cada 10 privaciones de la libertad que ocurren en México están involucrados policías o ex policías.

Hasta septiembre de 2014 se reportaron mil 529 plagios en el país. Si este cálculo es una muestra de la realidad cotidiana, las fuerzas del orden participaron en cerca de mil raptos.

Barrón señala que esta descomposición policiaca comenzó en los años 80. De repente “tienes una sociedad que va cambiando en razón del nivel educativo, pero los policías se quedaron rezagados”.

En 2011, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, reportó que 70% de los policías municipales sólo contaban con educación básica, es decir, hasta secundaria.

La policía juntó los elementos perfectos para ser un blanco fácil del crimen organizado. En lugares como Tamaulipas, zona reconocida a nivel mundial por su alta penetración del crimen en esferas gubernamentales, hay agentes estatales con honorarios que apenas sobrepasan los tres mil pesos mensuales.

Se calcula que los oficiales deben obtener, al menos, 30% más de ingresos a través de “la mordida” (dinero a cambio de evadir multas) o actos de corrupción y así “solventar más o menos su nivel de vida,” asegura Barrón del Inacipe.

Dos de cada tres policías detenidos, de acuerdo con el monitoreo de El UNIVERSAL, pertenecían a corporaciones de Nuevo León, Michoacán, Veracruz, Durango y Estado de México. Un policía de Michoacán se enfrenta todos los días a las estadísticas más altas del país en homicidios, 49 asesinatos por cada mil habitantes, a cambio de nueve mil pesos mensuales y una jornada de hasta 16 horas continuas.

Sin apoyo de su institución y sobrellevando situaciones de violencia para las que incluso no están suficientemente capacitados, los oficiales se ven envueltos en un círculo de corrupción casi imposible de sortear. Entre 2010 y 2012, años en los que la violencia arreció en la mayor parte de México, los jenízaros municipales se convirtieron en simples “levanta casquillos”.

Las órdenes eran claras, ninguno podía acercarse a casos de violencia que tuvieran que ver con el crimen organizado, dice Aguilar.

Además, el tiempo de preparación de la fuerza policiaca es absurdo e insuficiente. Un guardián de calle en Chile tiene una educación de un año y medio, en Colombia un año, en Argentina de uno a tres y en México “cualquiera puede ser policía, en promedio, en seis meses o hasta menos”, afirma Barrón.

El ejemplo más claro es la Gendarmería Nacional, policía de élite que fue presentada en agosto de este año y que tan solo fue entrenada cuatro meses.

Pruebas de confianza caras

El gobierno federal ha presumido que 65% de los policías del país ya están evaluados, pero esta cifra no representa nada en la seguridad de México. El tema de la certificación se planteó como la solución para tener elementos confiables en las instituciones de seguridad desde el sexenio pasado.

Pero casos como los de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Estado de México, entre otros, siguen mostrando que gastar cerca de dos mil millones de pesos sólo en pruebas de polígrafo, no es suficiente para terminar con la complicidad de policías y delincuentes.

A un mes de que terminó el plazo para que todas las policías del país acreditaran los exámenes del Centro de Evaluación, Control y Confianza (C-3), nadie sabe cuál será el destino de 40 mil 25 agentes estatales y municipales que siguen trabajando pese a haber reprobado los exámenes, según cifras reveladas por el SESNSP.

Azaola asegura que este tipo de mecanismos “no te pueden garantizar que las instituciones realmente funcionen bien”. Y mientras no se implemente una reforma que incluya buena capacitación y elementos tan sencillos como seguridad social para los policías, seguirán presentándose casos en que los agentes elijan trabajar con los criminales.

La aprehensión y destitución de agentes se ha convertido en una práctica recurrente del gobierno para cuantificar sus avances en materia de seguridad, pero estas acciones sólo le confirman a la población la fuerte vulnerabilidad que hay en las instituciones y una falta de control, explica Barrón.

La solución para controlar los niveles tan altos de inseguridad está lejos del alcance de los policías. Eduardo Guerrero, especialista en seguridad, indica que los factores para contrarrestar el problema en las corporaciones son varios y requieren tiempo, pero por lo menos “necesitas una institución que le brinde seguro médico a sus policías”, asegura el experto.