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Terapia intensiva de rehabilitación, valoraciones médicas sin cédula profesional, inanición, extorsiones monetarias y chantajes; son algunos padecimientos que alberga la población del país con dependencia al alcohol y las drogas, en los centros de rehabilitación, mejor conocidos como “anexos”.

A nivel nacional, de 2006 a 2012, el Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones (Cenadic) a través del Censo Nacional de Establecimientos Especializados en el Tratamiento de las Adicciones dio cuenta de la existencia de 560 establecimientos ambulatorios y mil 736 establecimientos residenciales para tratar con el problema de las adicciones.

Sin embargo, en el mismo Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal se requiere cumplir con la norma NOM-028-SSA2-2009 para obtener subsidios y hasta 2012, sólo 372 establecimientos cumplían con dicho requisito.

En el Distrito Federal, de 264 “grupos de ayuda mutua” ubicados en la demarcación, sólo 31 cumplen con la misma norma, en materia de atención y tratamiento de las adicciones, que establece las condiciones mínimas de seguridad e higiene para los involucrados.

La solicitud de información 0312300006914, que responde a lo solicitado por el gobierno capitalino, reveló que 21 establecimientos irregulares suspendieron operaciones por la intervención del Instituto para la Prevención y Atención de las Adicciones (IAPA), en la Ciudad de México, debido a las condiciones deplorables en que operaban y tenían a los internos.

De acuerdo con datos obtenidos por EL UNIVERSAL, cerca del 15% de los mexicanos abusa del alcohol y más de medio millón son atendidos en instituciones de salud pública por problemas de farmacodependencia. Sin embargo, se desconoce cuántas personas son atendidas en los centros de rehabilitación ajenos al Gobierno Federal.

María del Rocío Corona, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), refirió en un documento emitido el 11 de junio a la Secretaría de Salud que “la cifra no refleja la magnitud del problema porque únicamente considera a los que son atendidos, excluyendo a los que no reciben ese beneficio”.

La falta de atención de las autoridades por cubrir la demanda de este servicio y la escasa regulación de los “grupos de ayuda mutua”, permite que congregaciones residenciales como el Grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos y Terapia Intensiva, reciban a más de 10 mil personas al año, en diversos “anexos” distribuidos en el país.

De acuerdo con los representantes y miembros de la Junta de Consejo de la Oficina Central del Grupo 24 Horas, en los “anexos” (internados para la rehabilitación de las drogas y el alcohol), los pacientes no son humillados, torturados y no reciben ningún tipo de maltrato.

Contrario al argumento de los responsables de operar uno de los 384 anexos que existen México, este diario identificó que hombres, mujeres, menores de edad y adultos, son sometidos a tratamientos inhumanos y privados de su libertad, por más de 720 horas.

Al no poder pagar un tratamiento de rehabilitación, las personas se acercan a estas agrupaciones, sin conocer el trato que les espera.

La Secretaría de Salud reconoció que 50% de los establecimientos que trabajan por cuenta propia en materia de atención a las adicciones, no están registrados.

La ilegalidad con la que operan implica el pago de cuotas, entrega de despensas, labores domésticas, castigos y abusos sexuales; de acuerdo con testimonios anónimos emitidos por víctimas de estos “grupos de ayuda mutua”.

El costo de la “rehabilitación”

Familiares de personas que son internadas en los “anexos” relatan que ante el deseo de que su familiar se recupere, pagan al “padrino” (responsable de la rehabilitación del interno) por retener al paciente durante 30 días o hasta por tres meses, y si es catalogado ingobernable (que no tiene control) se le sugiere trasladarlo a un grupo de mayor disciplina, también conocido como “fuera de serie”.

Desde febrero de este año, la Secretaría de Salud y la Cámara de Diputados acordaron, a través de un punto de acuerdo, “a emprender acciones coordinadas para reforzar el control y la supervisión de los establecimientos dedicados al tratamiento y la rehabilitación de personas con trastornos por abuso y dependencia al alcohol, y otros psicoactivos”. Además, consideró necesaria la creación de una Comisión Mixta Federal de supervisión y regulación que involucre la defensa de los derechos humanos y la protección de riesgos sanitarios en los pacientes que requieran este apoyo por parte del gobierno.