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Las gasolineras no dan litros completos cuando despachan a los consumidores. Al menos una de cada tres concesionarias de Pemex entregó menos gasolina a sus clientes, y hubo algunas -—aunque fueron la menos—, que pusieron en riesgo la vida de las personas al contar con fugas en sus instalaciones.

Este es el resultado del análisis que efectuó la Unidad de Periodismo de Datos y la organización Spaceshipslab, a partir de los datos que arrojaron las verificaciones realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Los concesionarios de estos expendios han demostrado que no les agrada cumplir con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 005, que verifica con pruebas electrónicas o manuales, así como de software, el estado en que están las bombas despachadoras. Esto debido a que en algunas gasolineras se oponen a la revisión o incluso llegan a interponer amparos.

Lo anterior fue detectado por la Profeco, que verificó en un periodo de cinco años a siete mil 987 gasolineras, y de éstas, 29% (dos mil 340) daban litros incompletos a los consumidores, por lo que fueron sancionadas o multadas.

La información se obtuvo a través de la solicitud de información con folio 1031500031411, que contiene la base de datos “¿Quién es quién en las gasolinas?” así como de la sección de Transparencia Focalizada de la Profeco (http://www.profeco.gob.mx/transparencia/transfocaliza/transfocaliza.asp) que contiene la base de datos del “Semáforo Abierto”.

Fugas y alteraciones

Una de cada dos gasolineras verificadas (es decir, más del 49%) ya tenía denuncias en su contra por parte de los consumidores, al no recibir litros completos o presentar alguna otra irregularidad, como fugas en sus instalaciones (568 gasolineras), gasolina adulterada (41), anomalías eléctricas (705), o hasta anomalías en el precio (75).

La Profeco, que cuenta con un grupo reducido de casi 300 verificadores para las más de 10 mil gasolineras que existen en todo México, encontró resistencia de al menos mil 401 estaciones expendedoras, para no ser verificadas, e incluso los propietarios de 116 se ampararon ante la autoridad judicial para que no las revisaran.

Esto ocurrió durante el periodo 2005-2011, años que comprende la base de datos de “¿Quién es quién en las gasolineras?”, que incluye la información más completa integrada por Profeco, como resultado de estas revisiones.

Combustible adulterado

La venta de “litros” incompletos, no es la única irregularidad que presentaron durante este periodo las gasolineras, pues 41 concesionarias vendían combustible adulterado.

Por todas las anomalías, la Profeco impuso multas por un monto de casi 32 millones de pesos, de acuerdo con su informe institucional que contiene información hasta 2010, denominado “Procedimientos por Infracciones a la Ley (PIL)”.

La información que refleja todas estas irregularidades fue obtenida, organizada y mapeada por Spaceshipslab (http://spaceshiplabs.com/).

Salvador Barrón y Daniel Yáñez, los creativos del software —quienes radican en Cancún, Quintana Roo—, han creado diversos sitios que promueven el uso de datos abiertos y la utilización de programas y aplicaciones que permiten organizar y visualizar la información de manera comprensible. 

Procuraduría “sin dientes”

La Profeco no tiene posibilidades de saber si las multas aplicadas por esta dependencia se hicieron efectivas, pues no es la encargada directa de ejecutarlas. Además, de que sólo cuenta con 295 verificadores para revisar las más de 10 mil gasolineras que existen en el país.

Por ello, Lorena Martínez, titular de la Procuraduría, cabildea una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para que la institución tenga “dientes” y pueda aplicar las multas directamente y no se pierdan en la maraña burocrática.

La funcionaria informó recientemente que a partir de este mes se contaría con 300 verificadores más, además de los 295 que ya tenía la institución, para hacer frente a las constantes quejas que presentan los consumidores, y aumentar la capacidad de inspección. 

Organizaciones como Al Consumidor AC, que dirige Daniel Gershenson, ya han denunciado la falta de supervisión por parte de esta institución, al contar además con poco personal y bajo presupuesto para cumplir con su labor y acotar los abusos de las gasolineras. 

Otro de los problemas que aqueja a la Profeco es la opacidad en el registro de las concesionarias. Actualmente no hay un archivo público y sistematizado de 2014. Los últimos datos están ubicados en Transparencia Focalizada, pero son escasos y de 2013. 

Danza de cifras

El pasado 10 de junio, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió a Pemex un informe de las gasolineras a las que revocó su concesión por despachar litros incompletos, así como los procedimientos iniciados de 2010 a 2014.

La falta de información también se hizo evidente a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), pues el órgano garante determinó que la Profeco debía dar a conocer el último reporte que generó para publicar el denominado Semáforo de las Gasolineras.

Actualmente la Norma Oficial Mexicana (NOM) 185 y la NOM 005 son las disposiciones que buscan evitar fraudes a los consumidores por parte de las gasolineras.

Pero los datos finales de las verificaciones efectuadas a las gasolineras siguen siendo un misterio para la Cámara de Diputados, el IFAI y para los ciudadanos. 

Las bases de datos existentes (y las más amplias) son las presentadas por EL UNIVERSAL, aunque también se utilizaron las de Profeco, relacionadas con el Semáforo de las Gasolineras. Los registros más recientes datan de 2012, y aunque existen solicitudes de información de 2013, los datos no son tan extensos como los de años anteriores. 

Debido a la reforma energética, a partir de 2018 se espera que diversas gasolineras sean operadas por particulares o petroleras extranjeras. Mientras tanto, la Profeco deberá transparentar la información para dar a conocer las irregularidades existentes y así los ciudadanos podrán elegir a qué gasolinera ir sin que le roben litros y su dinero.

Para este reportaje se solicitó la opinión de la Procuraduría pero no se obtuvo respuesta.