A 18 años de la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos insisten en reabrir el caso y sancionar a los verdaderos responsables.

Por su parte, el presidente municipal de Acapulco, Luis Walton Aburto, llamó al pueblo y a los gobernantes para que nunca más vuelva a ocurrir un exceso del poder contra los ciudadanos, y mucho menos, contra los más pobres de Guerrero.

El coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos de La Montaña (Tlachinollan), Vidulfo Rosales Sierra, consideró el caso de Aguas Blancas como un tema de justicia transicional.

"Se tiene que ajustar cuentas con el pasado con la llamada guerra sucia, lo mismo que en el tema de El Charco, en el tema de Aguas Blancas tiene que haber justicia, verdad y reparación del daño, porque a 18 años, no hemos llegado a ninguno de estos puntos", consideró.

Dijo que el gobernador Ángel Aguirre Rivero debe reabrir las investigaciones y sancionar a los verdaderos responsables, quienes hoy "siguen haciendo política en el estado".

Mientras, en Acapulco, el alcalde Walton Aburto destacó que "a pesar de los grandes esfuerzos que hoy se retoman por parte del gobierno federal y del gobierno estatal, debemos reconocer que subsisten en Guerrero las condiciones de atraso y exclusión social".

Señaló que lo anterior dio origen a la movilización del 28 de junio de 1995, cuando miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron asesinados en Aguas Blancas, en la región de la Costa Grande de Guerrero.

Destacó que los movimientos sociales en Guerrero abanderan causas legítimas, "estamos convencidos de que ni la represión ni el hostigamiento podrán resolver los conflictos que se presenten en la entidad".

spb